- El presidente atribuyó a redes rusas, israelíes y a una «internacional reaccionaria» la propagación de bulos durante la crisis, pero no hay pruebas de que esos Estados estuvieran detrás de la entrada masiva; la relación con Marruecos sigue siendo uno de los grandes interrogantes
La explicación ofrecida por Pedro Sánchez sobre la crisis migratoria de Ceuta ha abierto un nuevo frente político y diplomático. Mientras el Gobierno continúa defendiendo que la desinformación difundida en redes desempeñó un papel relevante en la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, el presidente ha señalado públicamente a Rusia, Israel y una supuesta «internacional reaccionaria» como parte del ecosistema que habría contribuido a alimentar esos mensajes.
La tesis ha generado desconcierto en círculos europeos y ha obligado posteriormente a introducir matices. Sánchez afirmó primero que redes vinculadas a Rusia e Israel habían participado en la difusión de los contenidos que alimentaron la movilización. Sin embargo, ante el Congreso precisó que los servicios de inteligencia españoles no disponían de pruebas que permitieran atribuir a esos Estados la organización directa de la entrada masiva en Ceuta.
La diferencia no es menor. Una cosa es acreditar que determinados actores aprovecharon posteriormente una crisis para difundir propaganda o desinformación y otra muy distinta demostrar que participaron en su preparación o desencadenamiento.
La propia información disponible permite distinguir ambos planos. Existen registros de mensajes falsos o manipulados difundidos antes y después de los acontecimientos, y distintos análisis han identificado actividad de cuentas relacionadas con ecosistemas informativos rusos y proisraelíes. Pero la investigación sobre el origen exacto de la entrada masiva continúa abierta y no existe una prueba concluyente de que Rusia o Israel la provocaran.
La pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió en la frontera?
La controversia resulta especialmente incómoda porque deja pendiente una cuestión central: qué papel desempeñó Marruecos en los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.
Sánchez ha defendido públicamente la actuación de Rabat y ha descartado que Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva. Según su versión, las autoridades marroquíes ofrecieron una «cooperación instantánea» a España.
Sin embargo, distintos análisis y documentación conocidos durante las últimas semanas han situado el comportamiento de las fuerzas marroquíes en el centro de las dudas. Un informe elaborado sobre la crisis recoge indicios de permisividad policial durante las horas de mayor presión fronteriza y testimonios de personas que aseguran que efectivos marroquíes permanecieron pasivos o incluso dirigieron a quienes intentaban acceder a Ceuta hacia determinados puntos de la frontera.
La cuestión está lejos de estar cerrada. Precisamente por eso resulta especialmente relevante que el Gobierno haya elegido poner el foco político sobre actores internacionales mientras la responsabilidad exacta de Marruecos continúa siendo objeto de análisis.
Rusia exige pruebas
Las acusaciones presidenciales provocaron una respuesta inmediata de Moscú. El Gobierno ruso negó cualquier participación en la crisis y reclamó a España que aportara pruebas que sustentasen las afirmaciones de Sánchez.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, exigió datos concretos y verificables y sostuvo que una acusación internacional no puede sostenerse únicamente sobre afirmaciones políticas. Rusia ha insistido en que, sin pruebas que acrediten esa participación, no existe base para aceptar las acusaciones formuladas desde Madrid.
Israel también ha rechazado las acusaciones españolas y ha cuestionado el relato de Sánchez. La tensión diplomática se produce además en un momento en que las relaciones entre el Gobierno español y el Ejecutivo israelí atraviesan desde hace tiempo una etapa especialmente deteriorada.
En Bruselas preocupa que una crisis fronteriza de dimensión europea termine convirtiéndose además en un nuevo foco de enfrentamiento internacional. Las instituciones comunitarias sí han constatado actividad de redes extranjeras intentando aprovechar la situación, pero esa constatación no equivale a demostrar que esas mismas redes desencadenaran la crisis.
Lo que sí está acreditado: una campaña de desinformación
La existencia de desinformación alrededor de la crisis, en cambio, sí cuenta con elementos documentales.
Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras analizó cómo distintos mensajes circularon por Facebook, Instagram, TikTok y posteriormente por grupos cerrados de WhatsApp. Entre ellos figuraban interpretaciones falsas de una sentencia del Tribunal Supremo, mensajes sobre una supuesta regularización extraordinaria y contenidos que presentaban la frontera como abierta o especialmente vulnerable.
También se han documentado campañas posteriores destinadas a explotar políticamente la crisis. La Comisión Europea ha confirmado que se detectó actividad vinculada a redes rusas tratando de sacar partido de la situación, aunque las instituciones comunitarias han diferenciado expresamente entre aprovechar una crisis y haberla provocado.
Ese matiz es precisamente el que deja al Gobierno de Sánchez ante la principal dificultad de su relato.
Puede sostener que hubo desinformación. Puede señalar que determinados actores extranjeros intentaron amplificarla. Pero para convertir esa constatación en una acusación de responsabilidad sobre la génesis de la crisis hacen falta pruebas adicionales.
Un relato que no despeja las dudas sobre la gestión española
La controversia internacional tiene además una lectura interna. La llegada masiva de inmigrantes desbordó la capacidad de respuesta de Ceuta y provocó durante semanas una fuerte presión sobre los servicios públicos, la seguridad y el sistema de protección de menores.
La oposición ha cuestionado repetidamente la actuación del Gobierno antes, durante y después de la crisis, mientras sectores del propio PSOE ceutí han reclamado más información y medidas extraordinarias.
El Ejecutivo sostiene que continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido y que la investigación sobre la desinformación forma parte de esa tarea. Pero explicar la existencia de bulos no resuelve por sí mismo las preguntas sobre la frontera.
Ni explica por qué decenas de miles de personas pudieron concentrarse en tan poco tiempo.
Ni determina qué grado de permisividad existió al otro lado de la frontera.
Ni responde por completo a las dudas sobre la preparación del dispositivo español.
Ni justifica por qué la prioridad política del Gobierno parece haberse desplazado desde la gestión de la emergencia hacia la identificación de culpables externos.
La cautela que exige una acusación de esta dimensión
La responsabilidad del Estado en una crisis fronteriza obliga a separar con precisión tres cuestiones distintas: la existencia de desinformación, la explotación posterior de esa desinformación y la autoría de la propia entrada masiva.
Las dos primeras cuentan ya con indicios y documentación. La tercera continúa sin una respuesta definitiva.
Por eso, atribuir a Rusia o Israel la organización de la crisis sin pruebas concluyentes sería ir más allá de lo que permiten los datos conocidos.
El Gobierno tiene ahora una obligación elemental: explicar qué sabe, qué no sabe y qué pruebas respaldan cada una de sus acusaciones.
Porque cuando está en juego una frontera española, la seguridad de los ciudadanos y la soberanía nacional, un Ejecutivo no puede sustituir la rendición de cuentas por un relato político.
La crisis de Ceuta todavía tiene demasiadas preguntas abiertas.
Y ninguna de ellas se resuelve simplemente preguntando qué pintan Rusia e Israel.
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