15/08/2026 06:14
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¿Cómo si no entender que advertido el Gobierno, optase por no hacer absolutamente nada? España no sufre una invasión consentida por casualidad, sino por la calculada ejecución de una política rendida a la mediocridad. Cuando la jefatura de un Gobierno recibe con antelación los informes de sus propios servicios de inteligencia y, lejos de blindar el territorio, decide mirar hacia otro lado con calculada condescendencia, no estamos ante la torpeza inocente de un principiante. Estamos ante la consciente subordinación de la soberanía nacional a cambio de comprar unas horas más de tranquilidad en el coche oficial.

El Gobierno ha cesado a la funcionaria de Seguridad Nacional que informó sobre la invasión de Ceuta. Así funciona el rodillo de una corrupción que pone en jaque la Seguridad Nacional y a cuanto honrado funcionario le importa cumplir con su cometido de prevención.

El verdadero problema es que llevados en volandas, seguramente fruto de una oscura estrategia de confusión cuyas consecuencias ya están planificadas, a la radicalización de las problemáticas concernientes con la Seguridad Nacional, una vez acostumbrados a la anormalidad todo es posible en este salto dimensionado de disfuncionalidad institucional; de manipulación grotesca desde la mala intención de un poder harto corrupto con múltiples indicios de criminalidad. En tanto siga sin extirparse el cáncer, la metástasis es irreversible e irá a peor.

Pedro Sánchez ha convertido la frontera sur en una mesa de póker donde subasta la dignidad del Estado. Pretende vender como «diplomacia de altura» lo que en cualquier país con un mínimo de decoro institucional se califica abiertamente como chantaje geopolítico. Rabat conoce al milímetro la fragilidad del personaje y explota sin piedad su pánico a la confrontación. La verdadera intención que subyace en esta pasividad calculada no es la prudencia ni la defensa de los derechos humanos, sino la cobardía de un Ejecutivo que prefiere tolerar la vulneración de sus límites territoriales antes que asumir el coste político de ponerse de pie y decir «hasta aquí».

Resulta insoportable la soltura con la que se desampara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abandonados en primera línea sin respaldo ni medios, mientras desde los despachos de La Moncloa se redactan argumentarios vacíos para justificar el desastre. Se condena a Ceuta y Melilla a la incertidumbre perpetua y al temor cotidiano, todo bajo el manto infame de una superioridad moral de salón que confunde la contención estratégica con el servilismo voluntario. Es el triunfo de la narrativa sobre la realidad: adornar la capitulación con palabras grandilocuentes para que el ciudadano no perciba la humillación.

Pero la gravedad de la maniobra trasciende la mera cobardía fronteriza para adentrarse en la ingeniería demográfica. Bajo el paraguas de leyes de ingeniería social como la mal llamada «ley de nietos» o la flexibilización de accesos a la nacionalidad, se intuye una estrategia de fondo mucho más turbia: la alteración progresiva del censo electoral para fabricar votantes afines a la causa socialcomunista. No hay escrúpulos ni límites éticos cuando el único fin es sustituir la voluntad soberana del pueblo español por una clientela dependiente que garantice el poder perpetuo. Cuando la sospecha deja paso a la evidencia, lo que asoma no es incompetencia, sino una clara intencionalidad encaminada a desmantelar los contrapesos del Estado de derecho desde dentro.

Ante este pozo delictivo sobre el que se cimenta una carrera política nacida de la trampa y la manipulación, solo cabe la firmeza de la justicia. Los tribunales y las instituciones soberanas tienen el deber moral de ahondar hasta las últimas consecuencias en este entramado antes de que sea demasiado tarde y las reglas del juego queden completamente viciadas. Quien entrega las llaves de su propia casa por temor a incomodar al vecino de enfrente no está gestionando un país; está liquidando su soberanía por entregas. Un Estado que no se respeta a sí mismo no puede exigir que lo respeten desde fuera, y España no puede permitirse que la capitulación se convierta en su norma constitucional.

RES NON VERBA

Autor

Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.

Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela

Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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JOSE

Hace mucho tiempo que todo esto es solo un guion escrito y bien calculado. Lo más indignante es el absoluto abandono por parte de las fuerzas que pueden y deben defender la unidad de España, como así lo han jurado. Y del Borbón que decimos…Los argumentos que se ponen encima de la mesa de que su figura es tal o cual, ahora, en estos momentos carecen de sentido, la situación es gravísima, y por tanto, su figura y su papel deben ser mas contundentes, por eso es el Jefe del Estado, de lo contrario, para que queremos una institución que cuesta unos buenos dineros? Se los podríamos dar a Marruecos para que sigan armándose

Última edición: 9 días hace por JOSE
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