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Antes de la llegada de la pandemia del Covid-19 a España, José Manuel Franco pasaba de lo más desapercibido. Todo ha cambiado, por su gestión del socialista sobre la celebración del Día Internacional de la Mujer en la capital y su luz verde a las masivas manifestaciones del 8 M, le han colocado en el foco de la polémica.
La justicia madrileña ha citado a declarar como imputado al Delegado del ejecutivo en la región, situándole así en el ojo del huracán en plena fase de desescalada.
‘No impediremos manifestaciones si cumplen las normas’
Menos de una semana antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma, Franco avaló esta y otras manifestaciones, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.
La permisividad con los actos de manifestación ha sido uno de los ragos que ha marcado su política.
El próximo 5 de junio Franco se sentará ante la jueza y nos erá el único. Fernando Talavera, Secretario General de la Delegación, José Luis Correas Ruiz, Director de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Luis María Sanz, jefe del Gabinete del Delegado del Gobierno comparecerán también ante la jueza.
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