El debate sobre la verdadera motivación de quien acude a las urnas y la supuesta utilidad de los programas electorales adquiere una vigencia crucial ante la farsa del próximo 29 de noviembre(1). Si los pronósticos se cumplen y la oposición logra el triunfo, el análisis riguroso no podrá atribuir esa victoria a la brillantez de sus propuestas o a una súbita ola de entusiasmo por sus siglas o su propuesta y alternativa de reforma radical de lo consumado por el socialismo (en el debate pre electoral no se dice nada de ello).
Y esa sería, sin duda, la paradoja central de este simulacro. Al contrario, el veredicto de la masa responderá de forma casi exclusiva a las secuelas emocionales y al desgaste de las instituciones tras la gestión de la tragedia conocida como la carnicería de Urda. Este fenómeno informa sobre una realidad incómoda pero constante en los sistemas de domesticación contemporáneos: las plataformas y las promesas de gobierno son artefactos cosméticos que apenas ejercen influencia.
La ciudadanía no acude a las urnas con un manual de políticas públicas bajo el brazo para contrastar índices macroeconómicos o reformas legislativas detalladas, sino que reacciona de forma primaria ante el impacto acumulado de las crisis. Los electores se han vuelto meros elementos reactivos a la acción del poder.
El comportamiento electoral demuestra que los grandes acontecimientos traumáticos operan como elementos de refracción que distorsionan o anulan cualquier intento de debate racional sobre la gestión ordinaria. Fenómenos devastadores como los incendios salvajes que asolaron el territorio de España en este verano reciente, la sensación de abandono institucional que compartieron los damnificados por el volcán de La Palma, las profundas consecuencias necrológicas de la catástrofe de la DANA o la parálisis colectiva provocada por el gran apagón o las carnicerías de los trenes de alta velocidad actúan como catalizadores de un profundo malestar. Pero el malestar no es político o, si me apuran, es solo un destello de la falsa política que representa el instante fugaz de su indignación. Es decir, un fuego artificial que tiende a apagarse inevitablemente, dejando tras de sí la misma estructura de dominación intacta. El error fundacional estriba en creer que la rabia canalizada a través del Estado puede generar emancipación, cuando solo sirve para redecorar las celdas del palacio legislativo.
Estos episodios no se evalúan desde una perspectiva técnica de eficiencia administrativa, sino que se graban en el imaginario general como agravios morales. Cuando el electorado se siente desatendido o percibe que el aparato estatal ha fallado en su función más básica de protección, se genera un sedimento de desafección que bloquea cualquier capacidad de escucha hacia las propuestas de continuidad.
El voto se transforma así en un mecanismo de castigo directo, un resorte reactivo donde el único objetivo es penalizar al gobernante percibido como responsable de la desprotección. ¿No es esa pretensión, en su desnudez, lo que buscan las facciones partidistas que aspiran a gobernar: parasitar el voto reactivo? Y la pregunta real sería: ¿qué propone ciertamente esta actual oposición al margen de pulsar con insistencia, como las palomas de Skinner en el laboratorio, la respuesta condicionada de los electores? Nada. No hay proyecto político, solo la explotación sistemática del trauma para operar un simple relevo en la cúspide de la pirámide oligárquica. Es esperar, después del trabajo ímprobo de denuncia de la miseria política ajena, la decantación del voto resentido en los políticos de la oposición. La política estricta, se ha ido por el sumidero.
Esta dinámica obliga a plantearse qué es lo que mueve realmente a la población en el momento de depositar su papeleta. La evidencia sugiere que el motor del sufragio no es el bienestar comunitario abstracto ni el diseño de un modelo de convivencia a largo plazo, sino un cálculo mucho más pragmático y personal.
