Acabemos con la opinión y persigamos al disidente. Por Ernesto Ladrón de Guevara

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Es curioso que promulgada la Ley de Memoria “Democrática” nadie ha “piado”, ni la prensa tampoco. Es una ley profusa e intensamente inconstitucional. No cabe duda alguna, pues lamina derechos fundamentales en relación con las libertades individuales, como son la de expresión, prensa y opinión, de pensamiento, de indagación historiográfica, de cátedra, de libertad ideológica y de credo político, de asociación, y así un largo etc. Esa ley es un oxímoron en sí misma en referencia al adjetivo que emplea.

Los medios de comunicación callados como muertos, y la oposición mirando al techo como si no fuera con ellos. Esa ley es tan ajurídica que con ella cualquier administración puede arruinarte con un simple acto administrativo sin demostrar que o eres un franquista irredento o has hecho una apología concreta que sea sancionable pues no hay rango alguno objetivable de lo que traspasa el criterio de libre opinión y lo que es ensalzamiento del régimen finiquitado con la actual Constitucional, es decir el autoritario que dio paso al democrático. En conclusión: que hay una inseguridad jurídica evidente. No hay más que leerla.

Pero claro. Según Felipe González, siguiendo la estela del famoso filósofo, el señor Zapatero, a la verdad se llega por deliberación, o más exactamente, según González, la verdad no es un valor absoluto, sino relativo, y se alcanza con el voto. A mayor cantidad de votos más verdad. Es decir que va al peso, como las patatas. Y siguiendo ese relativismo nietzcheriano llegaríamos a Sartre, donde solamente existe la existencia, valga la redundancia, y no la esencia. Es decir, que al no haber verdades absolutas podríamos justificar a Hitler que alcanzó el poder por los votos, o a Mussolini, igualmente, y podríamos considerar la verdad de la bondad de tirar al abuelo por la ventana porque estorba, ya que así lo considera la mayoría. Etc.

Sánchez con la ley “democrática” ha sentenciado el fin de la España donde se alcanzó un día la reconciliación entre españoles y se abrió la etapa constitucional por consenso.

Supongo que Sánchez se identifica con la Segunda República y con Largo Caballero que anunciaba guerra si ganaba la derecha, para seguir las consignas de Stalin y lograr el levantamiento bolchevique. Y supongo que por ello estará de acuerdo con el gobierno de la II República en el exilio, y si seguimos este silogismo estará identificado con el presidente del Gobierno de la II República en el exilio; que alguien le votaría para serlo. Y continuando con este razonamiento estará de acuerdo con el que fue presidente de ese gobierno en el exilio, el señor Sánchez Albornoz. Vamos a ver lo que decía:

“Es hora de que esas dos Españas dejen de mirarse con odio como buenas enemigas, unilateralmente responsables de los males de la patria común, sin posible concordia y, a lo que creen, obligadas en interés propio y en interés de la España única, a la supresión de la facción hostil y culpable. Histórica y vitalmente ninguna está libre de responsabilidad, y vital e históricamente son complementaria. No es imposible su pacífica y jurídica convivencia. Y su doble perduración como normales proyecciones de concepciones humanas diferentes no sólo debe constituir un acicate provechoso para el necesario equilibrio vital e histórico de la España futura, es para él indispensable. ¡Hay de las dos Españas y de la España única si prolongásemos el tiempo de tragedia que hace más de un siglo las aparta, y más aún si una de ellas fuese definitivamente aniquilada! Los pueblos no avanzan en la historia en equilibrio inestable sobre una sola rueda. Cuando no es posible el libre juego de las ideas contrapuestas, al extinguirse la libertad de pensamiento, la comunidad nacional llega a ser a la postre irremediablemente infecunda.” (España un enigma histórico, tomo segundo, pg 1.386).

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No. Esta ley es una ley de secta ideológica, concebida para poner bozal en bocas de mentes no sumisas a la doctrina oficialista de la izquierda y separatistas. No es una ley democrática. Habrá que acatarla por imperativo legal, pero no es una ley justa. Tenemos derecho a pensar, a buscar la verdad y a expresarla. Es una de las dos Españas que persigue eliminar a la otra. Y eso no es ni constitucional ni justo.

Precisamente una víctima de aquella guerra incívica que fue la española del 36, asesinado por las hordas rojas por el simple hecho de pensar y escribir, D. Ramiro de Maeztu, decía… “Lo probable es que los pueblos de Occidente se sacudan eta tiranía del Estado antes de dejar que los aplaste. No sé como lo harán. En tanto que la posesión del Poder público permita a los gobernantes repartir destinos a capricho entre sus amigos y electores, y acribillar a impuestos y gabelas a los enemigos y neutrales, no es muy probable que los pueblos hispánicos disfruten de interior tranquilidad, ni mucho menos que la Hispanidad llegue a dotarse de su órgano jurídico, porque cada uno de sus pueblos defenderá los privilegios de su soberanía con uñas y con dientes. Es seguro que mientras no se encuentre la manera de cambiar de un modo radical la situación, se irá acentuando la tiranía y el coste del Estado, y a medida que disminuyen los estímulos que retienen a parte de las clases directoras en el comercio y en la industria, llegará momento en que no habrá más aspiración que la de ser empleado público. Pero este tipo de Estado ha de quebrar, lo mismo en América que en Europa, no sólo porque los pueblos no pueden soportarlo, sino porque carece de justificación ideal. Es un Estado explotador, más que rector» (La Hispanidad en crisis, 1934).

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Quizás ese es el estado de la cuestión, no la cuestión del Estado. Y, por tanto, esa sería la única razón del ser actual de la política, pero no… la preocupación de esta satrapía es cómo acallar las voces discordantes. Y eso no es lo aceptable.

Yo recomendaría que en lugar de amenazar con multas de hasta 150.000 euros, constituyeran un gabinete de censura que filtre toda publicación o emisión de opinión. Les aseguro que funcionaba muy bien en el Régimen anterior. Y se retire esa publicación u opinión. Así sabríamos las reglas de juego del Régimen y no nos llevaríamos sorpresas.