Para que no haya ningún tipo de mal entendido que pudiera interpretarse como delito de odio, animadversión hacia la iglesia católica y sus militantes o hacia diferentes razas o minorías étnicas quiero dejar claro que soy católico practicante y admito y respeto a todas aquellas personas que vienen a España de manera legal a trabajar honradamente y a adaptarse y respetar nuestras costumbres.
Dicho esto, también debo aclarar que estoy totalmente en contra de muchas de las tesis que últimamente defiende la «Conferencia Episcopal Española (CEE)» –en casi todas, en realidad– y también lo estoy en la permisividad que existe por este gobierno infame, de aceptar a todos los inmigrantes ilegales, no irregulares como nos quieren hacer ver, que llegan con frecuencia a España, fundamentalmente vía marítima.
El actual presidente de la «Conferencia Episcopal Española» es el palentino de Tierra de Campos Luis Javier Argüello Martín, que además es el arzobispo de Valladolid, ciudad donde estudió y ejerció tanto labores docentes como eclesiásticas. Monseñor Argüello es un sacerdote de vocación tardía pues ingresó en el Seminario diocesano de Valladolid con treinta años. Anteriormente cursó, de manera brillante, la carrera de Derecho en la ciudad del Pisuerga y colaboró asiduamente en diversas elecciones municipales con el partido del puño y la rosa hacia finales de los setenta. Igualmente, asistió –el mismo lo ha reconocido– a un mitin que el líder comunista Santiago Carrillo dio en abril de 1977 en Valladolid. Por lo dicho al actual ministro Bolaños: “yo sí he corrido delante de los grises” (Argüello dixit), son obvios los ideales de Luis Argüello, al menos de joven.
Recientemente, monseñor Argüello ha hecho unas declaraciones desde la calle, como dando a entender que es donde él vive, por la que discurre habitualmente, dejando ver el tránsito de autobuses tras él como insinuando que es su medio de transporte diario y en esas cínicas declaraciones sobre el decreto ley que ha publicado el gobierno referente a la “regularización” de medio millón de inmigrantes, ha soltado unas auténticas perlas. Estas son algunas: «con este decreto ley se reconoce la dignidad humana»; «que la Conferencia Episcopal ha sido la impulsora de este decreto»; «que se consigue salud democrática»; «que se regularizan los flujos migratorios» y «que, con este decreto, los inmigrantes van a cotizar a la ‘Seguridad Social'». Esas mismas palabras o similares las han pronunciado Ione Belarra e Irene Montero, dos mujeres fervientes católicas y de probada fe. De lo que no ha hablado monseñor Argüello es de que ese decreto se ha tramitado por vía de urgencia, sin control parlamentario, que va a tener un «efecto llamada», que no habrá ningún tipo de fiabilidad en los documentos que aporten los beneficiados y tampoco que éstos, la mayoría, muestren arraigo y respeto hacia nuestra civilización. Debe desconocer también el arzobispo de Valladolid que desde 2018 se han “regularizado” 252.000 inmigrantes y que es más que evidente para muchos que en la actualidad, las instituciones en España funcionan exclusivamente en beneficio de Pedro Sánchez y no para el interés general de los españoles.
Es de suponer que, tras pronunciar esas declaraciones populistas y demagógicas el presidente de la «Conferencia Episcopal», tendrá previsto dar trabajo a gran parte de los ilegales llegados a España y muy pronto “regularizados” por ejemplo, reparando gran parte del patrimonio inmobiliario que la «CEE» dispone y no muy lejos de su residencia vallisoletana, en Muriel de Zapardiel, concretamente. Hace pocas semanas, el ábside de una iglesia mudéjar de ese pequeño municipio se desplomó por completo. Del mismo modo, empleará a gran parte de los recién declarados españoles en el cultivo de la gran cantidad de huertos que existen en seminarios y conventos. De la misma manera, dará cobijo y empleará a otros tantos inmigrantes en los obradores y pastelerías que se instalan en recintos de clausura de monjes y monjas. Es de esperar que, en los innumerables colegios religiosos, monseñor Argüello dispondrá de clases de doctrina católica para gran parte del medio millón de inmigrantes “regularizados” de manera exprés. Indudablemente, alojará y alimentará a un buen número de regularizados en seminarios y albergues diocesanos, en la actualidad vacíos y desplegados por toda España. Finalmente, siguiendo la trayectoria que en su día tuvo la iglesia católica les proporcionará asistencia sanitaria creando nuevamente y con sus propios créditos una red hospitalaria de beneficencia atendida como antaño por abnegadas monjas.
Estas declaraciones del presidente de la «CEE» son, además de populistas y demagógicas, un brindis al sol. El arzobispo de Oviedo monseñor Jesús Sanz con gran sensatez se ha pronunciado diciendo que «En España no caben todos» y el arzobispo de Orihuela –Alicante– monseñor José Ignacio Munilla ha sido aún más claro y contundente diciendo que «El gobierno utiliza a los inmigrantes como ‘moneda de cambio’ y que una decisión tan importante como esta debe de tomarse en el Parlamento», pues parece ser que tanta inmediatez obedece a una estrategia para conseguir otros fines.
Indudablemente, monseñor Argüello, como licenciado en Derecho que es y antiguo profesor universitario, debe ser consciente de que, por supuesto, no hay que oponerse a que ciertos inmigrantes vengan a trabajar a España legalmente, se afinquen en nuestro país y se adapten a nuestras costumbres. Igualmente, como letrado que es, debe ser consciente también de que no puede permitirse que miles de inmigrantes entren ilegalmente en nuestro territorio, vulnerando nuestra soberanía, sin predisposición alguna de adaptación a nuestras leyes y costumbres, sin ningún tipo de oferta de trabajo, no pocos de ellos anhelando recibir subvenciones y ayudas estatales.
Monseñor, respetado arzobispo y presidente de la «Conferencia Episcopal», una cosa es predicar y otra es dar trigo. Con sus últimas declaraciones solo ha predicado, no ha ofrecido ni un solo gramo de trigo. Y me refiero a su trigo, no al de los españoles.
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