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El desmantelamiento institucional y moral que ha sufrido España bajo el sanchismo no es una opinión política; es un hecho empírico que acumula indicios criminales suficientes para una intervención judicial severa. Cuando el poder ejecutivo pasa de gobernar a parasitar las estructuras del Estado en beneficio de una ambición estrictamente personal, la respuesta penal no solo es legítima, sino de obligado cumplimiento para preservar la salud de la nación.
Existen causas evidentes y demostradas, con carácter retroactivo y de plena actualidad, que justifican una fiscalización jurídica total y el procesamiento del presidente. El flanco penal y la metástasis de la corrupción judicializada desmoronan por completo el ficticio relato oficial del lawfare. Un lawfare surgido de las filas del independentismo para denostar el trabajo de los jueces tras la intentona golpista de 2017.
Esta semántica fue adaptada por el PSOE del mismo modo que adaptó la semántica de la banda terrorista ETA tras los pactos ocultos desde el 11-M hasta nuestros días. No es casualidad que todo aquel que disienta de la corrupción sanchista sea tildado de fascista o ultraderecha, tal y como debió sugerir ETA a Zapatero con el relevo de Sánchez y el apoyo de amigos de terroristas como Podemos.
No estamos ante meras sospechas, sino ante realidades delictivas que asedian directamente el entorno del presidente, empezando por la trama gubernamental de los casos Ábalos, Cerdán y Koldo, donde las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de hasta 24 años de prisión para piezas clave confirman la existencia de una presunta organización criminal incrustada en el corazón del Gobierno para el amaño de contratos públicos.
A esto se suma el cerco al entorno familiar, con líneas de investigación judicial simultáneas que acorralan a la esposa del presidente por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios y el uso indebido de software financiado con fondos públicos, junto a los procedimientos abiertos contra su hermano en Extremadura, sin olvidar el nexo de hidrocarburos y el rescate a Plus Ultra en las causas de la Audiencia Nacional que apuntan a una red de intermediación y sobornos conectada a la fontanería del PSOE.
Esta colonización institucional supone un delito de alta traición a la separación de poderes, evidenciado en el asalto a la Fiscalía General del Estado mediante el mantenimiento de figuras cuestionadas por el Tribunal Supremo, la conversión del CIS de Tezanos en una factoría de ingeniería demoscópica ad hoc para fabricar estados de opinión que justifiquen el asalto a jueces y prensa libre, y la normalización de gobernar contra el Parlamento legislando por decretos-leyes mientras se eluden los Presupuestos Generales.
Nada de este daño moral y sistémico es casual; responde al movimiento de un péndulo histórico de influencia causal que comenzó hace dos décadas. El sanchismo es la fase terminal de un proyecto nacido con los silencios y cesiones del zapaterismo, donde la mentira política se convirtió en instrumento de gestión, pagando peajes a los enemigos de la soberanía nacional, erosionando la igualdad ante la ley con amnistías a la medida de delincuentes y blanqueando el terrorismo residual.
El Código Penal no entiende de siglas ni de inmunidades autoproclamadas: cuando la ambición devora la estructura del Estado de Derecho, la extirpación judicial es el único camino para la supervivencia de la democracia.
Ignacio Fernández Candela
RES NON VERBA — Hechos, no palabras.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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