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Las elecciones son el momento grande de la democracia y más aún ahora para España. Nos encontramos ante unas elecciones Nacionales, no unas meras Generales. La situación política y económica de España y los continuos ataques a la Constitución son muy graves, valga como ejemplo el reciente órdago anticonstitucional que ha dictado el Govern de Cataluña, mediante un decreto con el que pretende blindar la expulsión del castellano de esa parte de España.
Cada ciudadano español tiene el 23J la oportunidad de apoyar al continuismo rupturista e insolidario o promover la recuperación de la construcción de la convivencia democrática en nuestra Nación Española.
No pretendo hacer un análisis de las distintas posiciones políticas pues el corto espacio de un artículo no es adecuado para ello. Mis lectores conocen la línea básica de mis propuestas, por lo que me voy a centrar eh hacer un breve resumen de los elementos que reflejan nuestra grave situación política.
España no es el Estado de Derecho que define la Constitución en su artículo 1, pues no hay separación de poderes. El Legislativo depende del Ejecutivo, porque quien se mueve no sale en las listas y por tanto no puede formar parte del Legislativo. Habría que revisar el sistema, haciendo que el Presidente del Gobierno, Presidentes de Autonomías y Alcaldes, que son el Ejecutivo, sean elegidos directamente por el pueblo, lo cual ayudaría a romper la correa de trasmisión entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Pero lo peor es que el Poder Judicial, donde reside el poder de juzgar los posibles delitos del Ejecutivo, depende del Poder Ejecutivo, ya que éste domina al Legislativo y es éste, Congreso y Senado, el que designa a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma los nombramientos de los puestos claves del Poder Judicial que hace el CGPJ están viciados de raíz y de independencia nada de nada. Fue el PSOE quien en 1985 modificó la Ley para que así fuera, pero después ha sido el PP quien la ha mantenido, a pesar de que ha tenido amplias mayorías absolutas para cambiarla, por lo que la culpa es compartida por ambos.
A eso se añade lo más grave: las puertas giratorias que permiten a Jueces y Fiscales ser nombrados para puestos del Ejecutivo (Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros, Directores Generales) y luego reingresar en la carrera judicial o fiscal, obviamente con el marchamo de que son amigos del PSOE, PP o del partido que los haya nombrado. Esas puertas giratorias deben ser cerradas radicalmente: todo juez o fiscal que pase a ocupar puestos en el Legislativo o Ejecutivo debe abandonar definitivamente su carrera judicial o fiscal. No es nuevo, sucede en otros países pero en España, dada la situación a la que hemos llegado, es imprescindible.
El artículo 1CE, la soberanía del pueblo español, ha quedado dañada con el desarrollo autonómico y con la transferencia de competencias claves (educación, sanidad, seguridad, etc.) en un contexto de nacionalismos rupturistas. España supera con creces la descentralización de los landers alemanes y tolera unos comportamientos que ninguna otra nación europea aceptaría. ¡¡Buenos son los franceses, alemanes, ingleses, italianos, portugueses o de cualquier otro país de Europa para tolerar la ruptura de sus naciones!!
Esas actitudes deben ser repudiadas y enmendadas por los partidos que se consideren españoles que deben reiterar con firmeza y sin vergüenza alguna el artículo 2CE que establece que “la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. No es una broma. Si nos cargamos la unidad que es lo que fundamenta la Constitución habría que volver a iniciar la partida y redactar una nueva. La única forma de evitarlo es que los partidos nacionales estén dispuestos a un pacto de Estado que reafirme y consolide la unidad mediante todas las vías que otorga la Constitución, en particular el 155, el 150.3 y la avocación de competencias transferidas, llegando incluso a la reforma constitucional si fuera necesaria.