El ciudadano, despojado de su autonomía y transformado en cliente tutelado del sistema, tiende a evaluar la existencia a través del prisma de lo que puede extraer de la maquinaria administrativa para su esfera particular, ya sea en términos de seguridad material, reconocimiento de su identidad o, simplemente, la tranquilidad psicológica de no ver amenazado su entorno inmediato. Cuando las crisis sucesivas rompen esa burbuja de seguridad, el contrato fundamental se percibe como quebrado. La oposición, por tanto, no necesita desplegar un catálogo de soluciones innovadoras ni convencer de su superioridad técnica. Le basta con posicionarse en la espera de manera natural como el receptáculo del descontento y el vehículo para canalizar el deseo de enmienda o de revancha de la comunidad despreciada: un despecho que el sistema etiqueta falazmente como opción política.
A este pragmatismo individualista se suma un factor estructural todavía más determinante: el posicionamiento ideológico ciego. La sociología electoral contemporánea constata que el apoyo a una u otra opción no responde a un escrutinio objetivo de la gestión o a una rendición de cuentas basada en datos empíricos, sino a una convicción de carácter puramente sentimental y asentada en el plano irracional.
La adscripción partidista funciona hoy en día de manera similar a la identidad cultural o religiosa, donde los hechos se supeditan a las creencias previas. Si la gestión del partido afín es deficiente o incurre en negligencias graves, quien vota de forma firmemente ideologizada buscará justificaciones, culpará a elementos externos o relativizará el daño para proteger su propia coherencia emocional. Por el contrario, cualquier error del adversario se magnifica y se interpreta como una prueba irrefutable de su maldad o incapacidad intrínseca. En este escenario de trincheras emocionales, el margen de personas que realmente decide su opción en función de un análisis crítico y desapasionado de los resultados de gobierno es marginal. El pensamiento crítico ha sido sustituido por el dogma del bando.
Mientras el cuerpo de electores queda atrapado en estas cuestiones ajenas a la verdadera libertad y se guía por impulsos sentimentales —constantemente alimentados por los aparatos de reclamo de los medios de comunicación, aunque esto resulte mucho más discutible en los espacios de información donde nadie visita la plataforma antitética a sus convicciones—, se facilita que las siglas partidistas actúen con absoluta libertad y deshagan a su antojo a espaldas de la multitud que las sostiene.
El verdadero desprecio de estas organizaciones se manifiesta precisamente en su apelación sacrosanta a la decisión de la población o del votante. No existe una voluntad genuina en el electorado: se trata sencillamente de una añagaza, de una cuidadosa preparación de la performance escénica diseñada para legitimar la elección de unos pocos que ya forman parte de la oligarquía en el poder. La soberanía del Estado se diluye en el preciso momento en que nadie de los electores posee una soberanía personal e íntima: una autonomía que han perdido irremisiblemente desde el instante en que aceptan elegir entre las ofertas preformadas que se les entregan. El menú es fijo, los cocineros son los mismos y el aparente acto de elección es solo el consentimiento de la propia servidumbre.
Bajo estas premisas, la conclusión sobre el funcionamiento de la democracia representativa resulta desoladora. Si la selección de los representantes públicos no depende de criterios políticos —entendidos estos como la deliberación racional sobre el bien común, el contraste de modelos socioeconómicos y la fiscalización del cumplimiento de los compromisos adquiridos—, cabe preguntarse a qué responde realmente la designación de un poder legislativo. La respuesta que se deriva de este panorama es la nada política.
Las cámaras parlamentarias no se constituyen como el reflejo de una voluntad popular informada, sino como el resultado accidental de mareas emocionales, traumas colectivos no resueltos y alineamientos identitarios previos. Es decir, se recoge lo que ya existía, se expresa lo que previamente habría sido inculcado por los manuales de la ortodoxia demoscópica. El parlamento democrático es un enorme teatro de sombras donde los diputados ocupan sus escaños por el azar de la última catástrofe que inclinó la balanza del resentimiento general y, a veces, ni eso. La dualidad de las opciones, izquierda/derecha, sirve precisamente para neutralizar cualquier conciencia de aversión al sistema político analógico. Esa sería la finalidad y la potencia de la preformación de las mentalidades en una democracia escenario.
