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En la historia democrática de España se han cruzado muchas líneas rojas, pero lo que revela el último sumario judicial cruza la frontera de lo meramente intolerable para adentrarse en el terreno de la impunidad criminalizada. La utilización de la cúpula de la Guardia Civil como un escudo balístico para proteger las vergüenzas de un partido político y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no es una sospecha: es una realidad constatada por los propios hechos. Mercedes González no puede aguantar ni un minuto más en su puesto sin seguir manchando el honor de una institución que tiene el servicio y la lealtad a la patria como primera orden de fuego.
El entramado destapado es propio de una novela de espionaje de tercera división, pero con consecuencias institucionales devastadoras. Leire Díez, identificada como la fontanera socialista a las órdenes de Santos Cerdán y el aparato de la Moncloa, presumía de tener línea directa y una confianza ciega con la actual directora general de la Guardia Civil. Según el sumario, Mercedes González se alió con Díez para perpetrar una de las mayores traiciones internas que se recuerdan: boicotear, perseguir e investigar a los propios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que estaban cumpliendo con su deber constitucional de investigar la corrupción del Ejecutivo, concretamente en el espinoso caso Hidrocarburos.
Los méritos de Mercedes González para ocupar tan alta dignidad se reducen al carné de afiliada del PSOE y a una trayectoria de fontanería en la política madrileña. Su nombramiento, ejecutado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, inhabilita de inmediato a sus proponentes. Ambos ministros deberían presentar su dimisión fulminante por haber colocado en la cúspide de la Benemérita a quien, en lugar de proteger a la policía judicial, recibió al menos en tres ocasiones a una emisaria del partido para intentar taponar las filtraciones y destruir el rastro de las pesquisas que cercan al entorno presidencial.
La prueba de cargo que destruye cualquier atisbo de inocencia ha sido aportada por la propia UCO. La directora general de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes cada 24 horas en sus conversaciones de chat con Leire Díez, donde presuntamente se intercambiaba información obtenida de forma ilícita sobre las investigaciones en curso. En el contexto de un proceso judicial, el borrado sistemático es el síntoma inequívoco del culpable: la necesidad imperiosa de destruir el rastro porque se sabe que lo que se comparte es ilegal y altamente comprometedor. Jamás en la historia de España se había visto a la máxima autoridad del cuerpo persiguiendo a sus subordinados para blindar las terminales de la corrupción gubernamental. La cúpula ha sido asaltada por el sectarismo, y la única respuesta digna ante la gravedad de los hechos es la depuración judicial inmediata de quienes pretendieron usar el tricornio como el último parapeto de su impunidad.
Todo sea que los mismos agentes de la Guardia Civil a los que desprotegieron y traicionaron, y probablemente asesinaron dejándoles en indefensión absoluta ante los homicidas, sean los que practiquen las detenciones de esta miserable caterva de desalmados y criminales.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 16 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Fue propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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