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Que el Tribunal Supremo tenga que dictaminar que cortar la luz y el agua a un okupa no constituye un delito de coacciones es, a la vez, un leve alivio y un retrato desolador de nuestra degradación moral. Durante años, la ingeniería del absurdo obligaba al propietario despojado de su hogar a financiar religiosamente la fiesta, los baños calientes y la calefacción de sus propios usurpadores, bajo la kafkiana amenaza de acabar en el calabozo si se atrevía a cerrar el grifo. Hemos vivido bajo una anomalía jurídica sin parangón que consagraba el parasitismo como derecho constitucional y convertía al ciudadano trabajador en el siervo sumiso de su propio verdugo.
Esta aberración fue defendida por Javier Ruiz y Sarah Santaolalla. Instigando a la violencia contra los tribunales, al margen de la ley si así se colige el llamamiento incendiario contra los jueces.
Por supuesto, los sembradores de la cizaña oficial y las mafias de la patada en la puerta ya se rasgan las vestiduras ante lo que consideran un intolerable atropello a sus privilegios de diseño. Se les empieza a agrietar el sucio negocio del chantaje de la vulnerabilidad sobrevenida, esa farsa que utiliza a menores o falsifica situaciones de exclusión para prolongar secuestros patrimoniales durante años ante la mirada impasible de la justicia. Sin embargo, la hipocresía del sistema sigue intacta porque, a pesar de este mínimo destello de cordura, el expoliado sigue obligado a pagar la hipoteca, el IBI y las cuotas de una comunidad de vecinos que sí le exige cumplir sus deberes bajo la amenaza del embargo.
Esta sentencia no es el final de la batalla, sino apenas el primer zarpazo de sentido común contra la impunidad decretada que ha dejado indefenso al ciudadano honrado. La verdadera civilización se mide por su capacidad para proteger el esfuerzo de quien trabaja, no por su destreza para mimar la delincuencia de quienes, tras destrozar y vandalizar una propiedad ajena, se marchan impunes declarándose insolventes. Menos demagogia barata de despacho y más protección real: los derechos deben ser para quienes cumplen con sus deberes, y quien no sea capaz de entender algo tan elemental pertenece, sencillamente, al bando de la barbarie.
Pero claro, ¿cómo vamos a exigir orden en las calles si la impunidad se diseña y se alienta desde la mismísima cúspide del poder? Cuando la maquinaria de propaganda oficial se queda sin argumentos jurídicos para defender lo indefendible, recurre invariablemente al manual de la intimidación. Ver a periodistas de cabecera como Javier Ruiz o Sarah Santaolalla insinuar con total desparpajo que «las calles arderán» como respuesta a la acción de la justicia contra Begoña Gómez o el hermano de Sánchez no es más que el enésimo intento de blindar el fango de la Moncloa mediante el chantaje del desorden público. Sugerir que la aplicación de la ley a los allegados del Presidente debe detenerse para evitar la ira de la izquierda es una declaración de sumisión democrática intolerable, una coacción mafiosa disfrazada de análisis de actualidad que retrata a quienes la formulan.
Qué repugnante cinismo de los bocazas apesebrados, quienes se pasaron años exigiendo escrúpulos y ejemplaridad pública y ahora consideran que investigar presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación o corrupción en los negocios es una «persecución intolerable». Para este coro de portavoces pagados, la justicia solo es legítima cuando apunta al adversario; si se acerca al clan gubernamental, de repente se convierte en un complot judicial que justifica incendiar la convivencia. Su miedo no es a la injusticia, sino a que la verdad se abra paso por encima de sus relatos cocinados, de sus encuestas de diseño del CIS y de sus redes de protección mediática.
Que quienes agitan el fantasma del desorden público y la revuelta asuman, de una vez por todas, las consecuencias penales de su chantaje es una exigencia mínima de supervivencia. Si la izquierda mediática y sus terminales deciden dar el paso de sembrar la violencia para frenar la acción de los jueces, la respuesta del Estado no puede ser el repliegue melancólico, sino el peso absoluto y riguroso de la ley. Las porras antidisturbios, las detenciones y los calabozos no están para amedrentar al ciudadano que sufre el expolio y el abuso, sino para neutralizar con toda la contundencia legítima a quienes pretenden subvertir el orden constitucional mediante la algarada.
El llamamiento a la violencia, la apología del caos y la coacción a los tribunales desde los micrófonos públicos deben ser perseguidos y pagados penalmente, sin que el carné de periodista de régimen o la cercanía al poder sirvan de salvoconducto. Es hora de que el miedo cambie de bando y de que los sembradores de cizaña descubran que el monopolio de la fuerza legítima pertenece al Estado de Derecho, no a sus hordas de diseño. Frente al chantaje de la turba organizada y la complicidad de quienes la alientan desde los platós, solo cabe la firmeza implacable de las fuerzas de seguridad y el castigo judicial más severo. Que cada instigador asuma el coste de sus palabras. No hay democracia sin orden, ni libertad sin consecuencias para los que promueven la barbarie.
Pedro Sánchez debe sewr detenido.
RES NON VERBA.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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