Madrid exigirá al Gobierno la revisión del tope del gas por sus efectos perversos en los precios de la luz y el perjuicio a familias y empresas

Esta es una de las propuestas que el Ejecutivo autonómico remitirá al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para afrontar medidas de ahorro energético y que ha adelantado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Reivindicamos el modelo Madrid, que lo que busca es garantizar el suministro, seguir avanzando en la descarbonización y mantener nuestro crecimiento económico y la creación de empleo”, ha defendido.

En su opinión, estos “no deben estar reñidos”. “Son medidas con las que buscamos dar a los españoles respuestas que el Gobierno ahora mismo les está negando”, ha añadido la presidenta, quien ha denunciado que hasta el momento el Ejecutivo madrileño no ha recibido ningún documento ni borrador del Plan de Contingencia de Ahorro Energético que España deberá presentar ante la UE.

Efectos perversos

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha señalado que el “tope de gas es una medida mal diseñada y con efectos perversos que están pagando todas las familias y las empresas en sus facturas de la luz”. En este sentido, ha explicado que mientras que en julio el consumo en hogares y empresas ha disminuido un 23% con respecto a mayo, víspera de la entrada en vigor del tope, el uso de gas para generar electricidad se ha incrementado un 129% en ese mismo periodo
En este momento, el aumento del coste en las facturas de particulares y empresas afecta principalmente a los acogidos a la tarifa regulada por el Estado (PVPC). Sin embargo, su efecto ya está llegando a quienes están en el mercado libre cuando les corresponde renovar sus contratos.

Las propuestas que ha analizado hoy el Consejo de Gobierno, y que remitirá este miércoles al Ministerio, están encaminadas a reducir el consumo de gas, disminuir nuestra dependencia del mismo y rebajar el precio de la luz. Además, tienen en cuenta su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo, y van en la misma línea que adopta Bruselas, realizando recomendaciones y no imposiciones para el sector privado.