- El juez de la Audiencia Nacional incorpora la causa instruida en Madrid y podrá avanzar sobre un entramado que la Fiscalía vincula indiciariamente a cargos del PSOE. La posible imputación del partido como persona jurídica añade un frente de máxima gravedad para Ferraz.
La investigación sobre las presuntas cloacas vinculadas al PSOE afrontará una nueva fase después del verano y elevará previsiblemente la presión judicial sobre Ferraz. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz asumirá en solitario las pesquisas tras incorporar la causa que hasta ahora instruía el magistrado madrileño Arturo Zamarriego, una decisión que despeja el camino para ampliar unas diligencias que ya han alcanzado a altos cargos de las instituciones del Estado.
La causa se centra en la posible existencia de una «estructura paralela» vinculada al entorno socialista y destinada, según la hipótesis investigadora, a actuar sobre procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado en uno de sus escritos que en el procedimiento aparece «indiciariamente perfilada» la posible responsabilidad de miembros o cargos vinculados al PSOE durante la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización.
Hasta ahora, Cerdán constituye uno de los principales puntos de conexión de la investigación. Según la Fiscalía, habría puesto bajo la «batuta» de Leire Díez una estructura destinada a «neutralizar» causas judiciales que comprometían al partido. Se trata de afirmaciones formuladas en el marco de una investigación todavía abierta y cuyo alcance penal deberá determinar el juez.
Una investigación que alcanza a las instituciones del Estado
El alcance de las diligencias ya ha desbordado el ámbito estrictamente partidista. La investigación analiza presuntas actuaciones que habrían afectado a instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Guardia Civil.
La actual cúpula de la Guardia Civil figura como investigada en la causa por su presunta participación en actuaciones dirigidas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigaban al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El procedimiento examina igualmente reuniones mantenidas por Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la sede de la Fiscalía General del Estado, encuentros cuya relevancia está siendo analizada por el juez.
Según la declaración del fiscal Diego Villafañe, estos contactos se produjeron con conocimiento del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La trascendencia y eventual responsabilidad penal de esas actuaciones tendrán que ser determinadas durante la instrucción.
La incorporación al procedimiento de la investigación que dirigía Zamarriego constituye ahora uno de los principales movimientos procesales. Tras varios meses de espera, el magistrado madrileño ha accedido a que Pedraz continúe las pesquisas en solitario y concentre en la Audiencia Nacional los hechos investigados en ambos procedimientos.
La resolución de Zamarriego añade un elemento especialmente relevante al señalar la posible existencia de personas con «mayor nivel de jerarquía» que Leire Díez dentro del entramado. Esa referencia abre la puerta a que la investigación ascienda por la cadena de responsabilidad política y orgánica.
El móvil de Juanma Serrano, nueva pieza clave
Entre las diligencias que mantienen el foco del juez Pedraz figura además el teléfono móvil del expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano.
Serrano entregará previsiblemente su terminal al magistrado la próxima semana después de que hayan aparecido numerosas conversaciones mantenidas con Leire Díez. Los mensajes adquieren especial relevancia porque parte de ellos corresponden a abril de 2024, coincidiendo con el periodo en el que Pedro Sánchez se retiró temporalmente de la actividad pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno tras la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez.
Es precisamente ese periodo el que el juez sitúa como uno de los posibles puntos de origen de la operativa actualmente investigada. El contenido del teléfono deberá ser analizado para determinar qué contactos se produjeron, quién los impulsó y cuál pudo ser su finalidad.
El PSOE, ante la posibilidad de responder como persona jurídica
Uno de los escenarios que más inquietan políticamente al PSOE es la posibilidad de que el partido termine siendo investigado formalmente como persona jurídica.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de que el procedimiento contiene indicios que podrían proyectar responsabilidad sobre personas vinculadas a cargos designados durante la gobernanza socialista. La hipótesis que deberá esclarecerse es especialmente sensible: si el propio partido financió o facilitó una estructura destinada a intervenir en asuntos judiciales que afectaban a sus intereses.
Los informes de la UCO citados en la investigación cifran en más de 43.000 euros los pagos realizados por el PSOE a Leire Díez. La Fiscalía sostiene que esos desembolsos deben analizarse en relación con las actuaciones que la exmilitante habría desarrollado para intentar «desestabilizar» investigaciones que afectaban al partido y al Gobierno.
Por ahora, se trata de extremos investigados judicialmente y no de hechos declarados probados por una sentencia.
Pero el mero hecho de que una de las principales formaciones políticas del país aparezca bajo la lupa de la Audiencia Nacional por la eventual financiación de una estructura destinada a interferir en procedimientos judiciales constituye ya un asunto de extraordinaria gravedad institucional.
La instrucción entrará en una fase decisiva tras el parón estival. Pedraz reunirá ahora materiales procedentes de dos investigaciones, tendrá acceso a nuevos terminales y testimonios y podrá profundizar en la cadena jerárquica que, según las hipótesis de la Fiscalía y de los investigadores, podría encontrarse por encima de Leire Díez.
El interrogante de fondo es tan sencillo como grave: hasta dónde llegaba esa estructura, quién la dirigía y quién la financiaba. Las respuestas deberán salir de la investigación judicial. Pero el hecho de que las pesquisas hayan alcanzado ya a personas vinculadas a las cúpulas de la Guardia Civil, la Fiscalía y el PSOE convierte el caso en uno de los principales frentes judiciales abiertos sobre el poder político en España.
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