Cuando la memoria instituída se convierte en ataque al pensamiento libre y a la verdad objetiva. Por Ernesto Ladrón de Guevara

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Más que para un artículo, el tema que nos ocupa en este texto-documento daría para un libro. Yo creo que más que comentarlo lo que corresponde es que el lector, de manera autónoma y no condicionada saque sus conclusiones. Por eso lo transcribo literalmente.

En el primer documento se transcribe expresamente el documento elaborado por D. Laureano Benítez, y en el segundo la respuesta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, D. Fernando Martínez López.

Yo no voy a hacer valoraciones pues todo está dicho en ambos documentos, en un caso y en el otro. Valoren ustedes, señores lectores, dónde está la verdad y el problema de manipular la historia de forma torticera y llevarla al huerto de una ideología sectaria y tergiversadora de la realidad, condicionando la libertad de pensamiento de la gente y la búsqueda de la objetividad, para hacer una interpretación únicamente ideológica e impedir que el resto de los mortales pensemos por nosotros mismos.

“[…] Presenta el siguiente requerimiento a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con el fin de solicitar la retirada de las estatuas que tienen en los Nuevos Ministerios de Madrid los políticos de la Segunda República INDALECIO PRIETO TUERO y FRANCISCO LARGO CABALLERO, de acuerdo con la legalidad vigente sobre memoria histórica, en pro de la concordia entre españoles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP), en referencia a:

la Resolución 1481 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de enero de 2006, sobre la necesidad de una condena internacional de los crímenes de los regímenes comunistas ;
la Declaración de Praga sobre la Conciencia Europea y el comunismo adoptada el 3 de junio de 2008;
la Declaración conjunta realizada el 23 de agosto de 2018 por representantes del Gobierno de los Estados miembros en Conmemoración de las Víctimas del comunismo.

Recuerda que en el régimen comunista también se cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones que fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad,

Por lo cual se pide a todos los Estados miembros de la Unión que hagan una evaluación clara, y basada en principios, de los crímenes y de los actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas, condenando toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión.

Durante la II República en España, comunistas adscritos al estalinismo condenado por la UE y responsables gubernativos ordenaron y/o cometieron asesinatos en masa, y de manera sistemática fueron asesinados por motivos religiosos:

– 13 obispos (Nieto, de Siguenza; Huix, de Lérida; Laplana, de Cuenca; Asensio, de Barbastro; Serra, de Segorbe; Basulto, de Jaén; Borras, de Tarragona; Estanaga, de Ciudad Real; Ventaja, de Almería; Medina, de Guadix; Irurita, de Barcelona; Ponce, de Orihuela; y Polanco, de Teruel).

– 4.184 miembros del clero secular, seminaristas incluidos.

– 2.365 religiosos.

– 283 monjas.

Cifras a las que hay que añadir los miles de personas laicas igualmente asesinadas por motivos religiosos, con lo cual la cifra de víctimas del genocidio católico se sitúa en torno a las 10.000.

A estas cifras hay que sumar las víctimas que fueron asesinadas por motivos políticos, y por otras motivaciones ―ajuste de cuentas, incautaciones, etc.―. Sobre los crímenes producidos durante la Guerra Civil española en la autodenominada zona roja (comunista), existe numerosa bibliografía con listado de víctimas incluido, con estimaciones que oscilan entre los 60.000 y 75.000 ciudadanos asesinados, resultando imposible determinar una cifra exacta.

Solamente en Madrid fueron asesinadas por el Frente Popular unas 17.000 personas (sólo en noviembre de 1936, 9.775 personas), siendo constantes “las sacas”, crímenes y juicios sumarísimos sin las debidas garantías, en las centenares de “Checas” repartidas por la capital, durante la contienda civil, en contra de toda legitimidad.

Personajes como Dolores Ibárruri (conocida como “La Pasionaria”), Indalecio Prieto ―creador del Servicio de Información Militar (SIM), responsable de las Checas―, Largo Caballero (apodado “el Lenin español”, organizador de la revolución comunista de 1934, e instigador de la Guerra Civil), Lluis Companys (responsable de más de 8.000 asesinatos en Cataluña, la mayoría de católicos), Juan Negrín, Santiago Carrillo (responsable de la masacre de Paracuellos del Jarama)…, todos asesinos confesos, conservan hoy calles y monumentos en contra de lo que establece la Unión Europea, para escarnio, dolor y humillación de los familiares de muchas de sus víctimas, que no ven respetados sus derechos ni su memoria.

