La función del Ejército en España: Salvaguardar la Constitución y el Estado de Derecho. Por Editor

No nos gusta escucharlo porque corrobora la anormalidad incrementada que vivimos en España desde hace cinco años, pero es inevitable advertir que la opinión pública se pregunta por la postura del Ejército en estos momentos tan delicados e irregulares nunca vistos durante 40 años. En una democracia consolidada como España, la separación de poderes es fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho. El sistema democrático se basa en la premisa de que cada rama del gobierno -legislativa, ejecutiva y judicial- actúa dentro de los límites establecidos por la Constitución para garantizar el respeto a los derechos individuales y las libertades civiles. En este contexto, el papel del Ejército es crucial, pero también delicado, cuando los gobernantes no cumplen con su deber de proteger la Constitución y el Estado de Derecho. No puede ponerse en la tesitura elemental de la salvaguarda de un país a quienes tienen el deber de garantizar los compromisos democráticos adquiridos durante décadas. Cuando eso sucede es que existe una irregularidad que alerta de riesgos inherentes a las propias bases estamentales que deben resultar inamovibles so riesgo de desintegración absoluta.

En España, como en muchas democracias, las Fuerzas Armadas están sujetas a la autoridad civil y son apolíticas. El artículo 8 de la Constitución Española establece que «las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Esto significa que el Ejército tiene la responsabilidad de proteger la Constitución y el Estado de Derecho, pero lo hace de manera subordinada al poder civil y democrático siendo su papel meramente representativo.

El Ejército español tiene un deber fundamental de lealtad constitucional. Esto significa que, en cualquier circunstancia, debe mantenerse fiel a la Constitución y al gobierno civil elegido democráticamente. El respeto a la autoridad civil es un pilar central de cualquier democracia y garantiza la estabilidad política y la protección de las libertades individuales. Su representatividad es un constatación de la normalidad cuando se halla en el discreto segundo plano de la observación y salvaguarda de los ciudadanos.

Esa normalidad representativa es también función de los gobernantes democráticamente electos que tienen la responsabilidad primaria de proteger y defender la Constitución y el Estado de Derecho. Sin embargo, cuando no cumplen con este deber, socavan los fundamentos de la democracia. En situaciones excepcionales en las que los gobernantes violan de manera flagrante y sistemática la Constitución y el Estado de Derecho, el Ejército podría enfrentarse a un delicado dilema ético.

El dilema ético del Ejército per se

Todos el mundo ha advertido que Pedro Sánchez no hace política dentro de los límites de la Ley que nos competen a todos, sino que traspasa esos límites procurando trampear los arbitrajes naturales e implícitos del Estado de Derecho. El Ejército se enfrenta a un dilema ético cuando los gobernantes no cumplen su deber de proteger la Constitución y este Estado de Derecho. No cabe otra interpretación que la normativa sin ambages porque la ley flexible tiende a ser irresponsable en su función de arbitraje que queda anulado bajo la influencia del sectarismo político. Por un lado, el deber principal de las Fuerzas Armadas es la lealtad constitucional, lo que significa que no pueden intervenir en la política de manera arbitraria. Por otro lado, si la situación se vuelve insostenible y se producen violaciones graves y persistentes de la Constitución, el Ejército podría sentir la responsabilidad de intervenir para restablecer el orden constitucional. Y no se habla de España sino de todos los países civilizados que predisponen la defensa de una nación mediante los actores garantes e intervinientes del orden que posibilita la evolución y el verdadero progreso de la convivencia en libertad.

No puede existir un desentendimiento entre los gobiernos y el Ejército como estamento fundamental de la defensa. Es crucial que tanto los gobernantes como el Ejército actúen con prudencia y busquen soluciones pacíficas y democráticas en momentos de crisis constitucional. El diálogo y la negociación son esenciales para resolver conflictos políticos sin recurrir a medidas extremas. Así lo contemplan los ejércitos de todo el mundo en el cumplimiento del rol de la defensa en sus respectivas naciones. Todo lo demás pertenece a un relativismo que condiciona las beligerancias cuando no se cumplen los deberes constitucionales ni las leyes que rigen la paz social.

El papel del Ejército en una democracia es defender la Constitución y el Estado de Derecho, pero siempre subordinado a la autoridad civil. Cuando los gobernantes no cumplen con su deber de proteger estos principios, el Ejército se enfrenta a un dilema ético. En última instancia, la preservación de la democracia y el Estado de Derecho en España dependerán del compromiso de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto para respetar y defender la Constitución. La Historia ha demostrado que la democracia y el Estado de Derecho son frágiles, y su protección requiere vigilancia constante y un compromiso inquebrantable. E inquebrantable es una alusión a la firmeza de los propósitos para salvaguardar la democracia que tanto cuesta proteger en una España amenazada por la deriva de la una agenda política incompatible con la Constitución.

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Editor ÑTV ESPAÑA

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