El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz represalia a sus policías para que acepten un pago que disfraza las horas extras que realizan

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Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el Sindicato de Policía Local Asociada (P.L.A.) queremos denunciar el trato que están recibiendo los policías locales por parte del gobierno municipal de Torrejón de Ardoz desde hace más de un año.

Esta situación tiene su origen en un proceso de negociación del Acuerdo de Policía que se inició en noviembre de 2019, pero que la pandemia paralizó. En septiembre de 2021, el gobierno municipal, integrado todo por concejales del PP, decidió reiniciar esa negociación, con el objetivo de obtener un conjunto de horas extras de la policía local a su disposición para así utilizarles en los diversos eventos festivos, deportivos o culturales que organizan, seña de su gestión durante todos los años de gobierno en el municipio.

El conflicto surge cuando el gobierno municipal pretende obligar a los trabajadores a la realización de un exceso de jornada anual, siendo este de carácter voluntario para el trabajador, ya que no son situaciones urgentes, de catástrofe o necesidades del servicio imprevisibles. Lo que propone el gobierno municipal para obligar a los trabajadores a realizar estas horas extras es abonarles de manera anticipada la compensación económica de la realización de dicho exceso de jornada, integrando el dinero en el complemento específico de la nómina de los policías.

Este procedimiento de pago podría considerarse contrario a derecho según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, donde indica, que las cantidades económicas que recoge el complemento específico son de distinta naturaleza a la compensación por horas extras y que las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo, nunca podrán ser fijas en su cuantía, ni periódicas en su devengo, es decir, todo lo contrario a lo que propone el gobierno municipal de Torrejón de Ardoz.

Además, el gobierno municipal también pretende reasignar esas horas extras cuando un policía no pudiera realizar dicho servicio por encontrarse de baja. Este hecho podría ser interpretado como un fraude a la seguridad social ya que, durante la situación de incapacidad temporal del trabajador, es precisamente la Seguridad Social la que abona sus retribuciones.

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Una vez que CSIT UNIÓN PROFESIONAL, sindicato con mayor representación en la mesa de negociación de funcionarios del Ayuntamiento, se opone a que la Administración municipal obligue a los agentes a realizar una ampliación de jornada anual a través de estos abonos ajenos al marco normativo, el gobierno municipal inicia sus medidas de presión en octubre de 2021.

El gobierno municipal aprueba un calendario laboral para el año 2022 para la Policía local con el único apoyo del sindicato UGT, que no representa ni al 5% de la plantilla policial, sin negociarlo ni debatirlo en la mesa que corresponde. Este nuevo calendario conlleva que los policías trabajen una media de 30 días más al año respecto al que el propio gobierno municipal había propuesto para el Acuerdo de Policía.

Junto al calendario anual de 2022, aprueba también un nuevo Acuerdo-Convenio sin esperar a realizar un Acuerdo de Policía, donde figura una ampliación de jornada anual de 72 horas por policía, más horas de las que propone el gobierno municipal en el Acuerdo de Policía.

La Jefatura de Policía Local, encabezada por el Comisario Jefe, todos los días ordena realizar informes a los agentes por situaciones banales que, según la Jefatura, faltan al “decoro e imagen” como no llevar puesta la gorra en una intervención u olvidarse de encender el puente luminoso del vehículo al patrullar. En el último año se han abierto más expedientes disciplinarios a los agentes, que en los últimos 10 años.

La última medida de presión utilizada por el gobierno municipal para que los policías accedan a sus pretensiones, es una pérdida económica mensual, al bajar del grupo C1 al C2 a los policías que este mismo Ayuntamiento reclasificó en 2019 en base a la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid y vincular su reclasificación a la firma del Acuerdo de Policía que proponen, argumentando, que eso es lo que indica la sentencia del TC 17/2022, de 8 de febrero, ocultando que un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid concluye que esa sentencia no produce efectos retroactivos sobre las reclasificaciones ya efectuadas.

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El interés del gobierno municipal en obligar a sus policías a aceptar este abono que enmascara las horas extra como ampliación de jornada tiene su explicación, probablemente en que de esta manera, dicho gasto público, que ascendería anualmente A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS, ya no se encuadraría en las cuentas municipales como gastos de horas extras de personal para eventos festivos organizados por el consistorio, algo que sería difícil de argumentar para un Ayuntamiento que se encuentra intervenido por el Ministerio de Hacienda por su deuda pública.

Esta situación está teniendo graves consecuencias en la seguridad del municipio, algo que reflejan los datos facilitados por el Ministerio del Interior, donde Torrejón de Ardoz ha experimentado un aumento de la delincuencia de un 25,8 % respecto al año 2020, el mayor de todos los municipios del Corredor del Henares. La situación puede agravarse cuando el número de efectivos policiales se reduzca de manera notable: dado el malestar entre los agentes provocado por lo que denominan “persecución” por parte de la Jefatura, un gran número de policías de la plantilla ha decidido irse a otro municipio buscando permutas e incluso optando a traslados, como el proceso de movilidad ofertado por el Ayuntamiento de Madrid, donde hay apuntados más de 25 agentes de Torrejón.