La democracia liberal se asienta en tres pilares fundamentales, sin cuya existencia no puede hablarse propiamente de la vigencia de una democracia plena. Estos pilares son el Estado de Derecho, la separación de poderes y la celebración de elecciones libres. La Cuba castrista, la Venezuela de Chávez y Maduro o la Rusia de Putin, a pesar de la pretensión de sus gobernantes de ser considerados como adalides de la democracia, son en realidad claros ejemplos de regímenes autocráticos y corruptos, en los que los líderes políticos asentados en el poder eluden sistemáticamente el cumplimiento de los preceptos que rigen el normal funcionamiento de todo sistema político de carácter realmente democrático.
Con la llegada de Pedro Sánchez al poder España corre el riesgo evidente de convertirse en una democracia iliberal, esto es, en un sistema en el que la soberanía popular es reemplazada por la dictadura de una casta política absolutamente corrupta conformada por socialistas, comunistas e independentistas, los cuales, unidos por sus particulares ambiciones y ensoñaciones, han dado lugar a la reconfiguración de un nuevo Frente Popular, esencialmente autoritario y antiespañol.
De esta forma, P. Sánchez -al desnaturalizar al partido socialista, ceder ante las trasnochadas e ineficientes exigencias comunistas y someterse en toda regla a los delirios independentistas- se ha convertido en una seria amenaza para la democracia y la convivencia en el seno de la nación española. Así el psicópata monclovita, con su acción de gobierno, está a un paso de abolir el Estado de Derecho, eliminar la separación de poderes y menoscabar la soberanía popular.
La existencia de un Estado de Derecho implica el “imperio de la ley” y la igualdad de todos los ciudadanos ante dicha ley. Obviamente, la promulgación de la Ley de Amnistía conlleva la conculcación de ambos preceptos y por ello supone un ataque directo a la línea de flotación del Estado de Derecho. Así, la concesión de la amnistía a todas aquellas personas condenadas o acusadas por la comisión de delitos de sedición, malversación de fondos públicos, terrorismo y alta traición es a todas luces anticonstitucional, ya que el Artículo 62 de la Constitución establece la imposibilidad de conceder indultos generales, lo cual lleva implícito la imposibilidad de conceder por la vía legal una amnistía tan obscenamente integral que llega al extremo de abarcar todos los delitos cometidos por el entramado golpista durante 12 años. A su vez, la amnistía establece la existencia de una casta política privilegiada que puede cometer casi cualquier tipo de delito, mientras que el resto de individuos se ven sometidos a la acción de la Justicia, lo cual viene a consagrar una situación de evidente discriminación jurídica que subvierte el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por último, la inclusión en la Ley de Amnistía del lawfare, permite que los jueces y fiscales que en el ejercicio de su responsabilidades se enfrentaron jurídicamente a la intentona golpista estén siendo sometidos al escrutinio de hasta tres Comisiones de Investigación en el Congreso de los Diputados, mientras decenas de policías están imputados por combatir, siguiendo las instrucciones del Gobierno, los actos vandálicos protagonizados por Tsunami Democratic y los Comités de Defensa de la República para crear un clima de terror entre la ciudadanía. En definitiva, tal y como han señalado los juristas del Congreso y el Senado, la Ley de Amnistía no tiene cabida en nuestro actual ordenamiento jurídico al conculcar hasta 16 artículos de la Carta Magna, por lo que su promulgación solo puede entenderse como la antesala de la abolición del Estado de Derecho.
Por su parte, la Separación de Poderes básicamente consiste en la existencia de un sistema de contrapesos que tiene como finalidad evitar abusos por parte de cualquiera de los tres poderes del Estado, esto es, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para lo cual los sistemas democráticos establecen que la actuación de cada uno de estos poderes sea ejercida por organismos plenamente autónomos e independientes. Como demuestra la Historia, cuando una democracia iliberal termina por asentarse, es generalmente el Poder Ejecutivo el que alcanza una posición preeminente, sometiendo a sus caprichos tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial. En España el camino de la degradación democrática ya ha comenzado, y de hecho es posible observar en la actualidad como las principales instituciones del Estado y los medios de comunicación públicos están colonizados por el Gobierno socialcomunista, con la única excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No debe extrañar por tanto que el PSOE se niegue a aceptar la propuesta del PP y Vox consistente en llevar a cabo la renovación el CGPJ al mismo tiempo que se procede a la modificación del sistema de nombramiento de sus vocales, para con ello devolver a los propios jueces la capacidad de elegir a sus representantes y así mantener la independencia del Poder Judicial. En definitiva, en un malévolo intento de cerrar el círculo vicioso en el que P. Sánchez pretende recluir a los españoles, la promulgación de Ley de Amnistía supone un ataque sin precedentes a la separación de poderes, ya que de facto anula y deja sin efecto las decisiones tomadas en sede judicial, siendo éstas sustituidas por las resoluciones tomadas por un Parlamento subordinado a los iniciativas espurias del Gobierno socialcomunista en connivencia con el entramado independentista que le arropa y controla en aras de conseguir la definitiva fractura de la nación española.
