Los niños no pertenecen al Estado. Por Rafael García Alonso

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A fuerza de ser sincero es necesario reconocer que si una virtud adorna a la coalición de gobierno socialcomunista, ésta no es otra que la de la perseverancia. Así, este Gobierno de arribistas no pierde una sola oportunidad de socavar los fundamentos del Estado de Derecho y cercenar las libertades de los ciudadanos, haciendo, por tanto, de la insistencia en la maldad una de sus principales señas de identidad.

En este momento le ha tocado el turno al sector educativo, amenazado por la llamada Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica Educativa (LOMLOE) elaborada por la millonaria ministra de Educación Isabel Celaá. La llamada “ley Celaá”, desarrollada conforme a criterios ideológicos y no pedagógicos, supone la imposición de un modelo educativo monolítico y estatalista, cuya principal pretensión no es mejorar la formación de las futuras generaciones, sino imponer en el seno de la sociedad, mediante el adoctrinamiento en la escuela, un “pensamiento único” dogmático e intolerante, con la finalidad de facilitar la implantación de esa república totalitaria que tanto anhelan el psicópata y el despojo humano sentados en el poder con el apoyo de golpistas y proeterras.

Es evidente que la infancia y la adolescencia son terreno fértil para llevar a cabo procesos de ingeniería social como el que se pretende implementar con la LOMLOE. De hecho, es algo ya sabido que en estas tempranas etapas de la vida todo ser humano muestra una enorme plasticidad cerebral, lo cual es enormemente positivo en términos de capacidad de aprendizaje, pero, a su vez, tiene como contrapartida el hecho de que facilita la manipulación ideológica por parte de aquellas personas o instituciones que forman parte del entorno en el que se desarrolla, lo cual es exactamente lo que pretende el Gobierno con esta ley.

De hecho, las intenciones de la ministra Celaá se demuestran nítidamente perversas, al tratar de condicionar, conforme a sus intereses partidistas, el desarrollo intelectual y conductual de niños y adolescentes. Así, en un ejemplo de “cosificación del ser humano” que sobrepasa con mucho los límites de lo aceptable, ha llegado a manifestar que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres”, sin caer en la consideración de que ninguna persona, tenga la edad que tenga y sea cual sea su condición, puede pertenecer a nadie, ya que las personas, por definición, no son objetos sino sujetos.

Por todo ello, parece que lo más saludable es que todo niño y adolescente pueda desarrollarse en libertad, resultando fundamental para ello que reciba múltiples estímulos procedentes de diversos entornos, de los cuales la familia, por ser el núcleo básico de toda sociedad civilizada, es el más importante de todos ellos. Por esta razón –salvando las excepciones que en defensa del menor marca la ley- la función de la institución familiar no puede ni debe ser reemplazada por una entidad como el Estado que, de la mano del populismo neomarxista que nos asola, pretende convertirse en el “Gran Instructor”.

Así, la LOMLOE atenta contra la pluralidad educativa y restringe la libertad de las familias a la hora de elegir el tipo de educación que pretenden para sus hijos, ya que al eliminar la demanda social y determinar que sea la Administración la que distribuya a los alumnos por centros penaliza a la educación concertada, ya que primará el crecimiento de plazas y centros estrictamente públicos en detrimento de los centros concertados.

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A su vez, la progresiva eliminación de la educación especial supone un auténtico disparate educativo, ya que la inclusión en centros ordinarios de niños con necesidades especiales solo puede dar lugar a una deficiente atención y a una falta de integración de los mismos, por lo que inevitablemente padecerán problemas tanto de aprendizaje, como de tipo emocional y social.

Por otra parte, la ley parece pretender deteriorar la formación académica, ya que a partir de su promulgación se permitirá que aquellos alumnos que hayan suspendido alguna asignatura puedan pasar de curso cuando, sin ningún criterio preestablecido, el equipo docente así lo considere oportuno. Es decir, que lo que la “ley Celaá” procura es desterrar de las escuelas la meritocracia para formar generaciones de analfabetos funcionales, carentes de las herramientas necesarias para enfrentarse eficientemente a los problemas que toda existencia conlleva, pero adiestrados en la aceptación de forma acrítica de los postulados ideológicos que desean imponer.

