¿Ilegalizar a VOX?. Por Ignacio Fernández Candela

Vox no conlleva ninguna radicalidad que no sea la reivindicación del sentido común frente a la canallesca manipulación de las problemáticas sociales. Ocupa el espacio necesario para que muchos puedan reconocerse en la legitimidad democrática que un sistema injusto les ha arrebatado. Sus sensatas manifestaciones no concitan la atención de radicales sino de ciudadanos con hogar patrio, como en cualquier lugar del mundo, en el que incluso siempre tuvieron derecho a convivencia cuantos pretenden quebrarla para conseguir ambiciones espurias y miserables, diversificadas según la ralea moral de los depredadores que las pretenden.

Fernando Sánchez Dragó hizo un llamamiento, cuando aún no había eclosionado el partido de Ortega Lara y Santiago Abascal que se postula como futurible gobierno, para que resistiesen las embestidas de la extrema demagogia impuesta en los medios afines a la manipulación goebeliana. No le faltaba razón cuando el traidor Pedro Sánchez busca justificaciones miserables para silenciarlo con la ilegalidad. Vox es un partido de tenaz resistencia, llamado a influir sobre la sociedad con la lógica de la defensa de una España triturada por la casta política socialcomunista que arrasa España. Vindica sociedad y busca garantizar los derechos constitucionales claramente vulnerados por la injerencia del sectarismo. No es casualidad que sus muchos enemigos, los insaciables buitres y serpientes del panorama político y sus adláteres, lo etiqueten de extremista no existiendo mayores extremos inmundos que muchos de sus enemigos declarados.

El cometido de reivindicar los valores inherentes al común beneficio de la totalidad no es un ejercicio de ideología ultra, sino un derecho que otros pretenden hacer pasar por pensamiento dictatorial. Y nada más lejos de la verdad porque Vox siendo el partido representativo de la defensa de España, marcha a contracorriente de la maldad justificada, del relativismo moral, la codicia y la ambición desmedida; rechaza la insensatez, el latrocinio consentido-es mucho más lo saqueado ocultamente  que lo enjuiciado- de la casta política y la invasión de una corriente de destrucción que nos obliga a no quedarnos impasibles, empezando por reivindicar, exigir con la mayor consciencia del Derecho Constitucional que nos asiste. El traidor Pedro Sánchez no podía tener mejor oposición frente a sus maniobras marrulleras y criminales de histórica alta traición.