La farsa se completa cuando descubrimos que el Estado no es el garante de la soberanía, sino su principal confiscador. Al delegar la potencia individual en una papeleta, el sujeto se despoja de su capacidad de decidir sobre su propia vida, entregándola a una casta parasitaria que utiliza la liturgia del voto para autojustificarse. No puede haber soberanía colectiva donde la soberanía individual ha sido proscrita y sustituida por el consumo de marcas electorales idénticas en su esencia coercitiva. Las opciones en liza son variaciones del mismo principio de autoridad, diseñadas para mantener la ilusión de movimiento mientras la estructura de dominación permanece estática.
En última instancia, la política institucional no es más que la medición exacta del grado de asimilación y de la postergación del sujeto en su irreversible proceso de desintegración, una herramienta de control que transforma la legítima indignación humana en el combustible que alimenta la maquinaria que nos oprime.
Precisamente por ello, resulta imperativo que el socialismo gubernamental y sus apoyos adyacentes se disgreguen cada vez más en su contacto diario con el poder ejecutivo. Si se mantuvieran fuera de las estructuras de poder (legislativo y ejecutivo), la masa desamparada los idolatraría como el mito político pendiente de realización de la idea de la liberación, la solución analógica dispuesta a materializarse para decretar el fin del capitalismo tardío y refundar una convivencia regida por la igualdad y los derechos civiles.
Fuera de las instituciones de poder, el socialismo mutaría en una mística intocable al convertirse en un recambio del sistema de poder. Por eso es preciso que sigan ocupando el poder ejecutivo por mucho tiempo: para que su propia carne política se pudra a la vista de todos.
Poco importa el debate de que no son realmente socialistas. Porque aquí hablamos de poder real, no de proyectos abstractos ni de ideales emancipatorios: hablamos de una maquinaria que en su movimiento hierático e inevitable tiende a la disfunción sistémica. Un poder que se revela débil por fuera pero implacablemente duro por dentro, y que ha conducido a la fosilización criminal de los comportamientos políticos que constituyen los escándalos de las portadas de los periódicos. Su única actividad constante es el asalto a los puestos de alta responsabilidad administrativa, el reparto de grandes emolumentos, subvenciones y ayudas públicas, la extracción parasitaria de las rentas y la prolongación inevitable de la contratación entendida como un desvío impune de los presupuestos públicos hacia las esferas privadas. Su degradación moral es absoluta, pero ese aspecto resulta indiferente, pues en el seno de la masa votante habita un nivel de degradación todavía peor, cómplice y sumiso.
El socialismo contemporáneo, pues, no tiene la función de regenerar el tejido colectivo, de la misma manera que la oposición, con sus valores completamente inertes, inútiles y serviles, carece de la fuerza para plantear una alternativa real. El cometido histórico del socialismo histórico es mucho más nihilista: conducir a la catástrofe definitiva del sistema político analógico, quebrar las dinámicas tradicionales del Estado y disolver los viejos vínculos que conformaban la nación.
Lo hacen promoviendo la primacía de los derechos vinculados a la no-existencia (el aborto o el suicidio asistido), la economía de la parvedad impuesta mediante el ecologismo punitivo y la escasez sistemática, o la extinción definitiva de la familia y de la reproducción biológica a través de las agendas identitarias y de la deconstrucción trans. El socialismo progresista no es un proyecto de futuro, sino la forma más acabada y definitiva de demolición controlada de la sociedad analógica: la herramienta óptima para preparar el advenimiento definitivo del nuevo orden digital, ese monstruo frío de la existencia tecnotrónica. En última instancia, la política contemporánea no es más que la medición exacta del grado de asimilación y de la postergación del sujeto en su irreversible proceso de desintegración hacia ese nuevo orden digital.
NOTAS AL PIE DEL DOCUMENTO
(1) «LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA SECCIÓN DE OPINIÓN CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A SUS AUTORES Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LA LÍNEA EDITORIAL DEL MEDIO».
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