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Hugo del Prado, delegado nacional de JUPOL, miembro de la UIP, ha sido taxativo al dejar en evidencia al gobierno de Pedro Sánchez, cuando ha afirmado profesionalmente que con un operativo suficiente, el infierno invasor de Ceuta se acababa en 48 horas. Los ceutíes deberían exigir esa intervención con la misma rabia con que sus enemigos los han cercado. Y enemigos no son solo los invasores. Quien puede oír que oiga.
De este modo profesionalizado, a través de aseveraciones autorizadas por la experiencia policial, Sánchez, Marlaska y el desgobierno criminal en pleno quedan en repugnante evidencia de la alta traición contra España. Advierte que si no se actúa con premura puede saltar la chispa que podría provocar el estallido de un polvorín ya difícil de controlar. Justo lo que parece que esperan que se produzca con el gobierno traidor agazapado, a la espera de la oportunidad de la tragedia. Así crecen las sospechas de que se está gestando un cisne negro con el fin de alterar el equilibrio democrático de cada a las Elecciones Generales del 2027.
Cuando el Estado abdica de su función primaria, garantizar la soberanía, la integridad territorial y el orden público, la inacción deja de ser un mero síntoma de negligencia para convertirse en una forma de cooperación omisiva con el caos. Las contundentes declaraciones del representante de la Unidades de Intervención Policial (UIP) del sindicato JUPOL, Hugo del Prado, no solo han desnudado la vulnerabilidad inducida a la que se somete a la ciudad autónoma de Ceuta, sino que han fijado un axioma demoledor: la crisis humanitaria, el quebranto fronterizo y la pesadilla cotidiana que acorrala a los ceutíes podrían subsanarse en un margen estricto de 48 horas si existiera la voluntad política de emplear los medios materiales y personales de los que España dispone.
En la entrevista con María Zabay, Hugo del Prado ha desmontado la consigna de la carroña sincronizada que declaran falazmente sobre el racismo en Ceuta cuando han convivido sin problemas cinco religiones con una convivencia modélica. El problema de Ceuta es cívico por una invasión masiva y no existe ninguna radicalización por causas racistas.
Estas declaraciones de un profesional de la seguridad ciudadana debería levantar ampollas hasta arrancar las puertas monclovitas donde se oculta la bestia psicopática que ha generado tragedias e infiernos con intenciones muy oscuras. Recuerda la situación de Ceuta con falta de auxilio a la que padecieron los valencianos o las víctimas de los últimos incendios en Madris, entre otras muchas oportunidades de sem,brar cizaña y amargura que no ha desaprovechado el, siempre lo diré, desgobierno criminal una vez más en evidencia.
Decir que la seguridad nacional en la frontera sur puede restituirse en dos días no es una proclama vacía; es una aseveración técnica avalada por la capacidad operativa de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No faltan profesionales ni experiencia táctica; lo que falta es la orden contundente de un Ejecutivo sospechoso de toda traición complaciendo al enemigo Marruecos, que prefiere sacrificar la soberanía nacional en el altar de su agenda ideológica y sus alianzas de poder. Mientras la UIP, la Guardia Civil y hasta el Ejército desarmado son expuestas a la extenuación física y a la asimetría de medios, el Palacio de la Moncloa contempa con pasividad el asedio, dilatando decisiones drásticas como el mando único o el despliegue disuasorio real.
Esta inacción deliberada constituye un acto de traición institucional de primer orden. Someter a la población de Ceuta a una presión insostenible y convertir el límite territorial de España y de Europa en una puerta abierta a la chantajista geopolítica vecina no responde a la incapacidad operativa, sino a un cálculo de supervivencia política. La revelación de la UIP desbarata el relato oficial de la imprevisibilidad y el desbordamiento ineludible: la frontera no se desmorona por falta de capacidad del Estado, sino por la negativa consciente del presidente del Gobierno a defenderla.
El verdadero punto de inflexión de esta crisis reside en la quiebra definitiva del relato oficial por la voz autorizada de los propios expertos policiales. Cuando quienes custodian sobre el terreno el perímetro del Estado aseveran que Ceuta debería haber quedado liberada al segundo día de la invasión, la inacción gubernamental muta formalmente de omisión administrativa a delito de alta traición. La pasarela de ministros que desfiló por la ciudad autónoma no acudió a desplegar la fortaleza de la nación, sino a escenificar una farsa propagandística diseñada para camuflar la entrega de nuestra soberanía. Ese desfile ministerial, retratado hoy como una cobertura cómplice, evidencia el propósito de un Ejecutivo que prefirió alimentar una ficción diplomática antes que ejecutar la solución técnica y operativa que la UIP tenía lista para blindar la patria en 48 horas.
Por todo ello, la reivindicación de Ceuta exige una respuesta inmediata e inflexible: la intervención masiva de las fuerzas policiales respaldada por la atribución urgente al Ejército de facultades como agente de la autoridad en el marco de la seguridad nacional. La prioridad absoluta y sin ambajes debe ser yugular de raíz la invasión y restaurar el orden constitucional. Solo una vez neutralizada la amenaza radical que atenaza a los ceutíes, llegará el momento de exigir la estricta responsabilidad penal a todos los responsables políticos que abrieron las puertas al enemigo coordinado. Entregar la integridad territorial y poner en riesgo la supervivencia de España ante potencias extranjeras no quedará impune: la historia y la justicia habrán de juzgar a quienes convirtieron la frontera sur en la moneda de cambio de su propia permanencia en el poder.
Es paradójico que mientras aquí se organiza una operación contra el Jefe del Estado desde una organización criminal en el gobierno, en otros países se habría montado un operativo policial armado de gran envergadura para detener al Consejo de Ministros en pleno por alta traición. En muchos países conscientes del valor, la dignidad y el honor en la defensa de un Estado de Derecho.
El testimonio de los agentes desplegados en primera línea actúa como un acta de acusación inapelable. En 48 horas se podría restaurar la autoridad del Estado, sellar la brecha fronteriza y devolver la tranquilidad a los ciudadanos ceutíes. No hacerlo demuestra que el infierno al que está sometida la ciudad autónoma no es una tragedia inevitable, sino el precio que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer pagar a España para no alterar las servidumbres de su permanencia en el poder. La soberanía se defiende con hechos (Res Non Verba); la inacción monclovita, en cambio, ya se escribe como una de las páginas más oscuras de nuestra historia reciente.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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