El Tribunal Supremo investigará a Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por un presunto delito de terrorismo, a pesar de la oposición de la Fiscalía General del Estado. En el Alto Tribunal no tienen dudas al respecto, recordando cómo los independentistas catalanes «asaltaron el aeropuerto de El Prat con el propósito de alterar gravemente la paz pública» tras conocerse la sentencia del Supremo por el 1-O, que condenó penalmente a los cabecillas de las revueltas separatistas que condujeron a la fallida declaración de independencia de Cataluña.
La mayoría de los fiscales en la sección penal del Tribunal Supremo ha rechazado el informe redactado por Álvaro Redondo, que se oponía a que el tribunal investigara al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo debido a su supuesta participación en los disturbios provocados por Tsunami Democràtic en otoño de 2019 como respuesta a la sentencia del procès.
En consecuencia, fuentes judiciales aseguran que, apesar de la presión, el Supremo abrirá una causa para investigar, por el momento, sólo a los imputados aforados, es decir, a los prófugos Puigdemont y Wagensberg. Esto se debe a que existen indicios de comisión de un delito de terrorismo y asumirá la causa que desde 2019 instruye el magistrado Manuel García-Castellón. Esta investigación se abrió en octubre de 2019 y fue apoyada públicamente incluso por miembros del actual Gobierno.
De hecho, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en una entrevista concedida a Televisión Española que los servicios de Inteligencia investigaban las protestas independentistas. Además, aseguró: «Terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democràtic». Estos hechos que hace cuatro años le preocupaban al Gobierno de Sánchez, pero ahora –como necesitan el apoyo de Junt y ERC– pretenden amnistiar. La Fiscalía ha adoptado un papel ambiguo en esta causa. Primero, antes de que García-Castellón elevase una exposición razonada ante el Supremo el 19 de julio, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, dio el visto bueno al escrito del fiscal Joaquín González-Herrero en el que se afirmaba que había «multitud de indicios de solidez incuestionable» sobre la comisión de un delito de terrorismo por parte de Tsunami.
García-Castellón acordó elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democratic al ex presidente y actual eurodiputado, Carles Puigdemont. Lo mismo reclama contra la dirigente de ERC Marta Rovira y contra otras diez personas vinculadas con el independentismo. Tres días después de las elecciones del 23-J, tras la posibilidad de que Sánchez pudiese conformar Gobierno con el apoyo de los independentistas –su única opción de garantizarse mayoría para la investidura–, Alonso aseguró que aquella posición de la Fiscalía había sido un error. Y donde veía terrorismo terminó viendo unos supuestos desórdenes públicos.
El Alto Tribunal dio los primeros pasos antes de decidir si asume la causa: por un lado, dio traslado a la Fiscalía para que informase; y, por otro, designó como ponente al magistrado Juan Ramón Berdugo, que deberá proponer a la Sala si procede o no su admisión. El fiscal jefe vio peligrar su puesto ante la continuidad de Sánchez y, por ello, decidió rectificar. Lo hizo con un nuevo escrito firmado por el fiscal de la causa Miguel Ángel Carballo.
En la Junta de Fiscales celebrada ayer martes se debatió el cambio de criterio de un fiscal, Álvaro Redondo, quien inicialmente argumentó que existían indicios de delitos y que el Supremo era competente para investigarlos, pero luego elaboró otro escrito defendiendo una tesis contraria.
La mayoría de los fiscales de la Sección Segunda de lo Penal votaron a favor de que el Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo, con una amplia defensa de la tesis de García-Castellón. La parte minoritaria de fiscales que se oponen a investigar a Puigdemont apeló al artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el procedimiento pase a su superior jerárquica.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que tomará en cuenta la postura de los fiscales del Alto Tribunal y otras partes personadas en la causa. El Alto Tribunal asumirá la causa por terrorismo de Tsunami solo con respecto a los aforados Puigdemont y Rubén Wagensberg, sin que la petición de la Fiscalía sea determinante.
Al parecer, la Justicia resiste las embestidas de Sánchez a pesar de sus muchos infiltrados entregados a causa sectaria. A pesar de las promesas y pactos para mantenerse en La Moncloa , Sánchez encuentra que el papel imparcial de la Justicia se antepone a sus gregarismos y ansias de poder sin escrúpulos. Aunque está por ver si Junts se dio un tiro en el pie rechazando la Ley de Amnistía, o hay ases en la manga del tahúr sin escrúpulos de La Moncloa.
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