Un gobierno marcado por la incompetencia. Por Rafael García Alonso

Todo comenzó con un infame pacto postelectoral. Así, tras una campaña electoral deliberadamente basada en la mentira permanente, Pedro Sánchez, el hombre sin principios, y Pablo Iglesias, el hijo de un terrorista, empujados por su afán de poder y por los exiguos resultados alcanzados en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, llegaron en tan solo 24 horas a un acuerdo de coalición que habían garantizado jamás se produciría. Como colofón del engaño, sin ningún atisbo de pudor, llegaron a la burla de escenificar el fraudulento pacto mediante la retransmisión televisiva del “abrazo de la vergüenza”.

A partir de ese fatídico momento, los firmantes del oprobioso acuerdo dedicaron todos sus esfuerzos a recabar los votos necesarios para la formación de gobierno, obteniendo finalmente el apoyo, por activa o por pasiva, de partidos golpistas, separatistas y filoterroristas. De esta ignominiosa manera comenzó su andadura el que, por su anómala constitución y estructura, ha dado en llamarse “Gobierno Frankenstein”. Dedicados ambos prebostes a disfrutar de las prebendas de sus respectivos cargos, el uno desde el Palacio de la Moncloa, el otro desde su mansión de Galapagar, lo primero que hicieron en su acción de gobierno, fue multiplicar el gasto político hasta límites insospechados, insensibles a la precaria situación en la que se hallaba inmersa una buena parte de la ciudadanía. Así, disparando con pólvora del rey con la evidente finalidad de colocar a acólitos y allegados, no tuvieron mejor idea que crear 22 ministerios (un 69,2% más que en la época de M. Rajoy), lo cual venía a suponer el número más alto de carteras ministeriales de toda la Unión Europea. A su vez, nombraron a dedo a 282 altos cargos y 242 asesores, incrementando su número en un 40,3% y en un 36,7% respectivamente. En definitiva, los hechos vinieron a poner de manifiesto que cuando estos personajes hablaban de gobierno de progreso se les olvidaba sistemáticamente añadir que se referían tan solo al progreso personal y al de una camarilla de afines, pero en ningún caso al de los cientos de miles de españoles a los que apenas les alcanzaba el sueldo para llegar a final de mes.

Sin embargo, cuando apenas habían empezado a disfrutar de las mieles del poder, llegó el coronavirus y ahí comenzó la pesadilla que habría de mostrar al mundo sus miserias en forma de manifiesta incompetencia. Así, la Universidad de Cambridge, en su Informe Anual sobre Desarrollo Sostenible, señalaba que de los 33 países de la OCDE analizados España era el país que peor había gestionado la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 entre los meses de marzo y mayo, es decir, cuando la pandemia estaba en pleno auge. El análisis se basaba en el comportamiento de 5 indicadores diferentes: número de muertes por millón de habitantes, tasa de contagios, grado de control de la epidemia, capacidad para reducir los casos positivos y reducción de la movilidad. En todos ellos España sobresalió negativamente debido a distintos factores, entre los que cabe destacar el retraso por motivos políticos en la toma de medidas para la prevención y la contención de la epidemia, la continua improvisación en las pautas de actuación a seguir en cada momento y la ausencia de una hoja de ruta a la que atenerse para llegar a buen puerto y así evitar la propagación de la pandemia, el colapso del sistema sanitario y la ruina económica.

Para tapar de alguna manera su nefasta gestión de la pandemia, el gobierno de P. Sánchez/P. Iglesias alcanzó la cima del cinismo al infravalorar de manera ostensible el número de muertos provocados por el virus originario de Wuhan. Así, entre el 10/03 y el 09/05 mientras las cifras oficiales señalaban la existencia de 26.621 fallecidos debido a la infección por coronavirus, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (Sistema MoMo) del Instituto de Salud Carlos III daba una cifra de 43.617 muertos por dicha causa. A finales de agosto la política de ocultamiento del número real de fallecidos por coronavirus sigue vigente, de tal manera que mientras el gobierno habla de algo más de 29.000 muertos achacables al virus, el Sistema MoMo señala que son más de 45.000 las personas que han fallecido como consecuencia de la epidemia.

