Camino de servidumbre (I): control del poder judicial y creación de redes clientelares. Por Por Rafael García Alonso

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Todos los gobiernos cuya objetivo final es la instauración de un régimen totalitario no recurren en sus etapas iniciales a la violencia explícita, ya que ello provocaría un intenso rechazo por parte de la ciudadanía, sino que utilizan diferentes y más sutiles métodos de control de masas, cuyo propósito es establecer la hegemonía del propio relato y acallar las voces disidentes. En consonancia con esta forma de proceder, desde su llegada al poder la coalición socialcomunista no ha dudado en utilizar medios de diversa índole para posibilitar el desarrollo de su despótico proyecto.

Obviamente, uno de los principales instrumentos liberticidas utilizados por el Poder Ejecutivo es el control del Poder Judicial, ya que ello supone para los gobernantes la posibilidad de ejercer una coerción legal sobre la población mediante la promulgación de leyes ideológicas que obligan a la ciudadanía a someterse a sus distópicos planteamientos, sin que aquellos llamados a impartir justicia puedan hacer nada por evitarlo, a pesar de que el nuevo edificio legislativo suponga de iure y de facto un recorte de derechos y libertades individuales.

En esta línea de actuación se enmarcó el nombramiento por parte de Pedro Sánchez de la que fue su exministra de Justicia y por tanto persona afín, la socialista Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, ya que ello venía a reflejar la pretensión del Ejecutivo socialcomunista de poner a su servicio al Poder Judicial mediante la limitación de su independencia. En consonancia con este planteamiento, desde su nombramiento al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), D. Delgado no ha hecho otra cosa que plegarse a los intereses del psicópata monclovita y sus adláteres comunistas, de tal forma que los escándalos han sido la tónica dominante de su mandato. De particular gravedad resultan los audios que han salido a la luz pública, en los que se puede escuchar como D. Delgado le comenta al excomisario José Manuel Villarejo -acusado de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal- que ambos forman parte de un engranaje en el que cada uno debe cumplir la misión que tiene encomendada, ya que ello viene a reflejar fielmente una de esas conversaciones entre dos personajes del hampa neoyorkina, envueltos en una maldad que puede palparse en el ambiente. No es de extrañar por tanto que, debido al alto grado de corrupción instalado en el seno de la FGE, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e independiente de Fiscales hayan pedido la dimisión de D. Delgado por considerar que su actuación al frente de la fiscalía además de errática ha sido maliciosamente sectaria, dando lugar a la adulteración de múltiples causas judiciales.

A la luz de estos hechos, parece evidente que la coalición socialcomunista está llevando a cabo una calculada estrategia de demolición del “Estado de Derecho” que pasa, entre otras cuestiones, por el sometimiento del Ministerio Fiscal y la eliminación de la “separación de poderes”. Así, desde la más absoluta indefensión, estamos asistiendo a la progresiva sustitución del igualitario “Imperio de la ley” por el despótico “Imperio de la arbitrariedad impune”.

En otro orden de cosas, a partir del año 2000 y durante casi 10 años el PSOE andaluz organizó una gigantesca trama de corrupción consistente en la subvención fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, que iban destinados a personas afines al partido socialista. La estafa supuso para las arcas públicas un desfalco de más de 679 millones de euros y conllevó la condena de 19 altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía; una parte de los procesados, entre los que se encontraba el expresidente de la Junta Manuel Chaves, fueron condenados a penas de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, mientras que otra parte de los mismos, entre los que se hallaba el también expresidente de los andaluces José Antonio Griñán, fueron condenados a penas de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos.

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Dada su condición de consumado maestro del plagio, como demostró con la presentación de su tesis doctoral, Pedro Sánchez, desde su llegada a la presidencia del Gobierno, no ha hecho otra cosa que replicar la forma de actuar de los socialistas andaluces, esta vez bajo la protección del BOE, con la finalidad de crear una red clientelar que se constituye en tupida maraña de voto cautivo de sus ansias de poder.

