La patata caliente de Sánchez. Por Luis Baile

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A Alberto Núñez Feijoo le está cayendo la del pulpo a cuenta de la postura adoptada por su partido ante la jugada a dos bandas con la que Sánchez y compañía pretenden controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC). A don Alberto estas cosas le pasan porque su partido, cuando pudo, no cambió las leyes que debió mudar, y no lo hizo porque tampoco le convino, aceptó pulpo como animal de compañía. Ahora le toca asumir las consecuencias de aquellas decisiones y tirar para adelante como pueda, pero debe tener en cuenta que hay mucha gente que no olvida las decepciones de pasadas legislaturas con mayoría absoluta del PP. Tendrá que dejar las cosas claras, diáfanas y negro sobre blanco.

El actual inquilino de La Moncloa tiene mucha prisa por lograr el control del TC. Es comprensibles, porque del trabajo que le hagan sus peones en ese tribunal, depende el apoyo de ERC y otros grupos parásitos a los muy cuestionados presupuestos del 2023. Lo del indulto de Griñán y otras cuestiones menores no le preocupan demasiado, hará lo que le plazca, como buen autócrata que es. Pero lo del TC es diferente, en ese tribunal hay unas cuantas leyes recurridas, atascadas desde hace años, como por ejemplo la del aborto, o un recurso a la resolución del Tribunal Supremo (TS) apoyando la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sobre las que le gustaría ver una sentencia positiva cuanto antes. Además prevé que lleguen al TC otra serie de recursos de inconstitucionalidad contra algunas de las infumables leyes de carácter sectario, impregnadas de ideología identitaria, cuando no de mentira y falta de respeto por la historia. Para todo ello necesita urgentemente colocar a sus peones y en esa batalla está.

La posibilidad de que Sánchez pierda las siguientes elecciones, le está llevando al intento, casi desesperado, por asegurar el control sobre el CGPJ y el TC, para una vez asegurada du “obra”, sin oposición del Poder Judicial o del TC, minar el camino a su sucesor. Porque, en el caso de que no consiga perpetuarse en el poder, al que le toque la patata caliente de formar un nuevo gobierno se lo va a poner difícil, con la colaboración de los subvencionados sindicatos, la fiel aportación de las diversas mareas, los entregados medios de adoctrinamiento y el control del Poder Judicial.

Si se produjera el hecho de que don Alberto ganara las elecciones se le iban a helar las pocas sonrisas que prodiga y tendrá que dedicar, al menos, la mitad de la legislatura, a ver como sortea o modifica algunas leyes que ya habrán tenido el “plácet” del TC y, posiblemente, con un CGPJ con mayoría de vocales colocados por el PSOE y sus socios controlando sus movimientos.

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Siempre que ha llegado el PP al gobierno ha pecado de exceso de complejos ideológicos y morales, de estúpido compadreo con los nacionalismos centrífugos, de seguir dilapidando dinero público en subvenciones absolutamente prescindibles y de mantener, sin la más mínima modificación, las leyes más controvertidas de nuestro cuerpo legislativo, como por ejemplo la ley electoral, o la del CGPJ. El PP no ha sabido acabar con esa estupidez de la supuesta “superioridad moral de la izquierda”.

Ahora, como he dicho al empezar, le están poniendo a caer de un burro por bloquear la renovación del CGPJ, cosa que viene de lejos y que no es únicamente responsabilidad de su partido. Pero claro, no puede pasar silbando y mirando para otro lado, porque el PP ha mantenido este viciado sistema de elección de vocales del CGPJ. Recuérdese que el Artículo 122.3 de la Constitución Española[1] (CE) determina que los vocales de procedencia judicial serán designados según se establezca en la correspondiente ley orgánica. La primera ley que estableció la manera de designar a esos vocales fue la LO 1/1980 del CGPJ, de 10 de enero, que fijaba en su artículo duodécimo que “Los Vocales del Consejo General de procedencia judicial serán elegidos por todos los Jueces y Magistrados que se encuentren en servicio activo”, situación que confería al CGPJ un carácter suficientemente independiente de los otros dos poderes del Estado. Quizás por esa razón, gobernando ya el PSOE, esta LO fue derogada por la LO 6/1985, de 1 de julio por la que, según el artículo 112.3[2], “cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros seis Vocales elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo”. El PSOE de Felipe y Guerra, ya entonces, empezó a pasarse por el arco del triunfo la separación de los poderes del Estado, pero ni con las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy han movido ficha los del PP. Quizás también les venía bien esa situación y miraban para otro lado cuando alguien reclamaba la “dichosa separación de poderes” del molesto Montesquieu.

En el supuesto caso de que Núñez Feijóo consiga gobernar, en solitario, o acompañado, después de las siguientes elecciones legislativas, debería acordarse de los malos ratos que le están haciendo pasar ahora a cuenta de este tema y debería volver al espíritu de la LO 1/1980 del CGPJ, de 10 de enero, en lo que se refiere a la elección de los vocales de procedencia judicial de dicho consejo. El PP debe sacudirse los complejos que le han venido y ponerse el mundo por montera, como en su día lo hizo el PSOE cuando decretó la muerte de Montesquieu. Seguramente descubrirá que además, de esa manera, es mucho más fácil renovar los cargos del CGPJ.

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Y, si cogen carrerilla, superan sus complejos y, por fin, se dan cuenta de que lo de la superioridad moral de la izquierda es una puñetera y burda mentira, deberían acometer la tarea de derogar o modificar todas esas leyes que, durante esta legislatura, se han promulgado o están a punto de serlo, y que constituyen el núcleo del método con el que pretenden la división y el enfrentamiento social general, camino que estos personajes tienen bien aprendido para perpetuarse en el poder.

Desde esa injusta, sectaria y falaz ley de Memoria Democrática, hasta la ley “trans” que permitirá que, a una persona que por su edad no le dejamos comprar tabaco, pueda cambiar de sexo sin la autorización de sus padres ni la intervención previa de los profesionales adecuados para estos procesos, pasando por la ley electoral, o por la rebaja del delito de sedición de un Código Penal de autor deberían ser derogadas o modificadas en el caso de que ustedes llagasen al gobierno. Ya veremos si se atreven. Yo no lo tengo claro, ni siquiera en el caso de una posible coalición con VOX, porque me da la sensación de que este catalizador político tiene los componentes algo alterados y posiblemente no tenga ya la capacidad de acelerador de reacciones que se le suponía.

[1] “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.”

[2] “…Además, cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros seis Vocales elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo”.