Nota de Redacción: Los jueces se plantan contra el golpe de Estado de Pedro Sánchez. Ante la peligrosa deriva que toma Pedro Sánchez en el ejercicio de un poder en funciones que entra en conflicto directo contra el Estado de Derecho, los jueces se han pronunciado una vez se ha verificado la determinación del cómplice de los golpistas para allanar el camino de la destrucción de separación de poderes e imponer la voluntad de una minoría que lejos de agradecer la media de gracia, claramente sectaria a favor del PSOE, implica enfrentarse al riesgo de que se vuelva producir el delito por el fueron condenados los que aspiran a ser amnistiados para proclamar impunemente la independencia.
Los jueces se plantan contra el golpe de Estado de Pedro Sánchez, al no poder ocultar más el juego sucio con que se ha dirigido durante cinco años el destino de España, en este punto de inflexión los jueces se han pronunciado sobre la ilegalidad que compromete la propia democracia.
OCHO JUECES VOCALES PIDEN UN PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA HACER UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA AMNISTÍA
A LA PRESIDENCIA (p.s.) DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL
SOLITUD DE PLENO EXTRAORDINARIO
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 600.2 LOPJ y 35 ROF, los vocales
Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco
Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan
Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María
Ángeles Carmona Vergara solicitamos la celebración de pleno
extraordinario bajo el orden del día que seguidamente se indica, a celebrar
en la fecha que se convoque dentro de los tres días siguientes a la
presentación de esta solicitud. Se acompaña la propuesta de declaración
institucional que motiva la solicitud de la celebración de pleno extraordinario
y se significa que no hay documentación adicional que aportar.
ORDEN DEL DIA
Debate y adopción, en su caso, de la siguiente declaración institucional:
“El Consejo General del Poder Judicial, ejercitando y reafirmando sus
funciones constitucionales para la defensa de la plena vigencia de la
Constitución, del Estado de derecho y de la integridad de la potestad
jurisdiccional, ha acordado aprobar la siguiente
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
El Consejo General del Poder Judicial ha venido observando con creciente
preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos
minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la
eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios
acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con
anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que
también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima
del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden
público y constitucional alterado.
En la medida en que esas declaraciones no se respaldaban con una
manifestación del Presidente del Gobierno en funciones, este Consejo ha
preferido mantenerse en una actitud de prudente expectativa. El silencio del
Presidente del Gobierno en funciones, sin embargo, se rompió el pasado
sábado 28 de octubre y en una declaración personal de amplia difusión
pública ha afirmado dos cosas: la primera, que efectivamente ha pactado una
ley de amnistía con partidos políticos que incluye, entre otros, el dirigido por
un prófugo de la justicia que se beneficiará personalmente de la medida; la
segunda, que la medida se adoptará en “interés de España” para impedir un
eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición
electoral.
La declaración del Presidente del Gobierno en funciones justifica que el
Consejo General del Poder Judicial emita su opinión mediante una declaración
institucional, tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a
que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de
amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez
más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley
Orgánica del Poder Judicial exige su intervención.
El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa
preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación,
cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del
momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que
inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés
real de España.
Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en
el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada,
y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente
aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de
indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni
tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la
Constitución, con el fundamento real expresado por el Presidente del
Gobierno en funciones.
Confundir el “interés de España” con el interés del Presidente del Gobierno
en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de
una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con
la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que,
según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico. Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para
impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se
hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado
esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de
Estado de derecho en el que, nuevamente según el artículo 1 de nuestra
Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó… al
menos hasta ahora.
Y este Consejo General del Poder Judicial insiste en que ello es así incluso al
margen del debate general sobre la viabilidad, que negamos, de las amnistías
en el marco de nuestra Constitución.
Primero, porque no es compatible con el principio de Estado de derecho
proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el
principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su
artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de
sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus
delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el
beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas
o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno. Ello
supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de
mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el
rechazo al pluralismo político, como el “interés de España”.
Segundo, porque supone generar una casta jurídicamente irresponsable e
impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin
constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de
responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental
principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo
14 de la Constitución.
Tercero, porque se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto
más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los
tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la
efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede
hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas
políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los
tribunales. La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado
por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia
de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera.
Y por último, este Consejo General del Poder Judicial no puede dejar de
señalar que lo que se violenta con la medida anunciada por el Presidente del
Gobierno no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles
como marco de convivencia, sino también los compromiso asumidos por
España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en
todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e
independencia judicial. El riesgo de que llegue el momento en el que la Unión
Europea decida no ser la coartada de un Estado que no cumple con sus
principios debiera estar muy presente, en este momento crítico, en la
previsión de quienes pretendan realmente actuar en el “interés de España”.
Madrid, 31 de octubre de 2023”
Carmen Llombart Pérez José Antonio Ballestero Pascual
Vocal Vocal
Francisco Gerardo Martínez-Tristán Juan Manuel Fernández Martínez
Vocal Vocal
Juan Martínez Moya José María Macías Castaño
Vocal Vocal
Nuria Díaz Abad Maria Ángeles Carmona Vergara
Vocal Voca
SOLICITUD DE PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE AMNISTIA v12
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¿? ¿Los jueces?¿Cuántos? La mayoría estarán a favor del golpe, pues de lo que se preocupan es de agradar al poder, de sus prebendas personales y nada más.
Si España depende de «los jueces», muerta está.
Sí, ya, seguro que los «Jueces para la Democracia» de marras van a «plantarse». A ver si alguien recuerda a Gómez de Liaño y cómo el PSOE, vía un argentino, le descabalgó de la carrera.
Y, por cierto, ya es estomagante la burda cantinela de la «Constitución que nos hemos dado», como para que ahora vengan Sus Señorías a gemir por la «Constitución con la que nos dotamos (…) como marco de convivencia» ( ¿antes de ella aquí no se convivía? )