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Existe una delgada y peligrosa línea que separa la incompetencia política de la responsabilidad penal, una frontera que el actual Ejecutivo ha difuminado a base de decretos, soberbia y complicidades silenciosas. La memoria democrática, esa que la factoría de la Moncloa intenta reescribir a diario, guarda un registro implacable de los peajes pagados para sostener el Gobierno. Uno de los episodios más oscuros y determinantes de esta deriva fue el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una inyección de 53 millones de euros de dinero público aprobada en el seno del Consejo de Ministros para salvar a una compañía con pérdidas crónicas y evidentes vínculos con el régimen chavista.
En la mesa donde se rubricó semejante despropósito financiero se sentaba Yolanda Díaz. La hoy líder de la izquierda ministerial, abonada a la gesticulación constante, el vacuo sentimentalismo de pasarela y una soberbia tan sobreactuada como mediocre, no puede pretender ahora salir indemne del veredicto de los hechos. Formar parte de un órgano colegiado implica asumir solidariamente las decisiones que allí se adoptan. No vale alegar miopía política ni mirar hacia otro lado cuando se activa el rodillo presupuestario para financiar satélites de dictaduras extranjeras. Sentarse en el Consejo de Ministros no es un ejercicio de figuración estética; es el epicentro de una responsabilidad jurídica que no prescribe por el mero hecho de cambiar de marca electoral o de peinado político.
Este modus operandi conecta de forma umbilical con la estrategia de los moradores de Galapagar. Al igual que los marqueses del comunismo bolivariano, Pablo e Irene, cuya sumisión a la agenda de Caracas es de sobra conocida, también la iraní, la cúpula del poder compartido opera bajo la premisa de la ignorancia deliberada. Nadie pregunta, nadie sabe, pero todos firman. Es inverosímil sostener que el núcleo duro que compró su representación en el Ejecutivo —un gobierno que nació de la usurpación del sentido común y la legalidad institucional— desconociera los peajes del pacto. Sabían los de Podemos lo que custodiaban las sombras del Delcygate y el contenido real de las maletas que pisaron suelo español de forma ilegal, de la misma manera que Yolanda Díaz conocía el destino y la naturaleza del rescate a Plus Ultra.
La responsabilidad penal no se diluye en la palabrería de los mítines ni se esconde tras las actas secretas del Consejo. La soberbia de creerse inmunes bajo el paraguas del aparato estatal es el primer síntoma de su debilidad. Podrán seguir estirando el chicle de la impunidad y recurriendo al regate corto de la propaganda mediática, pero el armazón de la ley sigue contemplando la complicidad por omisión y la cooperación necesaria. Cuando el castillo de naipes termine de desmoronarse por el peso de las investigaciones judiciales, los tribunales recordarán que en la firma de aquellos rescates y en la ocultación de aquellas maletas no hubo despiste, sino una hoja de ruta compartida por mantener el poder a cualquier precio.
La responsabilidad compartida por acciones criminales en otros países se saldaría con una operación policial a gran escala y de carácter extraordinario con la detención de toda la organización criminal, por acción u omisión, en todo caso flagrante complicidad, que en este caso se sienta en el Consejo de Ministros del usurpado gobierno de España. No se libra ni uno, del antes y el después.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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