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Basándonos en la distinción entre culpa y responsabilidad política en los ensayos independentistas de los políticos catalanes y vascos, hay que completar un aspecto de la historia presente al considerar aquellos que no son culpables del crimen político de la disgregación de la nación en Cataluña y Vascongadas con la subsiguiente ruptura social de los que no lo son.
¿Qué significa responsabilidad política en este caso? Son responsables aquellos que viven en el sistema social que permite los delitos de rebelión y sustentan dicho sistema con apoyo pasivo, al menos. En este caso, su pasividad produce un vacío político. La actitud y conducta de la mayoría de la gente está tan privatizada que existe poco espacio público organizado en el que los actores puedan exponer ante los demás sus juicios sobre los eventos, y mucho menos una acción colectiva para transformarlos que esté apoyada por las Instituciones intermedias.
Una mayoría del pueblo catalán cree en sus líderes separatistas. Juntos consienten un autoengaño masivo, y sustentar esto se convierte casi en un requisito moral para la supervivencia de la «nación catalana». La mendacidad se convierte así en parte del carácter nacional de Cataluña. La gente se convence para creer que realmente Cataluña está oprimida por España, y si no lo está, les impide un derecho fundamental como es el mal llamado derecho de autodeterminación que se encuentra a nivel de principios en el derecho Internacional. Sobre todo, creen que la supervivencia de Cataluña como País y los catalanes como pueblo están bajo amenaza y por tanto cualquier acción que la Comunidad considera necesario para sobrevivir estará justificada. Una gran mayoría acepta el lenguaje de mendacidad que las autoridades regionales propugnan para ocultar las implicaciones de los actos in-cívicos a ellos mismos y darle otro significado moral como llamar a los insultos y agresiones a los que se sienten españoles, reacciones antifascistas. Cuando Mas y Puigdemont ascendieron al ejecutivo catalán, se observaba en silencio como se cerraban los lugares de participación política y las personas eran multadas por rotular en español, por ejemplo, o por poner la Bandera de España. Contemplaron, y muchos de los catalanes con aprobación, cómo los que se sentían españoles eran discriminados por las Fuerzas de orden público.
La simple pertenencia a una nación es una acepción demasiado estática. Ser miembro de una sociedad normalmente tiene implicaciones dinámicas en cuanto a lo que cree y conoce una persona, y como se relaciona con las Instituciones de la Sociedad y con sus compatriotas. En general, una gran parte del pueblo catalán no reflexiona acerca de la operación de estas Instituciones ni en los actos perpetuados por sus funcionarios y muestran indiferencia hacia los que pudieran ser perjudicados por ello. Desalojan cualquier espacio de organización popular y pensamiento crítico, dejando aislados e inefectivos al resto de compatriotas que optan por la reflexión y la crítica.
La responsabilidad política no coincide con la pertenencia a una misma Comunidad, y así se ilustra en su propia narrativa. Todo esto representa ejemplos de responsabilidad política no asumida. Puesto que vivimos un escenario histórico y no solo en nuestras casas; no podemos evitar el imperativo de tener relaciones con acciones y eventos emprendidos por las Instituciones de esta sociedad, con frecuencia en sus nombres y con su apoyo activo o pasivo. El imperativo de la responsabilidad política consiste en observar estas instituciones, controlar sus efectos y asegurarnos que no son terriblemente perjudiciales, y mantener espacios públicos organizados donde pueda tener lugar esta observación y control, donde los ciudadanos puedan hablar públicamente y apoyarse unos a otros en sus esfuerzos para prevenir el quebranto social. En la medida en que fracasemos en esto, también fallamos en nuestra responsabilidad, aunque no hallamos cometido ningún delito y no nos puedan inculpar.
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