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La evidencia es tan abrumadora que solo la ceguera voluntaria o la complicidad manifiesta pueden ignorarla. La ofensiva de los tribunales contra las múltiples tramas de corrupción que cercan al Ejecutivo no debería parecer un mero proceso administrativo ni un goteo aislado de sumarios judiciales. Es, en puridad, la última línea de defensa de una nación frente a un plan perfectamente trazado: el desmantelamiento programado del Estado de derecho mediante el uso arbitrario y partidista del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ante la gravedad del desafío histórico, la acción de la judicatura no puede quedar aislada en el vacío institucional. Urge una toma de conciencia absoluta y coordinada por parte de aquellos estamentos que juraron defender el orden constitucional: los cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los jueces y la oposición política remanente. Es el momento de unificar fuerzas en una sola dirección: neutralizar y romper la estructura que todavía se mantiene en pie para ejecutar un golpe de mano definitivo contra la separación de poderes.
El devenir de las próximas semanas estivales se presenta crucial. Si durante este verano la instrucción judicial o las revelaciones periodísticas hacen emerger nuevas y definitivas evidencias contra Pedro Sánchez, la maquinaria del Estado no puede permitirse el lujo de la parálisis vacacional ni del tacticismo político. Ante pruebas flagrantes de criminalidad institucional, los plazos deben acortarse y los complejos disolverse; la gravedad de la situación exige que los mecanismos de la ley actúen con una contundencia inmediata y ejemplarizante que devuelva la dignidad a la soberanía nacional.
Llegado ese punto de no retorno, la inmunidad no puede seguir funcionando como impunidad, ni el cargo como un escudo feudal. Si las exigencias procesales así lo determinan para evitar la destrucción de pruebas o asegurar la acción de la justicia, el líder del Ejecutivo debería ser aprehendido sin titubeos allí donde se encuentre, aunque sea en su blindado retiro estival de La Mareta. Ningún palacio residencial puede convertirse en un santuario de impunidad para quien ha vulnerado las bases de la convivencia democrática; la ley debe entrar con toda su fuerza, demostrando que el Estado de derecho está por encima de cualquier inquilino temporal del poder. Lo que presenciamos no es mala gestión; es una estructura criminal instrumentalizada desde la cúspide del poder.
El sanchismo ha convertido la gobernanza en un ejercicio de supervivencia judicial donde los peones caen mientras el núcleo del Ejecutivo se atrinchera. El panorama actual ofrece una paradoja tan grotesca como real, que define a la perfección la fosa moral en la que han hundido a las instituciones: hoy por hoy, el entramado que comanda Pedro Sánchez cuenta ya con menos diputados sosteniendo su bloque en el Congreso que imputados desfilando ante los tribunales de justicia.
La respuesta global de la sociedad civil y de sus instituciones legítimas debe ser integrada, firme y sin titubeos. No se trata de un debate de siglas, sino de la supervivencia de la civilización democrática frente a la barbarie del absolutismo contemporáneo. La acción de la justicia es el mazo, pero la determinación colectiva debe ser el soporte que garantice que tanto el presidente como su Consejo de Ministros rindan cuentas definitivas ante la ley por la demolición controlada de la nación.
Pedro Sánchez debe ser detenido.
Ignacio Fernández Candela
RES NON VERBA.
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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