Bajo la mascarada progresista subyace el desmantelamiento del Estado de Derecho. Por Rafael García Alonso

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Por regla general la izquierda en su conjunto habitualmente recurre a una grosera manipulación tanto del lenguaje como de los acontecimientos con la única finalidad de asentar en el seno de la sociedad un relato favorable a sus intereses, por más que dicho relato sea completamente espurio. De esta forma la veracidad discursiva deja de tener importancia, siendo sepultada bajo los escombros de la llamada “posverdad”, la cual básicamente consiste en una narración deliberadamente distorsionada de la realidad, como consecuencia de la subordinación del pensamiento racional a las creencias personales y la sustitución de la objetividad empírica por la subjetividad emocional.

Como bien es sabido por cualquier persona mínimamente instruida el socialcomunismo, en cualquiera de sus formas, es una ideología enemiga de la democracia, el pluralismo político y las libertades individuales, estando todo ello condimentado con una recalcitrante tendencia a eliminar a la disidencia y una inigualable capacidad de generar pobreza.

Sin embargo, a pesar de su carácter absolutamente totalitario y de su nula competencia económica, la izquierda secularmente se ha distinguido por atribuirse a sí misma, de manera paradójica, el calificativo de “progresista”, pretendiendo con esta suerte de trampantojo lingüístico mostrarse ante la opinión pública como un movimiento ideológico adornado por una serie de virtudes de las que en realidad carece. Es más, avanzando por la vía del maquiavelismo más burdo, la izquierda no ha dudado en ningún momento de su dilatada existencia en difamar al adversario político mediante la descalificación permanente y desmesurada, impidiendo así el desarrollo de un debate esclarecedor en el que el oponente pueda argumentar de manera sosegada sus ideas y propuestas, para de esta forma trasladar a la ciudadanía su propio proyecto político.

De hecho, a lo largo de la historia los ataques a la democracia por parte del socialcomunismo han constituido la columna vertebral de su actuación, como vienen a demostrar los numerosos episodios en los que los distintos partidos de izquierdas han intentado dinamitar el “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, lo cual, como señaló Abraham Lincoln, es la base de todo régimen democrático.

Así, como explica con todo lujo de detalles Javier García Isac en su obra “La II República sin complejos”, tras su derrota electoral de 1933 y la incorporación al gabinete ministerial de tres dirigentes de la CEDA, el PSOE, con Francisco Largo Caballero a la cabeza, avivó la llama del odio a la derecha, de tal forma que los izquierdistas comenzaron a acosar y asesinar a cedistas, falangistas y católicos, a la vez que defendían la instauración de una dictadura de carácter marxista. En consonancia con este planteamiento Largo Caballero encargó al también socialista Indalecio Prieto la militarización de las milicias socialistas y grupos socialistas afines, así como la captación de militares que simpatizaran con el ideario socialista. Finalmente, el 5 de octubre el PSOE y UGT declararon la huelga general en Madrid con la intención de provocar un golpe de Estado, que solo tuvo éxito en Asturias. Así el llamado Ejercito Rojo Asturiano se hizo con el control de la región, llevando a cabo una brutal campaña de violencia. A su vez, aprovechando la confusión, Lluís Companys, presidente del gobierno catalán en manos de ERC, proclamó la independencia de Cataluña el 7 de octubre. Afortunadamente el general Francisco Franco en Asturias y el general Domingo Batet en Cataluña lograron detener las revueltas, parando así el golpe de Estado contra la República, a pesar de lo cual desgraciadamente acabaría por convertirse en el preludio de la Guerra Civil Española. De hecho, a rebufo de lo vivido en 1933 y una vez constituido el Frente Popular, el socialista Largo Caballero de cara a las elecciones de 1936 declaraba en “El Liberal” que “Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados. Pero si triunfan las derechas (…) tendremos que ir a la Guerra Civil declarada”, para añadir en el Congreso de las Juventudes Socialistas que “Hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente y no con discursos”, demostrando con todo ello su marcado desprecio a la convivencia pacífica, el pluralismo político y la opinión ciudadana expresada en las urnas.

