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2.900 pisos han sido retirados del portal inmobiliario tras el decretazo de la sinvergüenza Maricarmen. En la España sometida al espectáculo diario de la Moncloa, la técnica legislativa ha sido sustituida por el espectáculo circense y el manotazo autoritario. El efecto previsible ya se ha disparado en el mercado mientras la purria social se manifiesta como un insalubre chinche sectario en la invadida Puerta del Sol.
La aprobación in extremis de dos nuevos reales decretos-ley sobre vivienda no responde a una «extraordinaria y urgente necesidad», sino a la angustia aritmética de un Ejecutivo que confunde gobernar con sobrevivir. Pretender solucionar en setenta y dos horas, mediante el parcheo normativo y el chantaje parlamentario, el colapso habitacional provocado por ocho años de negligencia e intervención no es política pública sino la impostura del nefasto gobernante que utiliza el boletín oficial, una vez más, como escudo partidista.
El primer atropello radica en el fraude mismo del recurso al decreto-ley. La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional es tajante: los problemas estructurales no habilitan la vía de urgencia del artículo 86 CE. Legislar con horizonte a cuatro años, suspendiendo lanzamientos hasta 2030 o congelando contratos hasta 2028, constituye una ley ordinaria disfrazada de urgencia para esquivar el debate parlamentario. La propia confesión de la titubeante ministra de Vivienda, reconociendo el pacto de madrugada con Sumar para evitar una cuarta derrota consecutiva en el Congreso, desnuda la maniobra: la prisa no era social; era pura y simple angustia de supervivencia.
Esta deriva no solo vulnera la arquitectura procesal, sino que embiste brutalmente contra los derechos fundamentales del Título I de la Constitución. Vaciar el contenido esencial del derecho de propiedad, obligando al particular a sostener las cargas del inmueble mientras se le despoja del uso sin indemnización alguna, excede toda función social para adentrarse en la confiscación encubierta. Muy comunista de la minoría Sumar que impone sus dictatoriales premisas siendo un partido residual útil para el sanchismo. Así sufre España la ineptitud de estos cantamañanas con la desafinada Yolanda Díaz en primera línea de estupidez política.
Asimismo, desactivar la ejecución de sentencias firmes arrolla la tutela judicial efectiva y reduce la función jurisdiccional a papel mojado. Si a ello sumamos la intromisión en el derecho civil y en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, ya denunciada e impugnada por diversas ejecutivas regionales, el resultado no es un texto normativo, sino un mamotreto inconstitucional abocado al fracaso.
Sin embargo, el rasgo más lacerante de esta tramoya no es su fragilidad jurídica, sino su colosal hipocresía moral. Mientras el discurso oficial criminaliza al inversor y enarbola la bandera del derecho a la vivienda, la realidad de los hechos, res non verba, revela un pillaje sistemático del patrimonio público. El mismo Ejecutivo que pretende prohibir la compra a fondos privados ha adjudicado desde 2018 inmuebles del Estado por más de 220 millones de euros a grandes entidades inmobiliarias. La venta del emblemático complejo de Hacienda en María de Molina para la construcción de pisos de lujo a 16.000 euros el metro cuadrado atestigua que el progresismo de moqueta actúa como agente comercial del gran capital mientras receta colectivismo y desamparo a los propietarios de a pie.
No hay solución ni solvencia en quien confunde la acción de gobierno con la propaganda de trinchera. El Decreto Chapuza llegará al Congreso sin mayoría, desprovisto de rigor dogmático y sustentado únicamente sobre la debilidad de unos socios que se aborrecen. Sánchez no construye ni gobierna: decreta, malvende el patrimonio común y enajena la soberanía del ordenamiento jurídico. Frente a la arbitrariedad que destruye el mercado y degrada las instituciones, la conciencia moral exige denunciar que ni la propiedad se confisca ni la Constitución se pisotea impunemente para salvar la votación de un viernes.
Asistiremos a los ramalazos de intolerancia y abuso hasta que no ataje taxativamente la actividad criminal de Sánchez al frente de un desgobierno con múltiuples sospechas de criminalidad. Su legitimidad es inexistente pero sigue en posesión del BOE para jugar suciamente las bazas de la continuidad ante una España que los aborrece en este suma y sigue de bandazos estafadores, buscando debilitar a la ciudadanía harta de este circo de payasos peligrosos unidos en la pista por intereses contrarios, pero obligados a entenderse en pos del saqueo conjunto de las arcas del Estado.
RES NON VERBA
Ignacio F. Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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