Madrid activa el servicio 112 Ocupación de atención inmediata al ciudadano

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La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio 112 Ocupación que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono 900 205 112. Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada.

La herramienta presentada hoy se encuentra en la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), cuyo objetivo es proporcionar un marco integrador de las acciones y de las políticas en materia de seguridad impulsadas por la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias autonómicas. Esta Estrategia se desarrolla en una colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social.

En la actualidad, en la región hay unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema. Con este servicio 112 Ocupación se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso de investidura en el verano de 2021.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha explicado hoy el funcionamiento de esta plataforma de asistencia e información, que está integrada operativamente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) que se encuentra en la sede del 112, y que ha entrado en funcionamiento recientemente.

El consejero ha señalado que “dentro de esta Estrategia contamos con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas. Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores”.

En las Viviendas Sociales de la Comunidad de Madrid este trámite no va a suponer un perjuicio para el ocupante habitual ni un beneficio para el usurpador, ya que, porque con las medidas dispuestas se evitan, en primer lugar, situaciones reales de desamparo, y, en segundo lugar, prolongaciones extemporáneas de la ocupación.

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Así queda establecida una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes para prevenir situaciones de exclusión residencial.

“La Comunidad de Madrid da un paso al frente, diciendo no, alto y claro a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Lo hacemos acorde a nuestro marco competencial y con pleno respeto a la legalidad vigente”, ha señalado López.

“Esta herramienta forma parte de la Estrategia de Seguridad en la Comunidad de Madrid (ESICAM179). El CECOM, que próximamente daremos a conocer de manera pormenorizada a todos los madrileños, proporcionará apoyo a la labor de las Policías Locales y agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil, tanto para la activación de planes de sus Planes, como para el desarrollo de su actividad diaria”, ha explicado.

El consejero ha dicho que el Ejecutivo autonómico crea 112 Ocupación siendo “conscientes de que la legislación estatal necesita ser reformada de manera urgente, ya que está permitiendo, gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos, se benefician injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas, ante unos hechos muy graves”.

Marcar el 900 205 112 permitirá a una persona conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de una vivienda y las posibilidades que tienen de defender su legítima propiedad ante los tribunales, así como ser objeto de la actuación y protección por parte de los cuerpos policiales. Además, podrán recibir ayuda por parte de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser ahora consideradas como tales.