No seamos cínicos con la lengua vehicular. Por César Alcalá

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Más de uno se ha rasgado las vestiduras por la enmienda pactada por PSOE, UP y ERC en la Ley de Educación al sustituir el castellano como lengua vehicular por la que queda establecida en cada estatuto de autonomía. Dicho de otra manera, el catalán o vasco serán los idiomas oficiales y el castellano pasa a ser de segundo orden. Enmienda contraria a la Constitución, pero que no es nueva dentro del o que suponen los nacionalismos. ¿Qué queremos decir? Es una larga lucha por parte de Cataluña y el País Vasco que ahora toma forma. No nos equivoquemos, los que ahora se rasgan las vestiduras, durante muchos años han callado. Y pondremos el ejemplo de Cataluña para que quede claro la trama que se ha ido forjando durante más de 30 años.

La base de la enmienda ya quedó explicitada en 1990 cuando Jordi Pujol publicó en diario El Periódico lo que se conoce como Programa 2000. En el establecía cuál sería el futuro de Cataluña. Y en él estaba la enmienda. Ahí había el germen que ha tardado 30 años es brotar. Quien se haya sorprendido es porque no conoce el Programa 2000 ni lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos 30 años de la mano de CiU, PSC, ICV y ERC. Y los ponemos todos porque, como veremos a continuación, tanto el gobierno de Pujol, como el Tripartito, como Mas han ayudado a lo que ocurre en el 2020.

También a la opinión pública se le heló la sangre al saber que existía espionaje a alumnos y profesores sobre la utilización del catalán en los colegios. Concretamente se había investigado 50 colegios de toda Cataluña. El sector más radical negó la evidencia. “Nosotros no hacemos esto”. La realidad es que hacen esto y cosas peores. Por eso se puede afirmar que, desde la publicación del Programa 2000 CiU y el Tripartito ha aplicado racismo ideológico durante 30 años. Porque este racismo no es obra sólo de los independentistas, sino de los partidos que han gobernado Cataluña desde la democracia.

En el apartado 2, del Programa 2000, dedicado a la Enseñanza, en el capítulo 6 de Actividades Fundamentales, podemos leer: “Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal”. A partir de ese momento se estructuró jurídicamente el cuerpo de inspectores de educación. Así, en el año 2000 se aprobó el decreto por el cual se regulaba la Inspección en la educación. En el 2002 la orden para desplegar la organización y el funcionamiento de la inspección en la educación. Hubo algunos cambios en ambas órdenes, pero de carácter administrativo.

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No es hasta el año 2007 cuando se aprueba la primera resolución de méritos para las plazas de inspector de educación. Eso sí, en comisión de servicios. Esto significa que, a pesar del concurso de méritos, eran designados a dedo y eran de la confianza de la conselleria de Educación. Dicho de otra manera, estas personas estaban destinadas y cumplirían a raja tabla no sólo el capítulo 2 anteriormente citado, sino todo lo que se les mandara. La conselleria se involucró al respecto para, como decía el Programa 2000 de Jordi Pujol, “vigilar de cerca la elección de este personal”. Con un “personal” afín a la causa del Programa 2000 se podía empezar la “catalanización de los programas de enseñanza” sin ningún impedimento. Los inspectores, por decirlo así, eran y son adictos a la causa. Que el catalán esté por encima del castellano en las aulas catalanas no es nuevo, no se va a incrementar con esta enmienda. Hace muchos años que se aplica. Ahora sólo lo harán legal. Nada cambiará en la educación catalana, porque ya se hace gracias a la desidia de los gobiernos que han estado al frente de la política española.

Se convocaron concursos de méritos los años 2008, 2009, 2013 y 2015. Anteriormente hemos dicho que sobre el particular están involucrados, directa o independientemente, Convergència, PSC y ERC. ¿Por qué? De 2000 a 2015 ha sido consellers de la Generalitat de Catalunya en Ensenyament: Carme Laura Gil i Miro (CiU), Ernest Maragall i Mira (PSC), Irene Rigau i Oliver (CiU), Josep Bargalló i Valls (ERC).

Todos ellos, como hemos dicho, estaban en comisión de servicios. Esto significa que la plaza estaba cubierta pero no era de su propiedad Alguna cosa se tenía que hacer porque, teniendo en cuenta las circunstancias, la tortilla se podía girar y dejar a todos estos patriotas “fuera de juego” o en la calle. De 2007 a 2015 se crearon, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Generalitat, 40 comisiones de servicios para la inspección de educación. Teniendo en cuenta las circunstancias políticas catalanas, la posible aplicación del artículo 155 y sus posteriores repercusiones, el gobierno de Carles Puigdemont decidió moverse sigilosamente. ¿Qué hizo? Para celebrar el primer aniversario del ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017, el conseller d’ensenyament, Josep Bargalló, firmó una resolución donde se daba a conocer la lista definitiva de las personas que habían superado el concurso de oposición al cuerpo de inspectores de educación. Hasta aquí todo puede parecer normal. Siempre teniendo en cuenta que, desde el año 2007 no se había convocado ninguna oposición y que algunos de ellos llevaban muchos años en este puesto.

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¿Qué curiosidades encontramos en la resolución firmada por el conseller Bargalló? En concreto dos. Una ya la hemos dicho, que es la convocatoria. La segunda que se hizo una resolución pensando única y exclusivamente en las 40 plazas creadas, en comisión de servicio, entre los años 2007 a 2015. Sobre el particular nos podemos preguntar: ¿ante el miedo a un artículo 155 decidieron hacer un concurso para así tener ligado el Programa 2000? ¿El conseller Josep Bargalló ayudó a llevar a cabo el Programa 2000? ¿El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona -Ernest Maragall- tendría que dar explicaciones, pues la mayoría de los inspectores en comisión de servicios fueron aprobados cuando era conseller d’ensenyament? ¿El PSC estaba de acuerdo, en su momento, con el Programa 2000 o fue una imposición de ERC durante le Tripartito? ¿Todos ellos siguieron los mandatos de Jordi Pujol? Estas preguntas se las podrían hacer a los políticos del procés y a todos aquellos que ciegamente se lo creen todo sin preguntarse nada.

Ahora algunos se rasgan las vestiduras porque el castellano dejará de ser lengua vehicular. Antes se las rasgaron por el espionaje. También por ciertas discriminaciones. Todo forma parte de un cinismo enmascarado y ruin. La realidad en Cataluña es que los estudiantes han sido vigilados y marcados ideológicamente desde el año 2007 mediante las medidas tomadas e impuestas por una serie de inspectores de ensenyament que, estando en comisión de servicios, han aplicado el Programa 2000 de Jordi Pujol. ¿Ahora nos rasgamos las vestiduras? Que se haya podido llevar a cabo todo esto son culpables PSOE y PP. Durante los gobiernos de Felipe González, José Maria Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se ha permitido todo esto. Ahora el malo de la película es Pedro Sánchez y se olvidan de los demás. Todos ellos permitieron que Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont hicieran de las suyas. La culpa es de todos y ninguno de ellos puede tirar la primera piedra.