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Con una retórica frentista y unos planteamientos totalitarios similares a los sostenidos por Largo Caballero, nueve décadas después apareció en escena Pablo Iglesias, un comunista con ascendencia terrorista, el cual, en representación de un partido de extrema izquierda como Podemos, vino a convulsionar el panorama político español. Así, tras la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España en octubre de 2016, P. Iglesias con el lema “Rodea el Congreso” alentó a sus simpatizantes para que se manifestaran ante el Congreso de los Diputados para de esta forma mostrar su rechazo a los resultados electorales. Dos años después, concretamente en diciembre de 2018, tras obtener Vox 12 representantes en las elecciones andaluzas, P. Iglesias decretó esta vez la “alarma antifascista”, organizando una manifestación ante el Parlamento andaluz en una clara demostración de que tampoco esta vez aceptaba los resultados electorales. Finalmente, durante la precampaña previa a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de mayo de 2021, P. Iglesias, más agresivo que nunca, arengaba a sus huestes a apedrear a los asistentes a un mitin de Vox, con la patética excusa de que el hecho de que la formación verde celebrara su acto inaugural de campaña en Vallecas era una provocación a la clase obrera que justificaba la violencia. En definitiva, todos estos hechos vienen a demostrar de manera fehaciente que el planteamiento político de P. Iglesias es incompatible con la libertad de pensamiento, expresión y asociación y, por tanto, con la democracia real.

De forma más sibilina pero igualmente artera, desde su llegada a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez está llevando a cabo un proceso de demolición de la democracia, para de esta forma mantenerse indefinidamente en el poder. En consonancia con este planteamiento, para asegurarse el apoyo parlamentario del independentismo catalán, el psicópata monclovita ha eliminado el delito de sedición del Código Penal, con la única finalidad de beneficiar a los políticos catalanes condenados por la comisión de dicho delito. Evidentemente, ocultando la verdadera motivación de tal proceder, el Gobierno socialcomunista esgrimió una serie de coartadas, todas la cuales han sido lúcidamente desmontadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Así, el juez Llarena en su auto, además de verse obligado a exonerar del delito de sedición a un payaso de la talla de Carles Puigdemont, viene a establecer, en primer lugar, que en ningún caso la tipificación del delito de sedición puede vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos, en segundo lugar, que la práctica totalidad de las constituciones europeas incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad de sus respectivos territorios nacionales, por lo que la previsión legislativa española era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno, en tercer lugar, que la actuación de los encausados y condenados desbordó de forma palmaria el orden constitucional vigente y, finalmente, que dicha iniciativa legislativa supone de facto despenalizar las intentonas golpistas, dejando así inerme al Estado ante cualquier intento de romper la unidad de la nación española. Asimismo, el Gobierno socialcomunista ha aprobado una proposición de ley que rebaja las penas por delitos de malversación de caudales públicos, lo cual en la práctica supone disminuir el castigo a los políticos corruptos, de tal forma que lo único que puede propiciar esta ley es que la lacra de la corrupción política crezca como la mala hierba. Por último, tras su intento de asaltar el Tribunal Constitucional cambiando la forma establecida por la Constitución para la elección de sus miembros, el PSOE se ha negado en redondo a despolitizar el CGPJ, tal y como proponían el PP y Vox mediante la elección de 12 de sus 20 miembros por los propios jueces, dejando la elección de los 8 miembros restantes en manos del Congreso y el Senado como establece la Constitución, lo cual supone la definitiva subordinación del Poder Judicial a un Poder Ejecutivo que debido a la partitocracia imperante en España ya tiene subyugado al Poder Legislativo, quedando así eliminada de facto la separación de poderes y, con ello, el sistema de contrapesos que constituye un elemento básico para el normal funcionamiento de la democracia.

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Por lo tanto, en consonancia con todo lo expuesto solo cabe deducir que si entendemos como progresista a una persona de ideas avanzadas tal calificativo aplicado a la izquierda no supone otra cosa que una esperpéntica mascarada con la que se pretende ocultar el carácter esencialmente retrógrado y reaccionario propio del socialcomunismo.

En definitiva, parece llegado el momento de que la sociedad civil se movilice para poner evidenciar su absoluto rechazo al desmantelamiento del Estado de Derecho que progresivamente está llevando a cabo el Gobierno de P. Sánchez, ya que, como señalan Cayetana Álvarez de Toledo y Rosa Díez, en estos aciagos momentos resulta imprescindible “pasar de la resistencia a la ofensiva” y acudir masivamente a la “Manifestación por España y la Constitución” convocada por más de 100 asociaciones cívicas, para así mostrar a las claras que la calle, lejos de ser patrimonio exclusivo de la izquierda, pertenece al conjunto de los españoles.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.