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La última resolución de la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), rehusando adoptar las medidas cautelarísimas requeridas por la Comunidad de Madrid para proceder al desalojo inmediato de la acampada en la Puerta del Sol, supone una claudicación lamentable. Al denegar el auxilio judicial urgente bajo el pretexto formalista de no actuar sin escuchar previamente a la Delegación del Gobierno, la Sala incurre en un ejercicio de tibieza procesal que abona el terreno al atropello de los derechos de los ciudadanos. A los magistrados que firman semejante resolución bien les convendría darse un paseo por el corazón de la capital con una pinza en la nariz, no solo para encajar el hedor de un espacio público degradado en condiciones de flagrante insalubridad, sino para presenciar el bochorno de una legalidad sometida al arbitrio de la intimidación.
El conflicto excede la mera discrepancia administrativa sobre el uso del suelo. Se trata de la ocupación ilegítima de un espacio neurálgico, la plaza de todos los españole. convertida en un dispositivo de coacción política, un estercolero de radical sectarismo tolerado por el representante del Ejecutivo en la región. La inactividad calculada de la Delegación del Gobierno no obedece a la prudencia, sino al amparo implícito de movilizaciones instrumentadas para erosionar el orden constitucional y cercar las instituciones autonómicas. Que el TSJM prefiera contemporizar con ese abandono de funciones en lugar de atajar la ilegalidad sobre el terreno consagra un peligroso precedente: la tesis de que la vulneración de las normas por parte de colectivos afectos al poder central goza de una bula jurídica vetada al ciudadano común.
Esta pasividad de la magistratura vulnera la certidumbre más elemental. Cuando los tribunales se muestran titubeantes ante el filibusterismo de la ocupación y el deterioro del espacio público, están enviando una señal devastadora al conjunto de la sociedad: el cumplimiento de la ley no se exige con rigor procesal, sino que se negocia en función de la presión callejera. Tolerar la imposición por la vía de los hechos consumados destruye el principio de autoridad y privatiza el dominio público en favor de los profesionales de la agitación.
No caben medias tintas en la defensa del Estado de Derecho. La jurisprudencia y las garantías constitucionales existen para blindar la convivencia compartida, no para ofrecer coartadas procedimentales a quien hace de la arbitrariedad su modo de actuación. Frente a esta deriva institucional de cesiones, la respuesta debe ser la aplicación inflexible del ordenamiento jurídico: la Puerta del Sol no puede ser el feudo de la impunidad política ni el TSJM el árbitro benevolente de la decadencia urbana. Es hora de restaurar la legalidad y devolver la libertad y el respeto a la España que no extorsiona, sino que trabaja.
RES NON VERBA
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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