Mafia en el estado de partidos. Eduardo Núñez

Así pues, queda claro el verdadero motivo del cese del Coronel Pérez de los Cobos.

 

La gravedad de los hechos, no sólo estriba en que un Ministro del Gobierno haya mentido en sede parlamentaria sobre la causa del cese de un alto cargo de la Guardia Civil (Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que los principios como el honor, la honradez y la dignidad han dejado paso al oportunismo y al principio de conveniencia) sino en que se cesa al Sr. Pérez de los Cobos como consecuencia de no plegarse a las órdenes de la cúpula del Ministerio del Interior, y por las que incurriría en la comisión de un delito. Y digo un delito, puesto que el ordenamiento jurídico prohíbe desvelar información sobre las investigaciones que están bajo secreto del sumario judicial.

 

Así podemos citar:

 

 

«Artículo 15

Los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan.

La infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar.»

– El artículo 301, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

«Artículo 301

Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.»

– Artículos 415 y 417 del Código Penal:

«Artículo 415.

La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.»

«Artículo 417.

1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años.

2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.»

Pues bien, lo que se pedía al Coronel de la Guardia Civil era, ni más ni menos, que revelase información a la cúpula del Ministerio del Interior, esto es, que pusiera en conocimiento a los propios investigados (Gobierno) de las pesquisas que estaba realizando una Juez en una instrucción judicial. Así, crear todo un sistema articulado de información al Ministerio del Interior sobre la investigación en procedimientos judiciales en los que intervengan la Policía Judicial y tengan como investigados a presuntos delincuentes que estén en el poder político, al objeto de evitar las futuras condenas penales.