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Después de la crisis diplomática entre Francia e Italia desencadenada por el caso del barco de la ONG Ocean Viking, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se ha mostrado preocupado por las consecuencias de la inmigración masiva y descontrolada que sufre su país. Previamente a la cumbre europea de ministros de Exteriores en Bruselas, afirmó sobre la cuestión migratoria que se trata de un problema político y agregó que “Italia tiene 7.000 kilómetros de costa y es, por tanto, la frontera sur de Europa. Este año hemos acogido en Italia a 90.000 personas que llegaron mediante ONG y en pateras, acogiéndolas con espíritu solidario. Es un problema que habrá que abordar porque en África en 2050 habrá casi 3.000 millones de habitantes, muchos de los cuales podrían trasladarse a Europa. La UE debe intervenir con un Plan Marshall para África porque en ninguna parte está escrito que todos los salvados en el mar deban ser llevados a Italia”.
El ministro y vicepresidente del Gobierno Meloni -perteneciente a Forza Italia y miembro del Partido Popular Europeo- ha puesto sobre la mesa de la Unión Europea uno de los temas más acuciantes y con mayor impacto, no solo en su país sino en toda Europa: el negocio con el tráfico humano al margen de la ley empleado como herramienta política.
En el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, Tajani hizo cuatro peticiones en nombre del gobierno italiano: reforzar el código de conducta de las ONG; controlar los desplazamientos entre países de la UE; aplicar un plan de 100.000 millones para el norte de África; y una cumbre de la UE entre los ministros de Interior y Exteriores. Lamentablemente no se consiguió ningún compromiso firme y concreto por parte de Bruselas sobre esos temas.
El ministro ha sido claro al respecto reconociendo que “Planteé el problema de los barcos de las ONG, recordando lo que Frontex escribió en su último informe, a saber, que son barcos que no hacen salvamento en el mar, sino que tienen citas en medio del Mediterráneo con los traficantes. Esto debe ser controlado y regulado por la UE, con la actuación de la Comisión. Hay un código de conducta y hay que reforzarlo”. Desde la Farnesina la línea de actuación está en consonancia con la del Ministerio del Interior. El ministro Matteo Piantedosi se mostró muy firme respecto a que es necesario e innegociable el respeto a la legalidad para entrar en el territorio italiano y afirmó que “hay que invertir en los países del norte de África, aplastar el negocio de los contrabandistas y reforzar los canales de entrada, también con vistas a favorecer la integración de los migrantes en el tejido social y productivo. Las llegadas incontroladas, en cambio, generan sentimientos de inseguridad, alimentan la marginación social y los fenómenos delictivos”. El mensaje desde el Viminale no da lugar a dudas acerca el cumplimiento de la ley y el derecho a controlar los ingresos masivos también por lo que implica el efecto en cuanto a la criminalidad. Es justo observar que son posiciones políticas valientes y sin complejos, reconociendo que cuando la normativa no se cumple, un problema trae aparejado otro incluso peor.
Es evidente el rumbo del gobierno de coalición presidido por Giorgia Meloni acompañada por Matteo Salvini y Antonio Tajani en cuanto a la inmigración ilegal. El viceprimer ministro de Lega publicó también un tuit que reafirma la línea del Ejecutivo: “A la vista. Multas, incautaciones y más controles. El gobierno está listo. El que se equivoca, paga. Eso está bien.”. La acción política y la determinación al respecto es más que elocuente.
En Bruselas ha sido presentada una carta de Malta, Italia, Chipre y Grecia, los países más afectados por el tráfico ilegal, solicitando no solo recursos sino igualdad para asumir responsabilidades sobre los desembarcos, el control del flujo de solicitantes de asilo con derecho y de los que circulan ilegalmente una vez ingresados en la UE. La respuesta de la portavoz de Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Anitta Hipper, ha sido la siguiente: “La obligación de salvar vidas en el mar se aplica a todos, no se puede hacer distinción entre los buques de las ONG y los demás”. El vice premier ministro Tajani volvió a Roma sin una solución efectiva por parte de la UE. Cabe recordar que, en el ranking de flujos migratorios ilegales, Italia es la primera en la lista este año. Al día 11 de noviembre, desembarcaron 90.297 desde principios de 2022, frente a los 26.341 de España, los 7.684 de Grecia y los 13.474 de Chipre. Las cifras son estremecedoras.
Solicitar asilo no significa embarcar desde la costa africana y esperar a que una ONG actúe como taxi con dirección a un puerto europeo. Quien solicita asilo está contemplado en la legalidad internacional y enmarcado en un sistema que cuenta con la protección para quien lo solicite como refugiado. En todos los casos debe ser evaluado por las autoridades, certificar que hay fundamentos suficientes para ello y que muchas veces también puede ser rechazado por no cumplir con los requisitos. En el caso de Italia los solicitantes en los últimos diez años han sido 592.000, ocupando el tercer lugar en la lista detrás de Alemania y Francia. Sin embargo, se calcula que en territorio italiano hay entre 500 mil y 1 millón de inmigrantes ilegales, con lo que ello implica en cuanto impacto social, económico, cultural y también en términos de seguridad ciudadana. Las solicitudes de asilo deberían basarse solamente en razones humanitarias o políticas en el marco de la legislación vigente, sin embargo, evidentemente, esto no sucede así.
Italia es una nación “bárbara y gobernada por fascistas” en palabras de Jean-Luc Mélenchon. Para la izquierda europea los desembarcados por las ONG son personas desesperadas recogidas de un naufragio en el mar, pero los hechos lo han desmentido. En su mayoría son emigrantes que han pagado muy caro por un billete a mafias organizadas siendo embarcados en los puertos de salida con la garantía de alcanzar Europa con el apoyo de quienes trafican con la vida humana. Lamentablemente los auténticos vulnerables, desesperados y condenados a la miseria e incluso la muerte, son lo que no pueden acceder a ese mercadeo humano y que se quedan en sus países de origen.
El Gobierno de Italia no permitirá por su compromiso programático que sean las ONG las que dicten la agenda y decidan quienes desembarcan e ingresan en un país soberano. Tampoco debería aceptar este chantaje la UE. No es una cuestión de humanidad permitir el ingreso indiscriminado en un territorio nacional. Es inhumano permitir desembarcar en masa y no ocuparse luego de sus condiciones de vida. La izquierda con la excusa de un falso y grotesco humanitarismo señala como bárbaros y fascistas a quienes defienden sus fronteras con la ley. Italia y Europa no pueden convertirse en un campo de refugiados, un hospital de campaña o un hospicio impulsado por oscuros intereses.
Las políticas tienen consecuencias, y la mayoría de los ciudadanos italianos optaron democráticamente por recuperar el sentido común otorgando potestad al gobierno Meloni. Con principios, voluntad y determinación política los problemas de la inmigración ilegal también tienen solución.
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