La perpetuación en los espacios públicos de estatuas, placas conmemorativas, rótulos de calles, etc. de personas responsables de muchos delitos contra los derechos humanos, aparte de incumplir la normativa europea, incumple igualmente la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), en su artículo 2 (apartados 1 y 2) en el cual se «declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil», apartado en el que hay que incluir consiguientemente las víctimas que padecieron persecución por parte de grupos adscritos al Frente Popular debido a sus ideas políticas conservadoras o a su práctica religiosa, persecución en cuya dirección destacaron las personas antes mencionadas, las cuales, además de ordenar y/o amparar la represión, hicieron claros llamamientos para provocar la Guerra Civil, como fue el caso de Largo Caballero e Indalecio Prieto.

La supresión de todos los vestigios que hacen referencia a las personas implicadas en la represión por parte del Frente Popular es un imperativo legal para respetar la memoria de los represaliados y sus descendientes, que serán por tanto acreedores a las indemnizaciones y reconocimientos que marca la citada Ley de Memoria Histórica, sin que proceda discriminar a estas víctimas por el motivo de pertenecer al bando vencedor. La retirada de toda simbología comunista de nuestros espacios públicos se debe entender «como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar» (Artículo 2, 1), evitando así la humillación de quienes fueron represaliados por la República y el Frente Popular.

Asimismo, en el Artículo 15 (Símbolos y monumentos públicos, apartado 1), se afirma que «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil…»). En este sentido, la permanencia en nuestros espacios públicos de homenajes y reconocimientos a un conjunto de personas pertenecientes al Frente Popular que alentaron y promovieron el desencadenamiento de la contienda y la represión de víctimas inocentes es un hecho que atenta contra el ordenamiento jurídico de la citada Ley, por lo cual deben ser exonerados de los espacios públicos.

Siguiendo la normativa de la resolución europea, y de acuerdo con los artículos ya citados de la Ley de Memoria Histórica de 2007, solicitamos la retirada de todos los reconocimientos y honores que homenajean los políticos de la Segunda República Indalecio Prieto Tuero y Francisco Largo Caballero que hay en este municipio, por los motivos que se explican seguidamente:

INDALECIO PRIETO TUERO fue un político español del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), titular de las carteras ministeriales de Hacienda, Obras Públicas, Marina y Aire, y Defensa Nacional durante la Segunda República. Exiliado en México tras la derrota republicana en la Guerra Civil española, desempeñó la presidencia del PSOE entre 1948 y 1951.

El historial delictivo de este político socialista es amplísimo, y está lo suficientemente documentado, lo cual le hace completamente indigno de recibir honres y homenajes en los espacios públicos de nuestras ciudades:

Indalecio Prieto jugó un papel destacado en la huelga general revolucionaria que se desencadenó el 13 de agosto de 1917, al igual que Largo Caballero y la Pasionaria, por lo cual se vio obligado a huir a Francia, de donde volvió en abril de 1918, después de haber sido elegido diputado.

Participó asimismo en el complot golpista del pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, que tenía el objetivo de derribar la Monarquía.

Es de hacer notar que Prieto se abstuvo de votar a favor del artículo que permitía el sufragio femenino en los debates de redacción de la Constitución española de 1931, diciendo que el voto de las mujeres «era una puñalada para la República».

Pero donde más desahogó su actividad golpista fue en la preparación del golpe de estado de octubre 1934, del cual fue su verdadero cerebro y promotor. Ideó el «putsch» a lo Dollfuss con el que, imitando el golpe nazi en Viena, quería eliminar a los gobernantes legítimos. El objetivo del golpe de Estado era implantar en España una dictadura marxista de estilo soviético.

El golpe llevaba fue organizado por Indalecio Prieto, ya que él fue el que se encargó de la provisión de armas a los sublevados, los cuales se levantaron contra el Gobierno legítimo de la República y causaron centenares de muertos.

