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¿Por qué el PSOE en pleno ataca sistemáticamente a la policía y a los jueces? La respuesta es tan incómoda como evidente: se comportan exactamente con la misma actitud defensiva que adoptan los delincuentes ante la ley conculcada.
Usemos el sentido común ante la evidencia criminal:
La única diferencia real entre el hampa común y esta deriva oficialista no es de índole moral, sino de poder. Si los delincuentes comunes gozaran de la impunidad de las instituciones y tuvieran el resorte de arremeter contra los jueces encargados de investigarlos ante la abrumadora evidencia criminal, actuarían exactamente igual que lo hacen hoy el socialismo y sus cómplices.
Lo harían con la misma chulería, la misma autosuficiencia y la psicopática prepotencia de un Pedro Sánchez que se cree flotar por encima del bien y del mal. Al haberse adueñado de todos los engranajes del Estado, utilizan la maquinaria de la corrupción para golpear el corazón de la judicatura, convirtiendo el abuso criminal en una rutina diaria del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Asistimos a una inversión perversa de los valores democráticos donde el banquillo de los acusados pretende juzgar al estrado judicial. No se trata de una estrategia de defensa jurídica aislada, sino de un plan premeditado de demolición institucional; una huida hacia adelante donde las siglas del partido actúan como una patente de corso para neutralizar cualquier fiscalización independiente. El sanchismo ya no busca defender su inocencia mediante el derecho, sino imponerla mediante la coacción mediática y el asalto a los contrapesos del Estado.
Esta anomalía democrática se sostiene gracias a una red de estómagos agradecidos y terminales mediáticas que actúan como cómplices necesarios, encargados de blanquear el atropello y criminalizar al funcionario que cumple con su deber. Al otrto lado están los jueces siniestros que se benefician de la organización criminal desde el Tribunal Constitucional intentando que encajen los delitos en un artificio de nuevas legalidades. La chulería gubernamental es, en realidad, el síntoma de una profunda cobardía política: la de quienes saben que, desprovistos del escudo del poder público, sus actos no resistirían el más mínimo asalto de la legalidad ordinaria. Prefieren, por tanto, dinamitar el edificio entero de la judicatura antes que someterse a las reglas del juego que obligan al resto de los mortales.
Cuando el legislativo y el ejecutivo se transforman en el escudo protector de la sospecha penal, el sentido común nos obliga a dejar de mirar las siglas políticas y empezar a analizar las conductas bajo el estricto prisma del código criminal. La demolición del marco constitucional ya no se esconde; se publica a diario con membrete oficial ante la mirada de una ciudadanía que asiste, atónita, a la normalización del atropello.
Ignacio Fernández Candela
Autor

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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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