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Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el Pleno en la Asamblea, en respuesta al Grupo Parlamentario del PP
Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la ocupación, entre ellas, la de no cargar a los legítimos propietarios el gasto del agua que han consumido los ocupantes e instar a los diferentes suministradores de gas y de electricidad estudiar cómo aliviar las facturas de los ocupados.
Y también vamos a estudiar una oferta de vivienda temporal en caso de que la víctima no tenga dónde residir mientras exista el delito. Y es que la ocupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo. Y no nos lo podemos permitir, porque aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas, ni las personas que crean puestos de trabajo.
En Madrid es cierto que, aunque estamos consiguiendo frenar (el fenómeno de la ocupación ilegal), hay 4.300 viviendas afectadas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello, hemos puesto en marcha la oficina contra la ocupación, con la que estamos tratando de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito.
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