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La maquinaria de propaganda de La Moncloa no improvisa sus consignas; las calcula milimétricamente para anestesiar a la opinión pública. La insistencia con la que figuras como Óscar López o el propio Pedro Sánchez repiten de forma chulesca que el PSOE gobernará en 2027, en 2031 y más allá, no constituye un mero brote de optimismo electoral. Estamos ante una operación psicológica de manual, una ventana de Overton sospechosa, diseñada para normalizar lo inaceptable y forzar la asimilación colectiva de que toda resistencia democrática es inútil y de que su permanencia en el poder es inevitable.
No confían en la gestión, ni en la aprobación real del ciudadano, ni en la marcha de un país asfixiado. Esa avidez y seguridad arrogante con la que miran al calendario a largo plazo delata algo mucho más oscuro: la absoluta confianza en una maquinaria de fraude que están legitimando a través de decretazos para asegurarse la compra de votos, las afinidades sectarias y el reemplazo o añadido masivo del censo electoral.
Todo esto sucede cuando se descubre que Koldo García mintió ante el Tribunal Supremo negando que tuviera el número de teléfono personal de Pedro Sánchez. Las investigaciones han encontrado en la agenda el número personal de Pedro Sánchez nombrado como Número 1. En otro país saldría esposado el corrupto con la cabeza metida por el bajo cerebelo sujetado firmemente por la policía. En otro país, consciente de la dignidad y el honor frente a la delincuencia política , una organización criminal sería detenida en operación policial armada, proporcional al índice delictivo supurado desde el poder corrompido. Aquí todavía se procura seguir las reglas del juego que el PSOE ha reventado sin escrúpulos, sospechos de todo delito del Código Penal.
El blindaje de este proyecto de permanencia indefinida busca la alteración estructural del tablero de juego, definitivamente. La alarmante denuncia interpuesta ante la Junta Electoral Central respecto a la manipulación del censo electoral mediante el uso desmedido de las leyes de nacionalidad es la prueba de cargo. Cuando la amnistía inconstitucional se confirma como una burda transacción mercantil para comprar votos y retener el poder, y no como la farsa de la concordia que intentaron vender, se certifica el engaño masivo a la nación. Utilizar la integridad territorial y el orden constitucional como moneda de cambio es la degradación absoluta de la política, rebajada a un mero mercadeo de intereses particulares para blindar la impunidad de unos pocos. Santos Cerdán no debería estar en la cárcel solo por la corrupción conocida. Sánchez tampoco.
El desgobierno criminal maneja presupuestos enormes en organismos convertidos de facto en un instrumento político y de corrupción. La reciente acción judicial del Juez Pedraz imputando en un solo día a 25 personas ligadas a la cúpula de sectores estratégicos del Estado destapa lo que ya era un secreto a voces: no estamos ante casos aislados de mangantes, sino ante una trama y una organización criminal bien estructurada y organizada que cuenta con la absoluta confianza del líder del sanchismo.
Frente a una organización criminal que secuestra el Gobierno de España y utiliza el Boletín Oficial del Estado para autolegitimarse por fraude electoral, la respuesta ya no puede ser meramente dialéctica. La acción judicial taxativa e independiente es la última línea de defensa. Es el imperio de la ley, ejecutado con la máxima firmeza por los tribunales, el que debe frenar en seco este asalto continuado y exigir la detención de toda la organización criminal todavía en poder del BOE.
RES NON VERBA.
Autor

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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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