España, patria común de todos los españoles, ha recibido un torpedo en una de sus líneas de flotación, la lengua. El artículo 3CE es muy claro “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Lamentablemente, al amparo de esa redacción integradora y solidaria, se han adoptado leyes y normas que marginan al castellano y que sin excusa deben ser modificadas para que ser recobre el espíritu de entendimiento con el que se redactó la Constitución. Asimismo, hay poner en práctica la norma que incluía la República española de 1931 en el artículo 50 de su Constitución, “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo”
No será fácil, pero los recientes resultados en las elecciones autonómicas de Valencia y Baleares han demostrado que los ciudadanos quieren que se rectifique. Si a ello se unen en toda España políticas financiadas que reafirmen los citados artículos constitucionales, se cierran las llamadas embajadas catalanas y se tipifica como malversación todo el dinero público que se aplique para promover actitudes anticonstitucionales, la situación puede cambiar rápidamente.
Las elecciones del 23J son nacionales, no constituyentes, no se trata de redactar una nueva Constitución, sino de re-constituir la que tenemos, sobre la cual un nuevo vigor aparezca en la sociedad española
Y por supuesto, ante el 23J, hay que tener en cuenta la grave situación económica a que el gobierno de Sánchez nos ha llevado. La ineficacia de sus políticas económicas ha situado a España a la cola de Europa, somos los que más desempleo tenemos 12,7% mucho peor que nuestro vecino Portugal (6,4%) e incluso que Grecia (10,8%). Los datos que facilita el gobierno son en muchos casos engañosos y mucho peores que los que resultan del análisis de los datos oficiales de instituciones tales como la Intervención General del Estado, Banco de España y la AIREF, como señalan de forma contundente artículos de expertos en análisis del gasto público, como D. José Ramón Riera.
España necesita promover la creación y ampliación del sector privado. Pretender reducir el paro mediante el aumento del empleo público es suicida. Todo empleo que no es eficiente es una pesada carga estructural para el presupuesto, en un contexto de deuda y déficit público. ¿Quién y cómo lo pagará? Una primera pista la da el próximo cobro de peajes en las carreteras de España que ha anunciado el Director General de Tráfico y que Sánchez intenta ocultar. La deuda generará intereses crecientes que habrá que pagar, recortando pensiones, como le ocurrió a Grecia, o mediante otros ajustes, pero gratis no va a salir.
En España hay 3.200.000 empresas, pero ojo la inmensa mayoría de ellas, dos millones, son autónomos que no tienen ningún empleado, y otro millón de empresas son pequeñas de menos de nueve empleados. Total, el 94% de las empresas. Por ello un gobierno que crea en la prosperidad y el empleo, debe dar facilidades para que se creen empresas y autónomos, darles flexibilidad para que, aunque sea a tiempo parcial, puedan contratar empleados o cooperar con otros autónomos, garantizando el Estado la prestación de desempleo. La alternativa radical a ello es un Estado lleno de funcionarios, lo cual es casi una situación casi comunista que conduce a la ruina y a que los hombres de negro de Bruselas vengan al quite, a imponer políticas muy restrictivas como ocurrió con Grecia, lo que incluyó despidos de empleados del sector público y un fuerte recorte de las pensiones.
Para evitar ese futuro tenebroso, España necesita un Gobierno firme capaz de hacer políticas de integración nacional, Plan Hidrológico Nacional incluido, unificación de contenidos educativos, armonización de normativas autonómicas en clave nacional, etc.
La falta de visión de Estado de Rajoy, con mayoría absoluta en su primera legislatura, lo llevó a creer que no eran necesarias políticas nacionales y que le bastaba con concentrarse en la economía para reconducir la España que dejó Zapatero.
Sin embargo, como demostró en 2017 el golpe de estado separatista de Cataluña, y confirmó después la llegada de Sanchez al poder, España va por un mal camino y necesita un Gobierno fuerte que cambie de rumbo. Un gobierno de coalición VOX y PP podría hacerlo. Por tanto, parece aconsejable votar a VOX para garantizar esa firmeza y también, como ha explicado Luis del Pino, para aprovechar el efecto de voto útil que tiene el votar a VOX, para conseguir así que la suma conjunta de diputados de PP y VOX sea la mayor posible.
Autor
- Administrador Civil del Estado.
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