A la luz de todo lo expuesto no debe extrañar que Fernando Simón, nombrado por el gobierno máximo responsable de la lucha contra el coronavirus, convirtiera cada una de sus ruedas de prensa en una antología del disparate, demostrando, en medio de la consternación general, que España estaba dirigida por una tropa de ineptos, tan solo expertos en el desarrollo de campañas de marketing y en la movilización de colectivos identitarios, pero ignorantes en todo lo referido a la gestión de los problemas que a cada momento surgen en el seno de toda sociedad, sobre todo cuando éstos alcanzan la gravedad que conlleva una epidemia con elevadas tasas de morbimortalidad.

Decía el escritor francés Anatole France que “un necio es mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa algunas veces; el necio jamás”. El problema es que la parejita de marras parece presentar ambas cualidades, quedando solo la duda de si son más necios que malvados o viceversa. Así, en una nueva demostración de sectarismo y anteposición de sus intereses particulares a los intereses de los ciudadanos, particularmente cuando éstos viven en una comunidad gobernada por la derecha, el gobierno social-comunista, tras su deficiente gestión de la crisis sanitaria, centró parte de sus esfuerzos en frenar de forma absolutamente arbitraria la vuelta de la Comunidad de Madrid (CM) a una relativa normalidad, con la evidente finalidad de desacreditar a su presidenta. Para justificar su decisión, P. Sánchez se amparó en los informe remitidos por un supuesto comité de expertos -cuya composición se negó a desvelar- que al parecer era el encargado de evaluar en todo momento la situación sanitaria en todo el territorio nacional.

Ante tal situación la presidenta de la CM, Isabel Díaz Ayuso, elevó una queja al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en la que, además de criticar tal decisión por considerar que era a todas luces desmedida e injusta, pedía se diera a conocer el nombre de los expertos que formaban parte de dicho comité, conforme exige la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pues bien, tras las pertinentes pesquisas, el Defensor del Pueblo contestó por escrito a la presidenta de la CM en los siguientes términos: “No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada”.

Ante tal varapalo, que venía a demostrar que P. Sánchez era un mentiroso compulsivo a cuyo lado los tahúres del Mississippi no parecen otra cosa que meros aprendices de la simulación y el engaño, no tuvo más remedio que salir a la palestra ese abanderado de la melancolía que es Salvador Illa, para declarar que era evidentemente él quien tomaba las decisiones relativas a la desescalada tras el estado de alarma. Esta declaración nos dejó a todos más tranquilos, ya que es cosa bien sabida que un Licenciado en Filosofía y Letras es persona capacitada para tomar decisiones en cualquier ámbito de actuación, incluido, por supuesto, el ámbito sanitario.

En cualquier caso, a pesar de la incompetencia demostrada en la gestión de la crisis sanitaria y evidenciando que tienen la cara más dura que el cemento armado, P. Sánchez/P. Iglesias no tuvieron el menor reparo en seguir por la senda del engaño y la manipulación, lanzando una campaña de propaganda con el inverosímil eslogan de “Salimos más fuertes”. La broma sería simplemente de mal gusto en un escenario social sin grandes padecimientos, pero se vuelve obscenamente repulsiva si tenemos en cuenta el reguero de desolación que ha dejado tras de sí la pandemia y la presente incertidumbre en la que vive instalada la sociedad española debido a la eclosión de una segunda ola epidémica y a la crisis económica que amenaza con precipitar a buena parte de la ciudadanía en el abismo de la pobreza.

Las opiniones son discutibles, pero los datos son irrefutables, y los datos señalan con meridiana claridad que este gobierno social-comunista, guiado tan solo por su afán de poder y su agenda rupturista, no solo ha sido incapaz de gestionar de una manera mínimamente eficaz la crisis sanitaria, sino que además, debido a su manifiesta ineptitud en el terreno económico, está conduciendo al conjunto de la nación a una situación de miseria difícilmente sostenible en el medio plazo. Decía Mahatma Gandhi que “Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados”. En consecuencia, al pueblo español le corresponde la tarea de revertir la penosa situación actual y elegir en los próximos comicios electorales a aquellos que, desde un higiénico reformismo, puedan traer paz y prosperidad al conjunto de la sociedad. La tarea no es en absoluto banal, ya que, como diría William Shakespeare, “esa es la cuestión”.

Autor

Rafael García Alonso

Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.

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