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El espectáculo con luz y taquígrafos que ofrecieron desde el Congreso de los Diputados con el pucherazo de la aprobación de la mal llamada reforma laboral fue un atentado contra el estado de derecho y una vergüenza sin posible discusión. La reforma laboral que aprobó el gobierno de Rajoy fue lo único medianamente bueno que hizo ese ejecutivo, dinamizó el mercado de trabajo creando empleo. Esta «reformita» de estos supone volver a meter a las mafias sindicales en las dinámicas de los convenios colectivos para seguir medrando. Estamos en un momento gravísimo económicamente y, por tanto, laboral.
Esta gentuza que está hundiendo España vive solo de propaganda. Una propaganda que sirve para enriquecerse ellos y acabar poco a poco con la clase media que es la que realmente genera riqueza. Estos dirigentes de repente suben a mil euros el salario mínimo interprofesional y lo venden como un avance en el bienestar del ciudadano, pero no cuentan que esa subida va a penalizar tanto a las mujeres como a los jóvenes y que, por tanto, va a generar unas pérdidas importantes de puestos de trabajo. Es una medida populista y una barbaridad con consecuencias que, aunque nos intenten maquillar pronto veremos. En lugar de fomentar el empleo privado. En lugar de bajar impuestos y cuidar a las pequeñas y medianas empresas, suben las cotizaciones a los autónomos poniendo en grave peligro la continuidad de muchos de ellos que no pueden soportar el cerco impositivo impuesto por estos indocumentados.
No sirve que nos vendan empleo público para maquillar una ruina que cada vez es más difícil de ocultar. Ya no sirve porque sacar a relucir estadísticas de empleo público es un fraude y un engaño a los ciudadanos. En una administración del estado multiplicada por diecisiete e hipertrofiada, crear empleo público es acumular grasa y engordar un gasto que no sirve para crear riqueza y sí para engañar a una opinión ciudadana que no reacciona con nada. Este país está en bancarrota. El estado que subvenciona políticas de igualdad y de leyes LGTBI ha recortado las subvenciones MUFACE y se les ha olvidado pagar el gasto generado por la pandemia, como consecuencia las compañías sanitarias privadas han decidido recortar cuadros médicos, centros y especialidades tan importantes como la oncología. ¿Cuántos funcionarios de MUFACE son votantes de esta gentuza?
Tienen una guerra abierta contra la sanidad privada y quieren destruirla como han destruido una seguridad social insostenible por una gestión demencial. Estamos aquí y este es el panorama que tenemos. El barco está a la deriva y no se ve a nadie que con arrojo dé un golpe de timón para acabar de una vez con esta angustiosa situación.
Autor
- Nace en Madrid en 1958. Estudia en Los Escolapios de San Antón. Falangista. Ha publicado 4 libros de relatos. Apasionado del cine y la lectura. Colaborar en este medio lo considera un honor.
