Combatir a la Ley Celáa es un requerimiento de conciencia. Por Ernesto Ladrón de Guevara

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Este domingo pasado se celebraron manifestaciones en todas las provincias españolas con la única forma posible en época de restricciones por el coronavirus y la plandemia que va asociada a la pandemia, que es mediante caravanas de coches para manifestar el malestar por la Ley Celáa, verdadero artificio de destrucción masiva de la antropología cultural de nuestra civilización hispana, amén de otras barbaridades que a continuación considero.

No deja de ser digno de destacar que en las Vascongadas y en la “confederación pancatalanista” esas manifestaciones no se realizaran y sí en el resto de España. Hasta tal punto ha llegado el control mental de la población y el régimen de encorsetamiento de las libertades que en las comunidades que maniatan a la población ni tan siquiera se puede organizar un movimiento de protesta contra una ley que subvierte los más elementales principios del derecho, sobre todo del derecho natural.

¿Qué es la Ley Celáa y para qué se hace?

La Ley Celáa es la novena ley de educación que se va a promulgar si una justicia en demolición, como el resto de las estructuras de Estado, no lo impide. Toca a ley por legislatura, lo cual es el colmo del despropósito y la desaparición de todo principio ordenador de lo que es un Estado que tenga como paradigma la estabilidad.

Sin un sistema unitario, estable y que de continuidad a los proyectos educativos y a la superestructura que los posibilita, no hay posibilidad de que lo que llamamos “educación” sea tal desde un plano epistemológico y desde un enfoque filosófico.

La continuidad en algo tan vital e importante como lo sea un sistema de formación de las generaciones, un entramado de transmisión cultural y humanística y una idea de la visión transcendente de la vida, con un enfoque filosófico que parta de educar en la inteligencia divergente y libre, en la formación de la personalidad como objeto vital necesario para conformar sociedades libres. Y sin ello, la pervivencia de una sociedad como hecho antropológico está condenada al fracaso. Y con ese fracaso se arrastra la demolición de todas las dimensiones de nuestro ser vital.

Pero tras la Ley Celáa hay algo más que un nuevo fracaso que será rectificado, que no corregido, por el siguiente gobierno de la extinta Nación en un girar de la noria sin que nadie adopte por fin una solución pactada con visión de Estado. Así hasta el espasmo definitivo de lo que nos quede de España si no es redefinida en poco tiempo como un INSOC orwelliano, laminando todo resto de lo que quede de nuestra memoria colectiva.

Lo que existe tras esta aberración jurídica tiene varios objetivos:

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En primer lugar liquidar cualquier atisbo de lo que resta, si es que hay en este momento algo, de educación religiosa (me refiero a la católica, claro, no a la islámica que tiene los favores de este Gobierno infame).

En segundo lugar, ahogar las posibilidades de una educación libre, nacida del derecho de las familias a educar a sus hijos según sus convicciones y elegir el tipo de educación para sus hijos. Lo cual es, no lo olvidemos, es un derecho constitucional, según reza la letra y el espíritu del artículo 27 de la Constitución y las diferentes proclamaciones de los Derechos Humanos.

En tercer lugar, dar el hachazo final al artículo 3 de la Constitución Española, que obliga al conocimiento de la lengua común por todos los españoles. Y ese conocimiento no puede entenderse como tal si no es bajo el prisma de la formación académica en esa lengua para que los alumnos adquieran los registros cultos. Cualquier otra interpretación carece de legitimidad, salvo que queramos convertir la Constitución en el pastiche que ya es, como consecuencia de la multitud de zarandeos, hasta dejarla hueca, sin valor jurídico, y carente de toda garantía de interpretación recta. Además, el hecho de que las comunidades autónomas puedan excluir con carácter general al español, lengua común de la Hispanidad (600 millones de personas) como lengua de aprendizaje, es un atentado pedagógico y jurídico, primero porque está sobradamente demostrado que el aprendizaje en lengua materna es conveniente para el desarrollo del pensamiento infantil, siguiendo a diferentes autores referenciales en esta cuestión, y segundo, porque el derecho a la lengua materna está protegido por lo criterios establecidos, por ejemplo por la Unesco.

Cuarto, porque el objetivo de este atropello no es el de dar más capacidad de decisión a las autonomías sino producir un desastre formativo, para constituir una masa de población ignorante y fácilmente dirigible y manipulable. Y es en este asunto en el que podemos entresacar los fines principales de la Agenda 2030, donde se establece el objetivo tecnológico, pero en la que se diseña la desestructuración del conocimiento humanístico para tener gentes aborregadas y adocenadas.

Y, en quinto lugar, un verdadero genocidio, pues no se puede calificar de otra manera a dejar sin atención adecuada, privando del derecho a la educación a miles de niños con necesidades severas educativas que requieren atención especializada, recursos acordes a su atención y educación especial y de personal formado para ello. Eso es un verdadero atropello al derecho de las familias y, sobre todo, al Superior Interés del Niño, protegido por el principio II de la Convención de los Derechos del Niño de 1956. Y es genocida quien avala esto porque a esos niños se les impide su autonomía personal, su supervivencia como personas con potencialidades limitadas para ser autosuficientes y su hacinamiento en aulas a las que condenan al caos, ya que esas aulas no podrán funcionar adecuadamente porque sus profesores tendrán que asistir a ese tipo de alumnado en sus necesidades primarias abandonado al resto de sus compañeros.

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Es un verdadero espanto, una patada al sentido común.

Pero cuando este tipo de cosas suceden hay que pensar en lo peor, pues no resiste un razonamiento lógico. Y lo peor es que igual es eso lo que se pretende: que las aulas sean un barullo añadido al que ya existe en un régimen escolar donde mantener la disciplina es misión imposible, donde el profesorado está devaluado, menoscabado y con la autoridad degradada, y donde la heterogeneidad abismal entre los componentes del aula, lejos del sofisma pedagógico de que enriquece, supone un obstáculo más, entre muchos otros, para que los alumnos se desarrollen en todas sus potencialidades, sobre todo los de mayores capacidades.

Y con ello, también, se busca degradar no solo los egresos educativos de la pública, que hace décadas que ha perdido su halo de prestigio y de calidad, sino extender la descomposición a los centros concertados, hundiendo a todo el sistema en el fango. Si ya el sistema educativo español está cuestionado por las evaluaciones internacionales, con esto se lo deja arrasado.

Y si la base del crecimiento de nuestras sociedades es civilización y conocimiento, mediante la Educación, qué mejor sería llamarla Instrucción, pues los hechos prácticos revelan que no es un sistema educativo sino una plataforma de orientación política; la proyección nos da una realidad espeluznante. Una sociedad convertida en masa, preparada para el nuevo globalismo donde las soberanías quedarán sometidas a los poderes ocultos, despojados de toda identidad y de idea de pertenencia a una civilización, y sus ciudadanos con una carta de ciudadanía alejada de cualquier concepto que se pueda parecer a una idea democrática.

No solamente es legítimo luchar contra esa ley sino es un requerimiento grave de conciencia, tanto individual como colectiva.