Formó un grupo de pistoleros guardaespaldas, «la Motorizada», que sembró el terror durante la repetición de las elecciones en Cuenca, deteniendo arbitrariamente a personas de derechas para impedirles votar. Fueron sus guardaespaldas y policías ligados a él quienes organizaron el secuestro y realizaron materialmente el asesinato de José Calvo Sotelo, el líder del partido monárquico «Renovación Española», en la madrugada del 13 de julio de 1936.

Prieto creó y organizó el siniestro Servicio de Información militar (SIM), policía política, a sugerencia de Orlof, el representante del NKVD soviético, a imagen y semejanza de ésta. El SIM practicó una feroz represión contra los adversarios de la izquierda, y contra los mismos miembros de las agrupaciones marxistas, ejecutando auténticas purgas al estilo de Stalin. El SIM también creó y dirigió las checas, las cárceles donde la tortura y el asesinato fueron la apoteosis de lo que se llamó el «Terror Rojo».

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Indalecio Prieto también jugó un papel destacado en lo que puede considerarse como el mayor expolio cultural y económico de nuestra historia, que consistió en una cesión de todas la reservas de oro del banco de España ―que en aquellos días eran las cuartas del mundo― a la Unión Soviética, en lo que se conoce como el «oro de Moscú». Aparte de este latrocinio, también saqueó tesoros artísticos, cajas privadas de los bancos, e incluso los ahorros del Monte de Piedad, expolio que, embarcado en el yate «Vita», fue enviado a México, donde Prieto se hizo con estos tesoros en detrimento de Juan Negrín,

En teoría, los tesoros expoliados debían servir para ayudar a los refugiados republicanos en México (JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), pero en su mayor parte se destinó al uso personal de Indalecio Prieto.

FRANCISCO LARGO CABALLERO fue un sindicalista y político marxista español, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión Gneral de Trabajadores. Durante la Segunda República Española fue ministro de Trabajo (1931–1933) durante su primer bienio, y presidente del Consejo de Ministros (1936–1937) ya durante la Guerra Civil.

Largo Caballero cuenta con un homenaje en Madrid, a pesar de que hay abundante documentación que demuestra que su actividad política fue golpista, tendente a establecer en España una dictadura marxista de corte soviético, igual que la que ha sido condenada por el Parlamento Europeo en su resolución de 19 de septiembre de 2019. Asimismo, proclamó constantemente la necesidad de recurrir a la violencia armada para destruir la legalidad republicana, confesando sin pudor que no era demócrata, y que deseaba destruir el orden establecido para instaurar la dictadura del proletariado.

En efecto, Largo Caballero intervino muy activamente en todos los golpes de Estado contra la legalidad ―monárquica y republicana― que se desarrollaron entre 1917 y 1936:

― La huelga general de 1917 ―«una de las páginas más gloriosas del proletariado español», según Largo Caballero―, en la que Largo Caballero tuvo un importante protagonismo, que le llevaría al año siguiente a ocupar el cargo de secretario general de la Unión General de Trabajadores. El comité de huelga socialista ―donde estaba Largo Caballero― afirmó en su manifiesto que la huelga no cesaría «hasta no haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen». Es decir, que la huelga era política, y buscaba tumbar la Monarquía.

― El «Pacto de San Sebastián»: Largo Caballero participó activamente en el llamado «Pacto de San Sebastián», promovido por la Alianza Republicana, reunión celebrada el 17 de agosto de 1930, a la que asistieron representantes de todos los partidos republicanos, en la cual se acordó una estrategia para derribar la monarquía y proclamar la Segunda República. En octubre de 1930 se incorporaron a la conspiración golpista el PSOE y la UGT.

― Tras las elecciones de 1933, en las que triunfaron las derechas abrumadoramente, las izquierdas amenazaron con una revolución en el caso de que Alcalá-Zamora incluyese en el Gobierno a algún ministro de la CEDA. En esta maniobra totalmente antidemocrática jugó un papel protagonista Largo Caballero, en su condición de líder del PSOE y de la UGT. Estamos, pues, ante un auténtico golpe de Estado.

― Golpe de Estado de octubre de 1934: Según declaró entonces Largo Caballero, «La suerte está echada, el Partido y la Unión General ya están de acuerdo en organizar un movimiento revolucionario con un programa concreto al objeto de salir al frente de manejos reaccionarios». El PSOE y la UGT ―liderados ambos por Largo Caballero― fueron los organizadores de la revolución golpista, en la que participó decisivamente también Indalecio Prieto.

