La Constitución no permite un gobierno totalitario, comunista y bolivariano. Por Ramiro Grau Morancho

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Con la llegada al poder, tras falsear los resultados electorales, y aliarse con los partidos separatistas catalanes y vascos, los social comunistas pretenden hacer de nuestra Patria una nueva Albania comunista en Europa, como cabeza de puente de los narco gobiernos de Bolivia y Venezuela, entre otros.

El “viejo” comunista Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, pero auténtico líder de la coalición, interpreta la Constitución de 1978 a su libre albedrío, propugnando la nacionalización de los ahorros, es decir su incautación gubernamental, hablando claramente, en aras del interés general, ante la catastrófica situación a la que ellos mismos nos han llevado, invocando el art. 128, 1, de la Constitución que dice que:

“Toda la riqueza del país en sus diversas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”,

Y no solo lo dice, sino que en la normativa promulgada por el gobierno, como decretos-leyes, sin intervención del Congreso de los Diputados, se han incautado de numerosas empresas, auto facultándose el gobierno social comunista para “Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimiento sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico” (art. 13, b., del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, boletín oficial del mismo día).

Prohíben asimismo en dicha normativa que las empresas privadas que prestan servicios de suministro de agua, electricidad, gas, telefonía, internet, etc., puedan cortar el suministro a ningún usuario…, aunque no pague.

Situación está que, a medio plazo, puede suponer la quiebra de una buena parte de esas empresas, al menos de las no capitalizadas suficientemente, y que puedan aguantar este vendaval totalitario.

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En España ya sabemos mucho de estos “aspirantes a salvadores”, y cuyo único interés es apoderarse de toda la riqueza nacional, de los resortes del poder, etc., e instaurar así una dictadura comunista bolivariana, al estilo de Venezuela.

Olvida el dirigente comunista que la propia Constitución dice en su art. 38 que:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.

Pero una cosa es planificar, y otra bien distinta, intervenir, para cuya realización debería acudirse a la ley, y no solo a instancias gubernamentales, siempre dispuestas a utilizar torticeramente el Derecho, en su propio beneficio…

Así lo salvaguarda y garantiza la Constitución en su art. 128, 2, in fine:

“Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Corren malos tiempos para la iniciativa privada en España, y en este marco tan cambiante, y con grandes aspiraciones al totalitarismo más abyecto, dudo mucho de que ningún empresario con dos dedos de frente, apueste por España.