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Asistimos al último festival de aspavientos organizado por las terminales mediáticas de La Moncloa ante la inminente decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto al juez Juan Carlos Peinado. Incapaces de digerir la independencia judicial, los trileros del relato oficialista han entrado en un estado de histeria colectiva tan cómico como ilustrativo. Su última hazaña consiste en exigir al órgano de gobierno de los jueces que sancione o desavenga al magistrado, basándose en una manipulación tan burda del texto de su auto que produce una profunda vergüenza ajena. Pero como uno ya está de vuelta de estas estrategias de distracción de masas, conviene impartir una lección gratuita de Derecho, simplemente porque la verdad lo vale. Y porque nosotros lo valemos.
El problema es que periodistas como Marhuenda se tragan el anzuelo y este califica de desafortunada frase y digresión innecesaria el contenido impecable del auto. Por tragar el cebo, hasta la propia Policía Nacional. ¿Cómo es posible tan poca reflexión, seguir el juego que forma parte de la intencionalidad de quienes vuelven a sembrar cizaña contra la justicia independiente?
Fernando Grande Marlaska ejerce de mamporrero con la peregrina excusa, oportunismo miserable, de que el juez Peinado ha ofendido a la Policía. Nada más lejos de la verdad. La trampa que le tienden al CGPJ es sutil pero perversa, y consiste en utilizar el prestigio del propio órgano de gobierno de los jueces para validar una mentira política. Si el Consejo cayera en la argucia de expedientar o reprender al juez Peinado por esa frase del auto, no estaría sancionando una infracción disciplinaria; estaría comprando el relato falso de Moncloa de que el juez «insultó» o «acusó» a la Policía.
El gran caballo de batalla que el sanchismo pretende elevar al CGPJ es la infamia de que el Juez Peinado «ataca» y «acusa» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ser cómplices de una hipotética elusión de la justicia. Hay que tener un cuajo monumental —o un alarmante analfabetismo procesal— para sostener semejante patraña. Pretenden transformar una elemental y prudente regla de lógica legal en un agravio institucional. Y parece que algunos se prestan al engaño , si es que no forman parte del engaño.
Vamos a explicárselo despacio a los estrategas de Moncloa y a los escandalizados con escasa comprensión de texto legal, a ver si entre eslogan y eslogan logran asimilarlo antes de que el CGPJ ponga las cosas en su sitio. El razonamiento del auto respecto a la infraestructura policial es de una ortodoxia técnica impecable:
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El cumplimiento del deber no es delito: Si a un investigado con un altísimo perfil e influencia institucional no se le retira el pasaporte, la Policía Nacional y sus servicios de escolta tienen la obligación legal e institucional de proteger sus movimientos y facilitar sus traslados.
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La paradoja procesal: En el caso de que se produjera una salida del país, los agentes que acompañan al investigado no estarían cometiendo ningún delito, ni prevaricando, ni cooperando ilícitamente en una fuga. Estarían, simple y llanamente, cumpliendo órdenes y ejerciendo sus funciones reglamentarias. Asimismo, los superiores jerárquicos si recibiesen órdenes. Contemplar el supuesto de los agentes en cumplimiento del deber si no se retira el pasaporte no sería nada anormal y en absoluto supone un ataque a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
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La necesidad de la medida: He aquí la exquisita ironía que la factoría de relato gubernamental es incapaz de asimilar: es precisamente porque la Policía cumple la ley de forma escrupulosa, por lo que la ausencia de un auto de retirada de pasaporte acabaría facilitando de manera involuntaria la movilidad del investigado. Sin esa limitación judicial, la escolta oficial no tendría base legal alguna para impedirle marchar.
Por lo tanto, el auto del Juez Peinado no sitúa ninguna sospecha de corrupción en la policía —como maliciosamente intenta colocar el relato gubernamental para fabricar su enésimo victimismo—, sino que subraya la imperiosa necesidad de que sea el juzgado quien intervenga limitando los derechos de salida. Es la ausencia de la medida cautelar lo que genera el riesgo procesal, no el uniforme de quien escolta.
Que el sanchismo pretenda presionar al CGPJ utilizando esta burda tergiversación textual demuestra el grado de descomposición intelectual de un Ejecutivo acorralado por los indicios del sumario. Jueguen a la confusión de masas todo lo que quieran y estiren su narrativa hasta el absurdo; pero ante la frialdad del texto legal, la lógica formal y la superioridad moral de la verdad jurídica, su relato siempre termina en el suelo. Esperemos que el CGPJ actúe con la dignidad técnica que a otros les falta aunque eso de reunirse el domingo, lo nunca visto, ya es un exponencial alarmismo de que ha calado un alarmismo innecesario, tragándose un sapo de Pedro Sánchez.
Si se expedienta al juez Peinado se estará cometiendo una injusticia de tal calibre histórico, como para dudar de la intenciones de la propia Justicia.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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