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Resulta un sarcasmo de una asimetría moral hirviente que la cúpula de la DGT, envuelta en el vaho de auditorías irregulares y bajo la persistente sombra de una macrocorrupción que clama por una fiscalización exhaustiva, pretenda ahora erigirse en tribunal de última instancia. Pere Navarro, el rostro de una gestión que ha sustituido el mantenimiento de las vías por el rigor del cronómetro, provocando tragedia y muerte con el abandono y falta de mantenimiento de la red vial, propone un salto cualitativo hacia la tiranía penal: convertir la infracción administrativa en una celda de prisión. Bajar los límites de velocidad para convertir la sanción en delito penal… Ya ven, los miserables que conculcan a diario la legalidad.
En la España del desgobierno, donde la impunidad parece ser el salvoconducto de estas inmundas y parásitas «élites de mierda», con perdón, el ciudadano medio-ese que sostiene el país con su esfuerzo-se enfrenta ahora a la amenaza de una mancha penal por un exceso de velocidad que, en muchos casos, es menos arriesgada que la deficiente infraestructura que el propio Estado ha dejado pudrir. En cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre, este canalla ya estaría rindiendo cuentas ante un tribunal de justicia, en lugar de pavonearse con la potestad de arruinar vidas ajenas con la detestable autosuficiencia de quien se sabe impune.
Es una paradoja que clama al cielo que mientras los despachos de la Dirección General de Tráfico acumulan dudas razonables sobre la pulcritud de sus cuentas y la idoneidad de sus contratos, un escenario que en cualquier democracia con higiene institucional sería motivo de una operación policial de envergadura, su máximo responsable diseñe el camino al presidio para 35.000 españoles. No podemos olvidar la escandalosa estafa de las luces V-16, un negocio urdido en connivencia con una banda criminal que mantiene secuestrado un Consejo de Ministros para legislar en favor de intereses privados y comisiones bajo cuerda, obligando al ciudadano a costear los peajes de una trama de corrupción orgánica. Estamos ante una maniobra que huele a control social y a un afán recaudatorio que ya no se conforma con el patrimonio del administrado, sino que ahora ambiciona su libertad. ¿Con qué autoridad moral puede un inquisidor exigir el rigor del Código Penal a un conductor cuando su propia administración elude sistemáticamente las auditorías externas que señalan sus propias y gravísimas irregularidades? No es seguridad vial, es un autoritarismo de baja intensidad que busca amedrentar a una sociedad que ya conoce el cariz mafioso de quienes la desgobiernan.
La realidad que Navarro pretende ocultar tras los barrotes es la de unas carreteras que son, en sí mismas, una negligencia punible. Se criminaliza a la víctima, se le etiqueta de delincuente en potencia, mientras el asfalto se cuartea y los puntos negros se multiplican por una falta de inversión que nadie explica dónde ha ido a parar. Pretender encarcelar a la España productiva mientras las sospechas de una trama de corrupción sistémica sobrevuelan la gestión pública no es solo una injusticia; es el síntoma definitivo de una organización que ha perdido todo contacto con el Derecho y la ética, y que solo busca el castigo ajeno para tapar sus propias e inconfesables miserias ante el mundo entero.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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