Pero los dislates continúan y así la nueva ley educativa elimina el español como lengua vehicular de la enseñanza, consiguiendo con ello, por un lado, satisfacer a sus socios independentistas y acentuar el ya iniciado proceso de desvertebración de España y, por otro lado, condenar a los estudiantes de las CC.AA con lengua autóctona a desconocer el español, volviéndoles incapaces de comunicarse con 600 millones de personas hispanoparlantes esparcidas por todo el mundo, lo cual, lo mires por donde lo mires, es un auténtico despropósito.

Podría parecer que es imposible cometer más disparates en una sola ley, pero de este gobierno socialcomunista siempre debemos esperar lo peor y efectivamente la “ley Celaá” cumple esta aseveración que va camino de convertirse en axioma. Así a nivel curricular la LOMLOE introduce como obligatorio el estudio de la historia democrática española desde una perspectiva de género, implanta la educación afectivo-sexual desde primaria y elimina de facto el estudio de la religión. Así es que vayamos por parte y veamos lo que todo ello significa.

La historia democrática española oficialmente establecida por el socialismo, tal y como recoge la Ley de Memoria Histórica (LMH), pronto sustituida por la más inquisitorial Ley de Memoria Democrática (LMD), supone la construcción de un relato falseado, sectario y maniqueo de todo lo acontecido durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, intentado vendernos que el bando republicano era un dechado de bondades y el bando nacional un compendio de maldades. Pero lo más grave del asunto es que pretenda hacernos creer tal disparate, por un lado, mediante el adoctrinamiento en las escuelas y, por otro lado, mediante mecanismos sancionadores establecidos por ley. Todo ello supone suprimir la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de cátedra y sustituir el derecho penal de acto por el derecho penal de autor. En conclusión, la LOMLOE no respeta ni la historia ni la democracia, ya que como recoge el “Manifiesto por la Historia y la Libertad”, firmado en 2018 por más de 200 historiadores, “Ningún parlamento democrático ni puede ni debe legislar sobre la historia, pues de hacerlo criminalizaría la historia, estableciéndose una checa de pensamiento único, al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado”. Más claro imposible, salvo, claro está, para los fanáticos de cualquier causa.

En relación a la educación afectivo-sexual es necesario puntualizar que en el seno del Gobierno socialcomunista se han impuesto los postulados del “generismo queer” defendidos por la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la que habría que llamar “la desquiciada” por las insensateces que habitualmente sostiene. Pues bien, esta acientífica y antinaturalista teoría defiende que no solo la identidad de género sino también la identidad sexual son algo subjetivo y no sujeto a condicionantes genéticos, anatómicos ni neuroendocrinos. De esta forma se abre la puerta a la autodeterminación sexual y de género, lo cual, como señalan feministas históricas como Alicia Miyares, Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez, “compromete a nuestra juventud y a las generaciones futuras”. Esto, aunque a cualquier persona mínimamente sensata le pueda parecer una locura, es lo que exactamente se quiere enseñar a los niños de forma obligatoria en las escuelas, lo cual inevitablemente traerá consigo una sucesión de generaciones donde abundarán los tarados sexuales.

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Por su parte, en lo que hace referencia a la eliminación de facto de la religión -ya que su calificación no cuenta a nivel curricular, con la consiguiente desafección por parte del alumnado- solo decir que, independientemente de los dogmas en los que legítimamente se puede creer o no creer, resulta evidente que a lo que se aspira es a sustituir la escala de valores que han cimentado la civilización occidental por un relativismo moral que solo puede conducirnos a un cínico escepticismo o a una franca degeneración.

Para terminar, aunque no sea santo de mi devoción, solo señalar que no puedo estar más de acuerdo con Jean Jacques Rousseau cuando manifiesta en el “Emilio” que “La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras”. En consonancia con este planteamiento, entendemos que la LOMLOE lo único que pretende es establecer ya desde la niñez una dictadura del pensamiento, frente a la que solo cabe alzarse empujados por los ideales de libertad y justicia.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.