El gobierno ha dado un golpe de estado jurídico, y estamos en estado de excepción, que no de alarma. Por Ramiro Grau Morancho

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Los 47 millones de españoles estamos en prisión domiciliaria en nuestras casas, por orden de un gobierno que carece de competencias para ello…

Y es bueno que se sepa, para que cada cual pueda actuar en consecuencia, en las próximas elecciones, o presionando a los partidos políticos de la oposición, si es que queda alguno, a excepción de VOX.

En efecto, el artículo 55, 1, de la Constitución vigente establece que “Los derechos reconocidos en los artículos…19…, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”.

El artículo 19 dice que “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”.

Asimismo, el artículo 55, in fine, indica que: “La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.

El gobierno ha usado y abusado de un supuesto “estado de alarma”, en el que no necesita al resto de los partidos políticos, que representan a la totalidad del pueblo español, y ha adoptado una decisión arbitraria y dictatorial, más propia de un país bananero, o de una dictadura, que de una democracia.

En efecto, la Constitución no permite que en un estado de alerta se impida la libertad de residencia y de circulación, como hace el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Para suspender esos derechos deberíamos estar en estado de excepción, situación en la que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción –artículos 13 a 31- y sitio, indicando el artículo 20, Uno que:

“Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo diecinueve de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir”.

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Es decir, se han hurtado al Congreso de los Diputados, nuestros representantes, su intervención en la adopción de este anómalo estado de excepción…

¡Cada cual que piense lo que quiera, pero yo lo tengo claro: vamos camino de una dictadura comunista, y este es solo un primer paso!

En realidad al gobierno lo que le hubiera gustado –es un suponer-, sería declarar el estado de sitio, para que quede claro quién manda aquí, pero no se han atrevido a hacerlo, pues el artículo 33, Dos exige que:

“A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno designará la Autoridad militar que, bajo su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera”.

Ítem más, el artículo 34 establece que: “La Autoridad Militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos, que contendrán las medidas y prevenciones necesarias, de acuerdo con la Constitución, la presente ley y las condiciones de la declaración del estado de sitio”.

En otras palabras, los 47 millones de españoles y extranjeros residentes, hubiéramos pasado a depender de unos militares, formados y preparados, que saben lo que llevan entre manos, y no de cuatro zarrapastrosos comunistas en público, y burgueses en la intimidad, personal y familiar.

Señores, solo me resta decirles: ¡disfruten de lo votado!

Y lo que nos queda “por disfrutar”, digo por sufrir…