Así, los sindicatos de clase, más conocidos en los últimos tiempos por las indecentes correrías de sus líderes que por la defensa de los trabajadores, recibirán en concepto de subvenciones directas durante este año 2022 más de 17 millones de euros, lo cual constituye más del doble de lo recibido en el año 2020. No resulta, por tanto, extraño que, después de procurar infatigablemente movilizar a la población española contra el Gobierno de Mariano Rajoy por una subida del 8% de la factura de la luz, ahora que el precio de la electricidad se ha disparado por encima del 500% y el precio de los carburantes ha sufrido un incremento de tal magnitud que ha llevado a los transportistas a una huelga indefinida, ni UGT ni CCOO han tenido ni el valor ni la dignidad de convocar una sola manifestación en contra del Gobierno de P. Sánchez. Con tal actitud, el movimiento obrerista ha demostrado los espurios intereses que impulsan la actuación de sus dirigentes sindicales, los cuales, sometidos a ese poderosos caballero que es don dinero, definitivamente han dejado de representar a la clase trabajadora para convertirse en fervientes lacayos de un Gobierno socialcomunista que ha comprado sus favores a golpe de talonario.

Más bochornoso y costoso para el erario público resulta el hecho de haber concedido más de 20.000 millones de euros a esa cueva de Alí Babá que es el Ministerio de Igualdad, para desarrollar la degenerada agenda ideológica feminazi y protransexual de una ministra como Irene Montero de cuya insolvencia moral y discapacidad intelectual es imposible dudar. Así, mientras la zona rural se va muriendo poco a poco por falta de futuro y los trabajadores, autónomos y pymes se ven asfixiados por unas políticas impositivas inaceptables, resulta que el Gobierno socialcomunista en esta tesitura no tiene otra solución que continuar con una política de gasto público desmesurado, el cual en gran parte está destinado a regar a las cientos de ONGs afines donde solo crecen las malas hierbas del sectarismo identitario, la división social y la intransigencia dogmática, en lógica correspondencia con el fanatismo ideológico en que se sustenta su razón de ser. De esta forma, todas estas organizaciones -que nacieron con la sana intención de potenciar la acción de la sociedad civil mediante la formación de asociaciones ciudadanas independientes del poder- se han convertido en sucursales gubernamentales que solo sirven como caladero de votos y albergue subvencionado de estrafalarios botarates con escaso bagaje cultural y sin otra ambición que vivir del cuento gracias al esfuerzo de los contribuyentes.

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Paralelamente, en lugar de crear las condiciones necesarias para dinamizar el mercado laboral y facilitar el acceso de los individuos a un puesto de trabajo, el Gobierno socialcomunista está utilizando un mecanismo destinado a paliar coyunturalmente situaciones de precariedad, como es el Ingreso Mínimo Vital, para mantener indefinidamente a un porcentaje cada vez mayor de la población en una situación de miseria sostenible. De esta forma se condena a buena parte de los ciudadanos a depender no de su trabajo sino de las ayudas estatales, conformándose así una nueva red clientelar de voto cautivo que en la práctica resulta ser un callejón sin salida.

En definitiva, mientras las calles se ven incendiadas por un sinfín de manifestaciones en las que millares de personas, pertenecientes a la práctica totalidad de los sectores productivos del país, reclaman la implementación de unas políticas socioeconómicas que les permitan vivir dignamente de su trabajo, este Gobierno socialcomunista, perturbadoramente bicéfalo y amenazadoramente incompetente, tan solo es capaz de aumentar de manera ineficiente las subvenciones, con la exclusiva finalidad de hacer avanzar a la ciudadanía por el camino de una siempre humillante servidumbre. Sin embargo, no todo está perdido, ya que cada día que pasa somos más los españoles que vamos cayendo en la cuenta de la patética desnudez ideológica de un presidente como P. Sánchez que camina inexorablemente hacia su ocaso.

Autor

Rafael García Alonso: Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.