Por último, la celebración de elecciones libres es un proceso básicamente consistente en la presentación por parte de los partidos políticos de un proyecto de gobierno capaz de concitar el apoyo de la ciudadanía en las urnas. Sin embargo, el proyecto político del PSOE encerraba una gran mentira en sus entrañas, ya que todas las medidas en él contempladas estaban subordinadas al mantenimiento de P. Sánchez en el poder, como se pudo comprobar nada más terminar las elecciones generales del 23-J. Así, tras su enésima derrota electoral, P. Sánchez tiró a la basura el programa del PSOE y se entregó en cuerpo y alma a cumplir con todas las exigencias planteadas por Junts, entre las destacaba la promulgación de una Ley de Amnistía que incluyera a todos las personas implicadas en la intentona golpista catalana, de tal forma que mintiendo una vez más junto con la plana mayor del partido socialista, el psicópata monclovita pasó de considerar anticonstitucional la eliminación de los delitos cometidos por los secesionistas catalanes a elaborar una Ley de Amnistía al dictado del prófugo Carles Puigdemont, demostrando así que su hipocresía no conoce límites. No obstante, a pesar de su empeño, la ley de amnistía presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados no acabó de satisfacer las expectativas del botarate de Waterloo, terminando por ser rechazada en el Congreso al no contar con los votos de Junts. En ese momento P. Sánchez y sus principales colaboradores manifestaron que no modificarían la ley, pero tras nuevas reuniones entre representantes socialistas y neoconvergentes P. Sánchez volvió a demostrarnos su desmedida capacidad para mentir y accedió a presentar una nueva Ley de Amnistía, que en esta ocasión tenía ya un carácter integral tal y como exigía C. Puigdemont. Como consecuencia de las modificaciones introducidas en su formulación la Ley de Amnistía fue finalmente aprobada en el Congreso de los Diputados, consumándose así el mayor caso de corrupción política de la Historia Contemporánea de España. Pero las mentiras por parte de P. Sánchez y el núcleo duro de su Gobierno no habrían de terminar ahí, ya que desde las filas socialistas se planteó el apoyo a dicha ley como un intento de recuperar la concordia y acabar con los anhelos separatistas de los golpistas catalanes, a pesar de que tanto los líderes de ERC como los de Junts se hayan hartado de manifestar por activa y por pasiva que la Ley de Amnistía no pone ningún punto final a sus aspiraciones independentistas, sino que por el contrario constituye el punto de partida para la celebración de un referéndum de autodeterminación o la declaración unilateral de independencia, lo cual obviamente no hace otra cosa que poner en riesgo la unidad de la nación española y exacerbar el enfrentamiento entre españoles.
Dando muestras de su inestabilidad y en una clara demostración de su incapacidad para sacar adelante su proyecto de gobierno, si es que tal cosa existe, el Gobierno socialcomunista se ha visto obligado a renunciar a presentar su Proyecto de Presupuestos para el año 2024, lo cual, como el propio P. Sánchez ha señalado en el pasado reciente, viene a significar que “un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada, ya que gobernar no consiste en vivir en La Moncloa”. De esta forma, protagonizando un caso absolutamente inusual, “el Pedro pretérito se ha convertido en el mayor impugnador del Pedro presente”, como acertadamente ha señalado Carlos Alsina.
Decía Winston Churchill que “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado”, y por ello resulta particularmente preocupante el hecho de que P. Sánchez, por mor de su falta de convicciones éticas y políticas y su humillante sometimiento al independentismo irredento, esté amenazando de muerte a la democracia española y en consecuencia a esa forma de gobierno que sin ser perfecta, como ocurre con toda obra humana, es la mejor de todas aquellas conocidas hasta el momento presente. Por todo ello es una obligación moral ponerse sin dilación manos a la obra para defender a la nación española de todos aquellos que desde dentro pretenden acabar con el “Estado social y democrático de derecho”, para poner en su lugar una “República dictatorial, populista y bananera”.
Autor
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Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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He leido hasta la chorrada sobre Putin!
Ya somos dos.
Vaya, ahora se ha unido a la insoportable letanía de cuba y Venezuela, la mamarrachada sobre Putin. el señor que tanto se lamenta sobre democracias perdidas o en peligro no acepta que los rusos voten a Putin porque les dé la gana. Ya podría haber mencionado a Arabia Saudí o Marruecos, donde la democracia esa brilla por su ausencia, pero ya se ve que a Don Lamentaciones le motiva alborotar para que las masas se lancen a la guerra contra Rusia, que no nos ha hecho anda.
Tres y me da que no seremos los últimos.