La política agraria hunde en la miseria a los agricultores. Por Rafael García Alonso

Los hunde ante la desidia del gobierno socialcomunista

La Política Agraria Común (PAC) surge en 1962 como consecuencia del interés de la Comisión Europea en regular la producción agrícola en el seno de la Unión Europea (UE). Los objetivos iniciales de la PAC eran incrementar la productividad agrícola mediante el desarrollo tecnológico, garantizar un adecuada calidad de vida de los agricultores y asegurar el abastecimiento de los consumidores.

Con la finalidad de cumplir estos loables objetivos la PAC en un principio funcionaba mediante un sistema de subvenciones a los agricultores que incentivaba la producción y al mismo tiempo garantizaba la rentabilidad agrícola sin elevar el precio final de los productos. Asimismo, se establecieron medidas proteccionistas frente a la competencia externa, básicamente consistentes en el establecimiento de tasas arancelarias a los productos agrícolas de origen extracomunitario.

En un primer momento la PAC consiguió cumplir con sus objetivos, si bien se produjeron determinados desajustes, como la sobreproducción alimentaria, que llevaron al desarrollo de diferentes reformas de la misma. Así, ya en el año 2003 la PAC sufrió dos cambios sustanciales, los cuales fueron la “disociación”, esto es, la desvinculación de las ayudas al agricultor de la producción agrícola, y la “condicionalidad”, es decir, ligar las subvenciones a unas supuestas buenas prácticas agrarias y medioambientales, estableciendo una serie de registros legales. Evidentemente, todo ello vino a subvertir el espíritu de la PAC, ya que estas medidas lo único que trajeron consigo fue desincentivar la producción y aumentar las cargas burocráticas, comprometiendo así la viabilidad de las explotaciones agrícolas.

Finalmente, la reforma denominada PAC 2023-2030, ya plenamente subordinada a la Agenda 2030, introdujo un Plan Estratégico cuyos objetivos ya no eran esencialmente agrícolas sino fundamentalmente medioambientales, de tal forma que su cumplimiento pasaba por la rápida transición ecológica del sector agrario. Así, se crearon los llamados “Ecoesquemas”, básicamente consistentes en un alambicado sistema de incentivos al sector agrícola ligado al desarrollo de prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE.

No seré yo quien ponga en duda la necesidad de preservar el medio ambiente, pero si me parece absolutamente razonable conjugar el ritmo de la transición ecológica con la subsistencia del sector agrario, sobre todo teniendo en cuenta que los países que principalmente contaminan son, por orden de mayor a menor, China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, dándose además la particularidad de que ninguno de estos países está especialmente implicado en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El problema radica en que la Comisión Europea está constituida por un nutrido grupo de burócratas espléndidamente retribuidos con el dinero de los contribuyentes, que, por paradójico que ello pueda resultar, no están ocupados en dar una respuesta mínimamente satisfactoria a las necesidades y demandas de los ciudadanos europeos, sino que, muy por el contrario, orientan todos sus esfuerzos a satisfacer las exigencias de las élites globalistas. De esta forma, estamos asistiendo en el seno de la UE a una transición ecológica cuyo vertiginoso ritmo y enorme envergadura amenaza con hundir en la miseria a los agricultores europeos y, más allá de ello, coloca al conjunto de la UE en una situación de dependencia alimentaria. No resulta por ello nada extraño el que los agricultores de Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Portugal, Grecia y, cómo no, España se hayan lanzado a tomar las calles para manifestar su absoluto rechazo a las políticas agrarias comunitarias.

Centrándonos en el caso de España, que a fin de cuentas es el que más nos interesa, lo que los agricultores están pidiendo a gritos al Gobierno socialcomunista es lo siguiente: en primer lugar, una disminución de los costes de producción mediante la bajada del IVA de los hidrocarburos, lo cual no es en absoluto descabellado teniendo en cuenta que la subida del precio del petróleo está suponiendo ingentes cantidades de dinero para el Estado vía impuestos; en segundo lugar, una considerable disminución de los trámites burocráticos necesarios para recibir las exiguas subvenciones de la UE y el sello de calidad de sus productos; y, en tercer lugar, equilibrar la balanza comercial agraria entre los productos españoles y los extracomunitarios ya que actualmente existe un flagrante caso de competencia desleal.

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Si bien todas las peticiones planteadas por los agricultores a las autoridades españolas son absolutamente razonables, lo cierto es que la “competencia desleal” resulta de particular importancia, ya que en la práctica supone las existencia de una desigualdad de partida que dificulta sobremanera la comercialización de los productos agrícolas españoles. Así, los agricultores españoles tienen que soportar unos elevados costes de producción derivados, por un lado, de la adecuada retribución que todo trabajador requiere para poder llevar una vida digna, y, por otro lado, de la existencia de unos controles fitosanitarios que los agricultores españoles deben superar para garantizar la calidad de sus productos. Pues bien, por poner un caso paradigmático, resulta que Marruecos, con una mano de obra exiguamente retribuida y con una ausencia total de controles de salubridad, cuenta con un acuerdo preferencial con la UE por el que se liberaliza la práctica totalidad de los productos agrarios, siendo España, por su proximidad, el principal socio comercial de los marroquíes. De esta forma, España se ve incapaz de competir en igualdad de condiciones con Marruecos y, de hecho, estamos asistiendo a una formidable expansión de los productos agrícolas marroquíes en suelo patrio en detrimento del propio producto agrario español, a pesar de tener este último una calidad muy superior.

Todo ello se produce ante la absoluta desidia del Gobierno socialcomunista, más preocupado por cumplir con las exigencias impuestas por las élites globalistas y su brazo burocrático europeo, que en atender las acuciantes necesidades del campo español. De hecho, Pedro Sánchez, aparte de llevar en la solapa la insignia de la Agenda 2030 para así presumir fatuamente de progresismo, tiene entre sus principales actividades en favor de la ecología coger el Falcon hasta para comprar el periódico con la consiguiente e innecesaria emisión de gases de efecto invernadero, destruir más de 100 embalses que sin duda podían haber contribuido a paliar la sequía que actualmente padecen un gran número de españoles y finalmente, en el colmo de la ignominia, negarse a desarrollar, debido a una más de las múltiples imposiciones catalanas, un Plan Hidrológico Nacional que permita combatir de la mejor manera posible el riesgo de desertización que amenaza a buena parte del territorio español.

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Como recientemente ha señalado el filósofo español Fernando Savater, en un artículo publicado en The Objective, “El único propósito común izquierdista es impedir que vuelva a gobernar la derecha, o sea un proyecto inequívocamente antidemocrático”. La cuestión es que el proyecto socialcomunista no solo es dictatorial sino también, como no podía ser de otra forma, sumamente empobrecedor, como explicitan los indicadores macroeconómicos y ponen de manifiesto las protestas llevadas a cabo por los agricultores, ganaderos y transportistas de toda España. A la vista de todo lo expuesto parece evidente que la única salida al atolladero político, social y económico en el que actualmente se encuentra España es la puesta en marcha de un movilización ciudadana con la entidad necesaria para mandar al psicópata monclovita al ostracismo del que nunca debió salir.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.