Cuando los criminales evolucionan con impunidad traspasando las líneas de la ley sin que nada los pare, sucede que se envalentonan con chulesca grosería contra el Estado de Derecho y manipulan los conceptos de la Justicia para convertir a los jueces díscolos en enemigos de la democracia. Es una transformación que el desgobierno criminal de Sánchez ha practicado contra los valores tradicionales para demonizarlos, convertir el delito en legalidad y anatematizar la legalidad para identificarla como fuera de la ley. Un ensayo de ingeniería social que ha cuajado por la falta de reacción de una España estafada de continuo pero incapaz de reaccionar. Así que no debería indignarnos sin sentir vergüenza propia el ataque masivo contra las libertades, los derechos elementales, la jefatura del Estado y a la propia identidad de la Justicia toreada malévolamente por criminales de tres al cuarto, que disfrazados de política se han convertido en omnipotente maldición que también experimentan los magistrados si contravienen los planes fulleros del sátrapa monclovita.
Ante los ataques del desgobierno Frankenstein, los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) expresan su respaldo al juez Manuel García-Castellón. El Gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto en la diana ay los jueces han reaccionado expresando que se está socavando el Estado de derecho. Este respaldo surge a raíz de las acusaciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien cuestionó la imparcialidad del juez en sus decisiones. Un señalamiento público al estilo de Aizpurúa cuando marcaba el próximo objetivo de ETA, no obstante son cómplices blanqueados de un gobierno ofensivo contra la legalidad.
La APM defiende el derecho a la libertad de expresión y crítica a las resoluciones judiciales, pero critica que un miembro del Ejecutivo acuse veladamente a un juez de prevaricar, lo cual consideran inaceptable en un Estado de Derecho. Además, condenan el ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes ostentan altas responsabilidades políticas, ya que socava la confianza en el Poder Judicial y los pilares del Estado de derecho.
Por otro lado, los jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también condenan los ataques a García-Castellón, señalando que señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía. Asimismo, rechazan equiparar los tiempos de la Justicia con los de la política y exigen respeto al Poder Ejecutivo.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que los jueces respaldan a García-Castellón tras recibir ataques políticos. En noviembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial admitió a trámite su solicitud de amparo por las declaraciones realizadas por varios responsables políticos. En dichas declaraciones se cuestionaba la imparcialidad del juez en relación con asuntos políticos, lo que llevó al magistrado a solicitar amparo tanto al CGPJ como a la Fiscalía General del Estado.
La imparcialidad del juez Castellón a la hora de considerar a Puigdemont responsable de delitos de terrorismo choca frontalmente con la conveniencias de Sánchez para mantenerse a toda costa en un poder tóxico propio de un traidor sin escrúpulos. Afortunadamente, a pesar del intervencionismo, cada vez hay más ciudadanos que piensan que el lugar que corresponde al psicópata es el banquillo de los acusados. Jueces que no son de la sucia cuerda sectaria de Conde Pumpido, incluidos.
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