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Como firmante de una de las cartas a S.M el Rey, con tanto respeto por nuestros detractores como razones les faltan, dirijo estas reflexiones a cuantos compatriotas que, libres de prejuicios ideológicos, se dignen dedicarles unos minutos de su tiempo.
Mi adhesión a la misiva dirigida a S.M el Rey está motivada por mi intención de liberar a España del evidente estado de deterioro en el que ha entrado desde cualquier punto de vista con que se mire, sin que mi condición de militar retirado pueda suponer obstáculo alguno para ello.
No he intentado ninguna confrontación pues para eso hay auténticos maestros entre nuestros difamadores.
Tampoco, incitado por el odio, he desenterrado ningún cadáver.
Asimismo, no he causado la ruina económica de los españoles con medidas que cualquier estudiante de primaria se atreve a criticar.
No he provocado la muerte de buen número de españoles que los propios responsables pretenden camuflar con tan poca sensatez como acierto.
No he enterrado a Montesquieu detentando todos los poderes de nuestro Estado social y democrático de derecho.
Solo he pretendido defender la Constitución y las leyes que quienes nos critican vulneran diariamente a pesar de las reiteradas y públicas advertencias en contra.
No es posible comprender que, en tanto no se critica ninguna declaración pública ni medidas de presión alguna protagonizadas por cualquier colectivo de jubilados, a los militares se nos condena al mutismo perpetuo: o no existe la lógica o el asunto demanda urgente tratamiento psiquiátrico.
Además de quienes nos critican por propio interés para mantenerse en sus cargos, existe la especie de los esbirros que, por interés o ignorancia, siguen servilmente las órdenes de quienes pretenden conservar sus cargos cueste lo que cueste.
Por último, no es posible ignorar el inestimable servicio que prestan los medios de comunicación a quienes nos desgobiernan y oprimen, mediante el continuo lavado de cerebro a la población que no propaganda institucional, más o menos disimulada pero en cualquier caso ilegal.
Tanto unos como otros, a los firmantes de las precitadas cartas nos tachan de dictadores, ignorando que los romanos, para evitar el poder unipersonal no siempre responsable, dejaron prevista en su Constitución la posibilidad de establecer transitoriamente, para momentos extraordinarios y graves, una magistratura que detentara una unidad de soberanía a la manera de la máxima autoridad.
Así, crearon la dictadura a cuyo titular, el dictador, se le conferían los plenos poderes del Estado por un periodo máximo de 6 meses para hacer frente a una situación de crisis o bien emprender alguna tarea específica sumamente excepcional, concentrando los poderes necesarios para proteger a la República de la situación de peligro que había llevado a su designación.
Desde el año 501 a.C al año 44 a.C (457 años), Roma registra una marca de 92 dictadores, lo que demuestra que los romanos no solo no temían sino que confiaban en sus dictadores que, civiles o militares, resolvían las difíciles situaciones que se les encomendaban.
Desde los tiempos del Imperio Romano hasta nuestros días, existen no pocos ejemplos de dictaduras que, con o sin el apoyo popular y con mayor o menor fortuna, han alcanzado el poder.
No trato de establecer en España ninguna dictadura militar ni civil a costa de arriesgar mi vida por quienes censuran mis intenciones de liberar a España y a los españoles de la lamentable situación que nos aflige, a pesar de que, según el filósofo e historiador alemán Oswald Spengler, «al final la civilización la salva un pelotón de soldados»
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