Elevado a la Presidencia del Gobierno en septiembre de 1936, su historial no se limitó a tolerar atrocidades y a convertir la España republicana en un satélite de la URSS. Una de las primeras decisiones de Largo Caballero como primer ministro fue enviar 510 toneladas de oro del Banco de España a Moscú, el 72,6% de las reservas de ese banco..

Bajo su mandato también se hicieron fuertes en la zona roja tanto los comunistas del PCE como los agentes enviados por Stalin, multiplicándose las chekas, centros de tortura y ejecución. Él mismo entabló contacto con el dictador soviético, dejando las riendas políticas y financieras del bando rojo en manos de Arthur Stashevsky, agregado comercial de la URSS.

En los discursos pronunciados por Largo Caballero a partir de 1932 se demuestra sin lugar a dudas que hacía un llamamiento a la violencia revolucionaria, y a la necesidad de provocar una Guerra Civil para acabar con lo que él llama la «República burguesa».

«Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos»…

«Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución… tendremos que conquistarlo de otra manera […] Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista».

«Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder».

«Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos».

«La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la Revolución».

«No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo? (Una voz en el público: ‘Como en Rusia’). No nos asusta eso. Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente (Gran ovación). Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas.

«No creemos en la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos en la libertad».

«Lo primero que tendremos que hacer es desarmar al capitalismo… El comunismo es la evolución natural del socialismo, su última y definitiva etapa… Si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil».

Por todo lo expuesto, vista la actividad antidemocrática de estos dos políticos republicanos, un Estado democrático no solo no puede amparar a Indalecio Prieto Tuero y Francisco Largo Caballero, que conspiraron para implantar en España una dictadura comunista, rindiéndole homenajes y honores, sino que debe borrar su memoria de nuestros espacios públicos, pues su actividad política jamás fue democrática, sino totalitaria, violando los derechos humanos.

Por lo expuesto, se solicita a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que eleve a la mayor brevedad posible al Gobierno de España un informe preceptivo donde se solicite la retirada inmediata de las estatuas que esos políticos totalitarios tienen en Madrid, por vulnerar la legalidad vigente, en cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 citada en la parte expositiva de la presente moción, y de los artículos citados de la Ley de Memoria Histórica 52/2007”

RESPUESTA…

“Estimado D. Laureano

Contestamos a su escrito de fecha 8 de mayo de 2022, en el que solicita la retirada de

estatuas de Indalecio Prieto Tuero y Francisco Largo Caballero.

En relación con el asunto planteado, debe indicarse que efectivamente el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, establece que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

De la dicción literal del mismo es fácil entender que el reconocimiento u homenaje a representantes de un gobierno legítimo, como las figuras señaladas, que actuaron en favor del orden constitucionalmente establecido y fueron garantes, por tanto, de la legalidad democrática frente al golpe de Estado de Franco y del ejército sublevado, nada tienen que ver con la exaltación de dicha sublevación que provocó la Guerra Civil

y, mucho menos, de la dictadura de la que fueron víctimas.

En cuanto a la referencia a la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, es pertinente compartir plenamente la importancia la condena de todos los totalitarismos, y en el mismo sentido lo que expresa respecto al hecho de que las fuerzas políticas extremistas y xenófobas en Europa recurran cada vez más a la distorsión de los hechos históricos y utilicen símbolos y retóricas que evocan aspectos de la propaganda totalitaria, como el racismo, el antisemitismo y el odio hacia las minorías sexuales. Por ello, en garantía de los principios y directrices de la citada Resolución del Parlamento europeo, no se puede incurrir en una interpretación torticera de la misma ni en un ejercicio de revisionismo histórico con fines espurios.

Unas interpretaciones que fueron incluso rechazadas de manera expresa por el propio

presidente del Parlamento Europeo quien puso de manifiesto sin ningún lugar a dudas que es una falsificación de la historia afirmar que los partidos que apoyaron al gobierno de la República destruyeron la democracia y las libertades, así como que el Gobierno de la República española, legítimo, constitucional y democráticamente escogido fue derribado por un golpe de estado, y que el régimen franquista practicó la persecución y la eliminación sistemática de los adversarios políticos.

Es en base a estas razones por las que no procede atender lo solicitado.

Atentamente,”