La defensa de Begoña Gómez solicita que no declaren los vicerrectores de la Universidad Complutense

A punto de declarar Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla, si no se suspende por una supuesta falla del aire acondicionado del edificio, la defensa de Begoña Gómez está argumentando que no se debería llevar a cabo el interrogatorio de los vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal y Juan Carlos Doadrio, como testigos en el caso en el que está siendo investigada. Consideran que la denuncia inicial no menciona a la universidad ni ningún delito relacionado con ella. Además, mencionan que hay una falta de claridad sobre el objeto de la investigación, especialmente en lo que respecta a los contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés con fondos europeos.

Los abogados sostienen que no se comprende cuál sería la relevancia de las declaraciones de los vicerrectores en relación con los hechos bajo investigación. Se cuestiona qué aportación podrían hacer al caso. Recuerdan que la Audiencia Provincial de Madrid había limitado las pesquisas a ciertos contratos y subvenciones otorgadas a determinadas entidades.

Por otro lado, señalan que tanto la cantidad de escritos presentados por las acusaciones populares como las declaraciones realizadas en el marco de la causa no han aportado nada nuevo a la insuficiencia de pruebas que se menciona en la denuncia inicial. La defensa de Gómez insiste en que es innecesario e inútil proceder con esta diligencia, ya que los hechos que se investigan no guardan relación con los miembros de la Universidad Complutense que se pretende interrogar.

La Universidad Complutense de Madrid ha comunicado recientemente que, tras una investigación interna, no ha encontrado irregularidades en la gestión de la cátedra liderada por Gómez. A pesar de esto, la institución universitaria reitera su postura ante el juez Peinado.

LEER MÁS: Presentación del libro «ETA, ni olvido ni perdón» en Toledo

Continúa la exposición de todo tipo de ñagazas legales para obstaculizar la acción de la justicia imparcial cuando las pruebas son evidencias abrumadoras de la corrupción juzgada, justo cuando Sánchez intenta encubrirla-la que se conoce y la que queda por conocer- arremetiendo contra los medios de comunicación que investigan la carrera criminal desarrollada desde La Moncloa.