- Fuentes judiciales vinculan el malestar a la negativa de la asociación a respaldar públicamente a la magistrada de Badajoz; la organización justifica su postura por el origen de las informaciones y la necesidad de no prejuzgar hechos investigados
La controversia por la falta de respaldo público a Beatriz Biedma ha abierto un frente interno en Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Según fuentes judiciales consultadas, al menos una docena de miembros habría comenzado a dar pasos para abandonar la asociación después de que esta se negara a suscribir un comunicado de apoyo a la magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La decisión ha situado a la organización bajo el foco de la polémica en un momento especialmente delicado para la independencia judicial. Biedma ha denunciado presuntas maniobras de hostigamiento relacionadas con el caso que llevó al banquillo a David Sánchez, mientras la Audiencia Nacional investiga las actuaciones atribuidas a una presunta trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.
La fuente asegura que las posibles bajas responden al malestar generado por la posición adoptada por JJpD. La asociación, consultada, no facilitó el número exacto de miembros que estarían abandonándola ni ofreció detalles adicionales sobre la situación interna.
Una decisión que la asociación justifica por las filtraciones
El origen de la controversia se remonta a septiembre, cuando las secciones extremeñas de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente expresaron públicamente su solidaridad con Biedma. El comunicado aludía a las informaciones sobre posibles presiones externas e intimidaciones que habrían pretendido desacreditar su labor jurisdiccional.
JJpD decidió no sumarse al pronunciamiento. La organización sostuvo que las informaciones difundidas procedían de una filtración presuntamente ilícita de actuaciones reservadas y que algunas de las acusaciones se apoyaban en declaraciones de una persona investigada por un delito contra la salud pública. Según su posición, la veracidad de esas manifestaciones debía comprobarse en el procedimiento judicial correspondiente, sin convertirlas en fundamento de un pronunciamiento institucional.
La asociación defendió también que su postura responde a un criterio general de prudencia, no a una decisión dirigida específicamente contra Biedma. Como antecedente, recordó que había defendido a la propia magistrada en junio de 2025, cuando consideró que existían presiones debidamente acreditadas.
Sin embargo, la explicación no ha disipado la controversia. Para quienes cuestionan la decisión, la cuestión de fondo es si las instituciones y las organizaciones judiciales deben trasladar su respaldo a una magistrada que denuncia posibles intimidaciones mientras se esclarecen los hechos.
El caso llegó también al Consejo General del Poder Judicial
La división se reprodujo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 14 de octubre, diez vocales del sector conservador propusieron emitir una declaración institucional que expresara la preocupación del órgano ante las posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación denunciadas por Biedma y su entorno.
Los nueve vocales del sector progresista se opusieron a respaldar el texto. Defendieron que el Consejo debía actuar con prudencia y mantener una posición neutral sobre hechos sometidos a investigación judicial, para evitar cualquier pronunciamiento que pudiera interpretarse como una valoración anticipada de las responsabilidades.
La falta de acuerdo impidió que el comunicado se sometiera a votación. Los promotores de la iniciativa reprocharon al bloque progresista su oposición, al considerar que el texto buscaba expresar solidaridad con una magistrada y defender la independencia judicial, sin prejuzgar el resultado de la investigación.
El desacuerdo ha convertido el caso Biedma en un nuevo foco de tensión dentro de las instituciones judiciales. La disputa ya no se limita a las actuaciones que se investigan, sino que alcanza también a la forma en que las asociaciones profesionales y el órgano de gobierno de los jueces deben reaccionar ante denuncias de intimidación.
Los testimonios sobre las presuntas maniobras contra Biedma
La gravedad del caso reside en los hechos que la magistrada ha relatado ante la Audiencia Nacional. Biedma declaró el 8 de octubre como perjudicada en la causa y explicó que había sentido angustia después de conocer distintas informaciones sobre posibles actuaciones contra ella y su familia.
Según su testimonio, la responsable del colegio al que acudían sus hijas le comunicó que un hombre se había presentado allí haciéndose pasar primero por su secretario y después por su hermano. La magistrada señaló que no tenía ni secretario ni hermano, circunstancias que aumentaron su inquietud.
Biedma también relató que un abogado le advirtió de que José Luis Sáenz de Tejada, exmagistrado condenado por violencia de género y expulsado de la carrera judicial, habría contactado con personas vinculadas al clan de Los Rocho para actuar contra ella. Según la versión que la jueza atribuyó a esos contactos, el objetivo habría pasado inicialmente por presentar denuncias y querellas y, posteriormente, por «quitarla del medio».
Estas afirmaciones forman parte de los testimonios incorporados a la investigación y deben ser contrastadas por los tribunales. Sáenz de Tejada está investigado por las presuntas maniobras de hostigamiento y por los ataques públicos que habría dirigido contra la magistrada.
A ello se suma la difusión de numerosos vídeos en YouTube en los que, según la información publicada sobre el caso, el exjuez desacreditaba a Biedma con expresiones como «cínica» o «violadora de derechos fundamentales». La magistrada también declaró que le inquietó conocer que se hablaba del colegio de sus hijas.
El episodio más reciente se produjo el mismo día de su comparecencia ante Pedraz. Biedma denunció ante la Policía Nacional que Sáenz de Tejada la había seguido en coche cuando regresaba a Badajoz junto a sus hijas. El exmagistrado negó esa acusación y aseguró que se encontraba a unos 450 kilómetros, en el domicilio de su hermana en Uceda, Guadalajara. La discrepancia deberá esclarecerse con los elementos de prueba disponibles.
La independencia judicial, en el centro del conflicto
El caso ha generado respuestas distintas entre las organizaciones judiciales. Mientras varias asociaciones manifestaron su solidaridad con Biedma, JJpD defendió que no debía pronunciarse sobre hechos cuya base informativa consideraba insuficientemente contrastada. En el CGPJ, la falta de consenso impidió una declaración conjunta.
La controversia deja una cuestión institucional de fondo: cómo proteger a los jueces frente a posibles presiones e intimidaciones sin prejuzgar investigaciones abiertas ni dar por acreditadas acusaciones que todavía deben comprobarse.
En paralelo, la posible salida de afiliados añade una consecuencia interna a una decisión que ya había provocado un enfrentamiento público. La cifra de una docena de miembros procede de fuentes judiciales citadas no ha sido confirmada oficialmente por la asociación.
La investigación deberá determinar qué ocurrió, quién participó en las actuaciones denunciadas y si hubo responsabilidades penales. Entretanto, el debate sobre el respaldo a Biedma ha abierto una fractura que trasciende el caso concreto y vuelve a situar la independencia judicial en el centro de la discusión pública.
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