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El principio de responsabilidad es el pilar sobre el que se sostiene, o debería sostenerse, la arquitectura de cualquier Estado de derecho digno de tal nombre. Cuando la sombra de la sospecha o una eventual sentencia condenatoria se cierne sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, el debate desborda la mera gestión administrativa para adentrarse en el terreno de la exigencia penal. En ese escenario, emerge una pregunta ineludible que incomoda en los despachos de la vieja guardia gubernamental: ¿cuál es el alcance de la responsabilidad penal de los entonces vicepresidentes, específicamente de Pablo Iglesias, y ministra de Igualdad Irene Montero, ante un rescate aprobado por un máximo órgano colegiado de decisión del gobierno?
La coartada del anonimato burocrático se diluye cuando se analiza el funcionamiento del Consejo de Ministros. El ejecutivo no es un ente abstracto ni una suma de voluntades invisibles; es un órgano colegiado donde las decisiones de especial trascendencia económica y política, como la inyección de 53 millones de euros de dinero público a una compañía envuelta en interrogantes, se refrendan de forma conjunta. La firma de un decreto o la validación de un acuerdo de esta magnitud vincula solidariamente a quienes se sientan alrededor de esa mesa, salvo que conste de manera expresa y formal una discrepancia o un voto particular en contra.
La doctrina penal es nítida al respecto. En los órganos colegiados, la autoría o participación en un presunto delito de prevaricación o malversación de caudales públicos no se restringe en exclusiva al ministro proponente de la medida. Quienes con su voto favorable, su silencio cómplice o su firma validan la resolución, asumen las consecuencias jurídicas del acto. El amparo en el carácter mancomunado de la decisión no exime de la responsabilidad individual; al contrario, fundamenta la existencia de una presunta coautoría en la toma de decisiones que lesionen el patrimonio del Estado.
Si la justicia determinase de manera firme que el rescate de Plus Ultra vulneró flagrantemente la legalidad y constituyó un desvío injustificado de fondos, el paraguas de la colegialidad se transformaría en una red de arrastre judicial. Pablo Iglesias, en su condición de vicepresidente segundo e Irene Montero como ministra y miembros activos de aquel Consejo de Ministros, quedarían expuestos al dictamen de la sala. El esfuerzo y los méritos exigidos al ciudadano común para sostener las arcas públicas contrastan drásticamente con la ligereza con la que un rodillo político puede estampar su rúbrica sobre rescates bajo sospecha.
La impunidad no puede ser el privilegio de quienes ejercen el despotismo desde el Consejo de Ministros. El caso de la aerolínea no es solo un proceso contable o un debate de idoneidad empresarial; es el espejo donde se refleja si la ley es igual para todos o si las cumbres del poder político gozan de un blindaje omnipotente. Las apariencias de legalidad formal con las que se revisten estos acuerdos están para ser analizadas con el rigor de los tribunales. Porque el mérito, la honra profesional de los ciudadanos y el dinero de los contribuyentes merecen que cada firma estampada en el Boletín Oficial asuma, hasta las últimas consecuencias, el peso de la justicia.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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