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El rescate financiero concedido por el Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra en 2021, una compañía con una cuota de mercado testimonial y graves pérdidas acumuladas, se presentó en su momento como una excepción justificada por la «estratégica» conectividad internacional. Sin embargo, el velo de aquella narrativa institucional ha terminado por saltar por los aires. Las recientes declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo en una entrevista concedida al comunicador Dani Esteve no hacen sino confirmar lo que muchos analistas y expertos en seguridad veníamos advirtiendo desde hace años: la inyección de capital público no respondía a criterios de viabilidad empresarial, sino a la imperiosa necesidad de mantener operativa una vía logística de altísima sensibilidad.
Según las revelaciones de Villarejo, el entramado tras el rescate de Plus Ultra esconde una operación de logística criminal a escala internacional. La aerolínea no habría funcionado únicamente como un operador comercial deficitario, sino como una pasarela aérea al servicio del régimen venezolano para el traslado de mercancías ilícitas: desde importantes cargamentos de cocaína hasta fardos de oro y brillantes procedentes del saqueo del Arco Minero del Orinoco. Bajo esta luz, los 53 millones de euros procedentes de la SEPI adquieren una dimensión infinitamente más oscura; no se trataba de salvar puestos de trabajo ni rutas comerciales, sino de asegurar la continuidad de una flota de fuselaje ancho dispuesta para el tráfico opaco entre Caracas y Madrid.
Lo que hoy emerge es apenas la punta de un iceberg institucional de magnitudes colosales. Durante años, la opacidad de los vuelos chárter, los salvoconductos diplomáticos y la relajación deliberada en los controles de equipaje y carga en el aeropuerto de Madrid-Barajas han sugerido la existencia de una red de complicidades al más alto nivel. Cuando las bodegas de los aviones comerciales se convierten en bodegas de transporte ilegal bajo el amparo o la ceguera voluntaria de los poderes públicos, el concepto de soberanía nacional queda reducido a escombros y la gestión del Estado cae de lleno en el terreno de la delincuencia organizada.
El caso Plus Ultra deja de ser así un expediente de presunta prevaricación o malversación administrativa para convertirse en una encrucijada de seguridad nacional y de responsabilidad penal. La justicia y la opinión pública no pueden conformarse con explicaciones evasivas ni con el cómodo silencio de las instituciones implicadas. Exigir la fiscalización implacable de estos hechos y señalar a sus responsables políticos e intermediarios es una obligación moral innegociable. La verdad sobre el dinero público invertido y el uso real de esas aeronaves debe prevalecer para desmantelar, de una vez por todas, la impunidad que amenaza con emponzoñar las estructuras del Estado.
El alcance de este entramado trasciende con mucho la mera corrupción administrativa o el desvío oportunista de fondos públicos. Nos encontramos ante una estructura que evidencia las dinámicas de una organización criminal incrustada en las vísceras del poder, cuyo origen y modos operandi remiten a sórdidos entornos de extorsión y desintegración moral, como los vinculados al negocio de las saunas y el chantaje subterráneo, que terminaron por colonizar las más altas esferas del Ejecutivo. Esta deriva ha emponzoñado sistemáticamente los contrapesos del Estado, transformando la arquitectura institucional en un engranaje de protección mutua donde el tráfico de influencias, la cooptación de los órganos de control y la impunidad política operan como normas de funcionamiento cotidiano.
La gravedad de la situación reside en la metamorfosis del aparato estatal en un vehículo logístico al servicio de intereses delictivos internacionales. Cuando la gestión pública se alinea con la delincuencia organizada para facilitar el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y el contrabando de recursos expoliados a través de aerolíneas rescatadas con dinero del contribuyente, la soberanía nacional queda severamente comprometida. No se trata de fallos aislados de supervisión ni de negligencias acomodaticias, sino de la implantación deliberada de un modelo de poder desprovisto de todo límite ético o legal, cuya única finalidad es el lucro ilícito y la perpetuación en la cúspide de las instituciones españolas.
Un mafioso de una organización criminal de la delincuencia común tras siglas políticas, vuelve a presentarse como candidato a las Elecciones Generales cuando ya se sabe que se trata de un delincuente de una mafia internacional de la que es parte develada. España debería hacer mucho más para defenderse de sus enemigos internos.
RES NON VERBA
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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